El Gobierno limitará la subida del gas, pero repercutirá en diferido lo no cobrado

Los españoles acogidos a la tarifa regulada de gas pueden respirar tranquilos. Hasta el 31 de marzo. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un real decreto con ocho medidas para aminorar el impacto de la subida de la energía en el bolsillo de los consumidores, entre las que recoge un tope para el recibo del gas. Lo anunció este lunes el presidente, Pedro Sánchez, y ahora se han sabido los detalles. La letra pequeña encierra una sorpresa.

Durante los próximos seis meses, Moncloa limitará el impacto de la subida de los precios de esta materia prima en la tarifa de último recurso. El incremento para el consumidor medio será del 4,6% en el último trimestre, en lugar del 29% que estaba previsto. Pero esa diferencia se tendrá que pagar más adelante. Según una nota de prensa remitida por el Ministerio de Transición Ecológica, "las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano". Es decir: lo que se ahorren ahora los consumidores se les cobrará en diferido en próximas facturas.

Preguntadas por El Confidencial, fuentes del Gobierno explican que esto se hará a través de una suerte de bolsa en la que se acumulará la deuda con las comercializadoras de último recurso. El fondo se irá vaciando previsiblemente a partir de abril, cuando estiman que los precios del gas en el mercado bajen y, por tanto, se podrá devolver el dinero adeudado a las compañías con cargo al recibo de los consumidores. Así, las comercializadoras financiarían transitoriamente la medida en un invierno en el que se espera escasez de gas y precios por las nubes, pero nunca perderían el dinero. Tampoco lo pondría el Gobierno: lo pagarían, más adelante, los ciudadanos.

En esta crisis energética, los tiempos son clave, y el Gobierno ha decidido dar una patada hacia adelante. También con otras de las medidas aprobadas este martes, muchas de ellas de carácter transitorio. La prioridad es evitar el impacto a corto plazo del actual escenario inflacionista —con las materias primas por las nubes— en el bolsillo de los ciudadanos, pero sin contravenir las regulaciones europeas que establecen las bases del modelo. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo ha resumido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Son medidas excepcionales para un momento excepcional. No se trata de que perduren en el tiempo, sino de dar una respuesta ágil". El paquete, ha prometido, permitirá una bajada media del 22% en el recibo mensual de aquí a diciembre.

Moncloa trata de neutralizar la tensión política y la alarma social causada por la subida de los precios de la luz y, sobre todo, aminorar en la medida de lo posible su impacto en el recibo, que ya es 41 euros al mes más caro que hace un año para el consumidor medio, según la asociación de consumidores Facua. El compromiso: que no supere al de 2018.

Para ello, no se discutirá el sistema marginalista de fijación de precios, pero sí se establecerán ciertas limitaciones. La primera es la minoración de los precios del gas, una medida similar a la tomada con los derechos de CO₂ —ahora en tramitación en el Congreso— y que pretende embridar los llamados 'beneficios caídos del cielo' de las compañías. El encarecimiento del gas ha provocado que los costes de producción de la energía en las centrales de ciclo combinado se hayan disparado. Estas marcan habitualmente el precio de la luz —es la fuente más cara y la última que entra en el 'mix' para colmar la demanda—, que se retribuye igual a todas las demás fuentes del régimen general, aunque sus costes de producción sean más baratos. Ahora, el Gobierno meterá la tijera sobre esos beneficios extraordinarios provocados por la subida del gas.

Moncloa espera recaudar 2.600 millones de las empresas hidroeléctricas y nucleares gracias a la minoración del gas

La cantidad llama la atención: Moncloa espera recaudar 2.600 millones de las empresas hidroeléctricas y nucleares, que son las beneficiadas por la situación, ya que las renovables tienen su propio régimen de retribución. Esta cifra se destinará a paliar el impacto sobre la factura de la luz, y se unen a los 900 millones de recaudación adicional por las subastas de derechos de emisión, que también serán inyectados en el sistema para reducir los cargos. La minoración del gas ataca directamente la cuenta de resultados de las empresas para aliviar el bolsillo del consumidor, pero solo estará en vigor hasta el 31 de marzo de 2022. A partir de ahí, el Gobierno cree que no será necesario mantenerla debido al descenso de los precios del gas. De hecho, no se aplicará en ningún caso si esta materia prima baja de los 20 euros el megavatio hora (MWh), la media del mercado ibérico desde 2017. Ribera se ha mostrado convencida de que las eléctricas aceptarán de buen grado la nueva regulación.

