CUATRO HIPÓTESIS Y UNA REALIDAD

Por qué los impuestos al azúcar (y al tabaco y alcohol) pueden no servir para nada

Ahora que España ha seguido el ejemplo de Cataluña y va a proponer una tasa para los refrescos azucarados, examinamos qué ha pasado en otros países y ciudades

Foto: Malos tiempos para las bebidas carbonatadas. (iStock)
Malos tiempos para las bebidas carbonatadas. (iStock)

Este viernes, el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros una serie de medidas fiscales, entre las que se encuentra la subida de los impuestos al alcohol y al tabaco, así como, por primera vez, un gravamen para las bebidas carbonatadas. De esa manera, España se une a la creciente lista de países o ciudades —desde México hasta Nueva York, pasando por Reino Unido— que han abogado por esta medida con una doble función, tanto recaudatoria como de salud pública, atendiendo a las reclamaciones de la OMS, que el pasado octubre solicitó un tributo del 20% en el precio de las bebidas azucaradas.

En nuestro país, no obstante, esta decisión parece tener una vocación más económica que social, como ha denunciado la OCU, en cuanto que se enmarca en una serie de medidas tomadas de cara a Bruselas para mostrar que se cumplirá con el techo de gasto. Sin embargo, este impuesto nace, ante todo, como una medida de salud pública: al aumentar el precio de los refrescos, ocurrirá como con el tabaco o el alcohol, y el consumo descenderá, lo que frenará la obesidad y otros problemas de salud asociados.

La OCU considera que una reducción de un 10% de los azúcares añadidos en los productos procesados sería mucho más útil

Es la idea que han defendido sus grandes promotores, entre los que se encuentra el equipo de S.W. Ng, que en el año 2011 propuso en el 'British Journal of Nutrition' un aumento del 10% en los impuestos de las bebidas azucaradas, tras analizar los datos de consumo ingleses entre 1986 y 2009, o los profesores de Yale encabezados por Kelly Brownell, que abogaron por la implantación de este impuesto como una solución para hacer frente a la incidencia creciente de las enfermedades relacionadas con la dieta y el aumento de los costes sanitarios.

El ejemplo de éxito que con mayor frecuencia se cita es el de México, que en enero del año 2014 comenzó a tasar con un 10% las bebidas carbonatadas. Una investigación publicada este pasado noviembre en 'Plos Medicine' aseguraba que esta decisión terminará por producir una significativa caída en la incidencia de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otras dolencias letales… Lo que, según los autores, también permitirá ahorrar una gran cantidad de dinero a la seguridad social pública.

No todos los investigadores están de acuerdo con esta tesis. Una de las reservas más habituales es la dificultad de valorar hasta qué punto esta medida económica impacta en los hábitos de consumo, y si no son otros factores (como, por ejemplo, la toma de conciencia por parte de la población) los que determinan el cambio. La OCU ha manifestado en este sentido que una reducción de un 10% de los azúcares añadidos en los productos procesados sería mucho más útil que este impuesto. A continuación, repasamos algunas de las hipótesis más habituales en lo que concierne a la utilidad de esta medida.

Demanda inelástica

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En román paladino, un producto con demanda inelástica es aquel cuya alteración en el precio provoca una variación muy pequeña en su demanda. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los productos de primera necesidad, como el agua o la insulina para los enfermos de diabetes, pero también con otros que estamos acostumbrados a consumir de manera habitual.

Es uno de los sectores con una mayor fidelidad a la marca, como demuestra el oligopolio de Pepsi y Coca-Cola

Es lo que sugería J.T. Winkler, de la Universidad de Cambridge, en respuesta a la tasa propuesta en Reino Unido. El economista recordaba, por ejemplo, que la subida del IVA en 1974 fue aplicada en primer lugar a las bebidas azucaradas, y, en contra de la lógica, el consumo aumentó.

