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Otras tres CCAA instauran un 'tasazo' en la certificación energética para recaudar

El ejercicio que acabamos de estrenar arranca con el ‘tasazo’ de varias comunidades autónomas para el registro del certificado energético
Foto: Otras tres CCAA instauran un 'tasazo' en la certificación energética para recaudar

El ejercicio que acabamos de estrenar arranca con el ‘tasazo’ que varias comunidades autónomas han fijado para poder registrar los certificados energéticos, ese documento que detalla la eficiencia energética de un inmueble y que es obligatorio desde el pasado 1 de junio de 2013 para que cualquier propietario pueda vender o alquilar su vivienda.

Comunidades como La Rioja, Castilla León o Valencia, en donde hasta hace tan solo unos días el registro era totalmente gratuito, han impuesto el pago de tasas. En La Rioja, por ejemplo, los usuarios deberán abonar casi 38 euros por registrar el certificado, la tasa más elevada de toda España. Hace poco más de una semana, ese trámite era gratuito para los riojanos.

Tampoco se queda atrás Castilla y León, que frente a la gratuidad de 2013, ha pasado a cobrar 29,10 euros, mientras que en la Comunidad Valenciana tendrán que abonarse 10 euros para poder registrar los certificados. En otras comunidades como Baleares o Murcia, donde sí se cobraba una tasa por este trámite, se producirán incrementos de las mismas.

En La Rioja, por ejemplo, los usuarios deberán abonar casi 38 euros por registrar el certificado, la tasa más elevada de toda EspañaCerticalia.com, empresa encargada de poner en contacto a los técnicos certificadores con los clientes, ha constatado que en la comunidad murciana, el incremento ha sido de 7,57 euros a 23. Precio que ha sido confirmado por la Dirección General de Industria a El Confidencial. En Castilla La Mancha también han subido la tasa desde el día 2 de enero de 3 a 16 euros. En Baleares, el incremento se producirá a finales de mes y todavía se desconoce el importe exacto. A día de hoy se cobra una tasa de 4,78 euros. En Asturias también está previsto el pago de una tasa pero todavía no se ha fijado la cuantía. 

Más de 20 euros -en concreto 22,45 euros- cuesta realizar el registro en Extremadura, mientras que en comunidades como Galicia, se cobran 5 euros. Por el contrario, registrar el certificado energético es gratuito -al menos por el momento- en la Comunidad de Madrid -aunque estuvieron a punto de instaurar un 'tasazo' de 40 euros-, Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Navarra y País Vasco. En Aragón, Ceuta y Melilla, ni siquiera se ha creado todavía el registro.

En la web de Certicalia.com pueden consultarse las tarifas que aplica cada comunidad así como los pasos a seguir para realizar el registro, la documentación a presentar y otra información de interés. Sobre la imposición de tasas, la prefiere "no entrar a valorar si debería ser o no gratuito, pero sí sería deseable una estabilidad. La diferencia de tasas y fórmulas de registro entre las distintas comunidades crea desconfianza en los propietarios. Además, la falta de información y estos cambios y diferencias no facilitan que los propietarios cumplan con la normativa", añaden.

Conviene recordar que estas tasas -que el ciudadano de a pie podría interpretar como un nuevo impuesto con afán recaudatorio por parte de las Comunidades Autónomas-, nada tienen que ver con el dinero que los particulares deben abonar a los profesionales encargados de emitir estos certificados. Es decir, su importe no está incluido en los honorarios del técnico.

Unos honorarios, por otra parte, que varían mucho según los profesionales -el Decreto Ley no ha fijado una franja de honorarios excepto para la certificación de edificios públicos- lo que ha producido un auténtico mercadeo con la certificación energética que va desde cupones descuento hasta la puja a la baja por los precios entre algunos arquitectos. No obstante, según las cifras que maneja Certicalia.com sitúa los honorarios en torno a los 200 euros para pisos y 440 para viviendas unifamiliares. 

¿Por qué esta disparidad de precios?

En España, desde el 1 de junio de 2013 es obligatorio el certificado energético para poder anunciar la venta o alquiler de un inmueble. Así lo contempla el Real Decreto 235/2013 que dispone que son los órganos competentes en certificación energética de cada Comunidad Autónoma los responsables del registro y de sus labores de inspección y control técnico y administrativo de los certificados. Asimismo, corresponde a cada comunidad fijar las tasas a cobrar por dicho registro. 

Estas tasas no están incluidas en el el dinero que los particulares deben abonar a los profesionales encargados de emitir estos certificados"El Gobierno ha llegado tarde y con prisas en el tema de la certificación", lamenta Pilar Pereda, secretaria general del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM). De hecho, las Comunidades Autónomas apenas tuvieron tres meses para habilitar dichos registros. Algunas de ellas como Aragón, desde donde insisten en que "o lo hacemos bien o no lo hacemos", todavía no cuentan con él. Tampoco en Ceuta ni en Melilla. 

"En junio del año pasado, muchas comunidades no estaban preparadas y se adaptaron como pudieron a la situación. Entonces ya en muchos registros nos advirtieron que el cobro de tasas podría cambiar", apuntan desde Certicalia.com.

Además de la disparidad de tasas, también hay diferencias a la hora de realizar el registro. Algunas comunidades permiten solamente el registro presencial o telemático, y otras dan ambas opciones. 

El Gobierno ha pasado la ‘patata caliente’ de la certificación energética a las comunidades a quienes también también corresponde formar el equipo técnico y sancionador encargado del control técnico y administrativo de las certificaciones y el cumplimiento de la normativa, es decir, de aplicar las sanciones correspondientes. No obstante, desde algunas comunidades autónomas reconocen que la falta de medios, tanto humanos como económicos, impide que se pueda realizar ese control.

Para muestra un botón. Desde junio de 2013, solamente se ha impuesto una sanción a un técnico en toda España. Ha sido la Comunidad de Madrid que, tal y como adelantó El Mundo, multó con 4.000 euros a un técnico por falsear datos en la emisión de su informe energético. El inmueble en cuestión obtuvo una letra A, pero tras las comprobaciones pertienetes de la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid, resultó ser una vivienda de clase C. 

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