El Gobierno también ha aprobado medidas de carácter estructural, que se unen a otras ya tomadas anteriormente, como el fondo energético. El Ejecutivo quiere que el sistema marginalista, que tiene un peso excesivo en España respecto a otros países europeos, se complemente con otras formas de negociación que permitan abaratar y, sobre todo, estabilizar los precios. Para eso, impulsará nuevas subastas de contratos de compra a plazo. Los operadores dominantes (en estos momentos Iberdrola, Naturgy, Endesa y EDP) estarán obligados a acudir como oferentes, y los grandes consumidores industriales y comercializadores independientes podrán participar como demandantes. Este instrumento pretende aumentar la liquidez del sistema, y su resultado podrá ponderar hasta un 10% como referencia para la tarifa regulada. La primera subasta, que se celebrará antes de final de año, ofertará 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional.

El Ejecutivo prevé que las nuevas regulaciones reduzcan hasta un 96% los cargos que pagan los consumidores, de tal manera que la parte regulada de la factura de la luz pueda bajar entre un 47,2% para los hogares y un 24,5% para la gran industria a partir de este mismo septiembre. A esto hay que añadirle el impacto positivo de la menor presión fiscal.

Las medidas impositivas

Hasta ahora, el Gobierno había insistido prácticamente en exclusiva por la vía impositiva, con una rebaja del IVA desde el 21 hasta el 10%, así como con la eliminación del impuesto sobre generación eléctrica, del 7%, durante el tercer trimestre, que finalmente se prorrogará hasta el 31 de diciembre. En las medidas presentadas este martes, el Ejecutivo toca un tributo muy sensible: el impuesto de la electricidad.

Al amparo de las recomendaciones de Bruselas, rebajará el tipo desde el 5,1 hasta el 0,5%, lo que supondrá una merma en la financiación de las comunidades autónomas de unos 380 millones de aquí a final de año, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Actualmente, la recaudación está transferida a las regiones, lo que podría iniciar un nuevo litigio entre estas y la Administración central. Fuentes de Ejecutivo aclaran que analizarán su impacto en la financiación para ver si es necesario tomar medidas compensatorias.

Pese a todas estas regulaciones, el recibo seguirá siendo prohibitivo para muchas personas. La subida del precio de la electricidad, que este martes ha batido un nuevo récord al superar los 172 euros MWh, ha puesto en duda el compromiso de la coalición para acabar con la pobreza energética, una de las banderas electorales del PSOE y, sobre todo, de Unidas Podemos. Un día después de que el Ejecutivo lograse extender el escudo social en el Congreso, el Consejo de Ministros ha aprobado el llamado suministro mínimo vital, que ampliará de cuatro a seis meses el periodo de moratoria de cortes por impago. La potencia mínima de confort se situará en 3,5 kilovatios. "Es una propuesta coherente con el acuerdo de gobierno", ha enfatizado Ribera, tras recordar que otras, en alusión a los precios máximos que propuso UP, van "contra el derecho de la UE".

Por último, se reformará la ley de aguas para que las confederaciones hidrográficas puedan aplicar criterios de uso racional para proteger el medio ambiente. El objetivo es evitar situaciones como las de este verano, cuando algunas eléctricas, como Iberdrola, aprovecharon los precios elevados de la luz para vaciar embalses en el noroeste de España. Gracias a esta reforma, las cuencas podrán establecer topes de desembalse para evitar el impacto de esas prácticas.