Hay varias razones por las que un aumento en el precio no alterará significativamente los hábitos de consumo: para empezar, porque la oferta de estos productos facilita que se ahorre el dinero, por ejemplo, consumiendo botellas en lugar de latas, o recurriendo a tiendas más baratas debido a la dura competitividad; también porque es uno de los sectores con una mayor fidelidad a la marca, como demuestra el oligopolio de Pepsi y Coca-Cola

El precio no repercute en el consumidor

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La ciudad californiana de Berkeley fue una de las pioneras en implantar un impuesto a las bebidas azucaradas, en noviembre de 2014. ¿De verdad tiene impacto en los hábitos de los consumidores a corto plazo?, se preguntaron John Cawley y David E. Frisvold, que decidieron recorrer los supermercados de la ciudad y comprobar los precios de las latas y botellas. Sus resultados fueron publicados este mismo otoño en el 'Journal of Policy Analysis and Management': a pesar del impuesto, los precios repercutidos en el consumidor apenas se distinguían de los de otras ciudades sin esta tasa, como San Francisco. Desde luego, lo hacían en un porcentaje mucho menor del esperado: tan solo del 41% frente al calculado, que se encontraba entre el 50 y el 150%.

Ya que son los distribuidores los que pagan el impuesto, prefieren no repercutir el precio a los minoristas ni, por extensión, a los consumidores

¿Qué pasa? Muy sencillo: ya que son los distribuidores los que pagan el impuesto, prefieren no repercutir el precio a los minoristas ni, por extensión, a los consumidores, por miedo a que esto provoque una significativa reducción en las ventas. Según esta hipótesis, es preferible para el vendedor calcular cuánto puede abaratar su producto para que sea rentable en comparación con una hipotética caída de las ventas. De esa manera, el impuesto no tendría efecto en la salud del comprador, cuyos hábitos no cambiarían significativamente, y tan solo serviría para que el Estado obtuviese más ingresos.

Mercado negro

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Lo avisaba un informe publicado por el 'lobby' inglés TaxPayers's Alliance: los “impuestos del pecado”, como se conoce a menudo a estos gravámenes, favorecen la aparición de un mercado negro alternativo que provoca que cada año Hacienda pierda miles de millones. Según sus cálculos, el Tesoro inglés deja de ingresar cada año 31.000 millones de libras, alrededor de 37.000 millones de euros, por esta razón.

Cuando el impuesto a un producto de esta clase (sea azúcar, alcohol o tabaco) se dispara, termina propiciando la aparición de un mercado secundario en el cual los consumidores pueden terminar adquiriendo los mismos productos por mucho menos dinero. En este caso, la solución no es tanto la desaparición de la tasa como fijarla en un porcentaje que desanime a comerciar con productos ilegales.

Un impuesto para los pobres

¿A quién afectará más esta tasa? Probablemente, a las clases bajas, que disponen de menos recursos económicos para recurrir a otras alternativas y consumen mayores cantidades de bebidas azucaradas, como ocurre en Estados Unidos. Al igual que en otros impuestos regresivos que se cobran a toda la población por igual, sin tener en cuenta la capacidad económica del individuo, es en las personas con menos recursos sobre las que termina recayendo el peso de la medida.

Como señalaba el 'think tank' inglés IEA (Institute of Economic Affairs), un impuesto así serviría de coartada para que las productoras de refrescos no revisasen la composición de sus productos y, a medio plazo, provocaría un aumento en la inflación de un 0,25%.

La respuesta liberal

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Una de las reservas más habituales respecto a este impuesto no tiene que ver, en sí, con su utilidad. Es más, a estos detractores les da igual que funcione o no, puesto que el problema no se encuentra ahí. La cuestión es si debe ser el Estado el que decida qué se consume y qué no, en lugar de proporcionar al individuo libertad para que tome sus propias decisiones. Es un argumento liberal repetido a menudo en los debates sobre la tasación o prohibición del tabaco.

Damos por hecho que el papel del Gobierno es influir en las decisiones que los individuos toman

“Bajo todas estas consideraciones, hay una asunción no explícita con la que se supone que debemos estar de acuerdo”, explica el libertario Logan Albright en 'Conservative Review'. “Es la siguiente: que es el papel del Gobierno influir en las decisiones que los individuos toman y que conciernen a sus propias vidas”. Si la gente sigue consumiendo bebidas azucaradas hoy en día, cuando ya son conocidos los daños que pueden causar, probablemente lo haga porque le gustan o porque el resto de alternativas son más caras, recuerda. En cualquier caso, debe ser el individuo quien valore los riesgos y beneficios y actúe en consecuencia.

Alma, Corazón, Vida

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