La misteriosa carta que te puede llegar a ti: "Paga y no te denunciamos por bajar series"

A Elisa le tembló hasta la voz un martes de hace dos semanas. Abrió el buzón, leyó una carta dirigida a su madre y se encontró con que un bufete de abogados le instaba a pagar más de 1.000 euros si no quería ir a juicio. El mayor problema no era ni mucho menos la demanda, sino que su madre había fallecido tres meses antes, víctima de un cáncer.

Según decía la carta, remitida por el despacho Lucentum Abogados, la madre se había descargado en el verano de 2017 diez episodios de la serie 'Ash vs Evil dead' de internet, cuyos derechos pertenecen a la empresa alemana Crystalis Entertainment UG. "Mi madre no ha usado un ordenador en su vida", cuenta Elisa, "así que mucho menos va a ponerse a bajarse series de internet". En la carta remitida, el bufete es claro: para evitar la vía judicial, deberá pagar 1.300 euros (100 por cada capítulo y 300 euros como gastos de gestión). Si no lo hace, se verán delante de un juez.

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"Mi padre murió y ahora le piden dinero"

Daniel ha sufrido una situación prácticamente idéntica: "Me llamó al móvil un número desconocido y me preguntó si había revisado mi correo electrónico, ya que me decían que sabían que había descargado la película 'Once upon a time in Venice' por Torrent en agosto de 2017". El problema era que el contrato de ADSL tenía el número de Daniel como teléfono de contacto, pero estaba a nombre de su padre, que falleció en 2018, con lo que el correo electrónico permanecía inactivo desde entonces.

Revisó el correo del padre y encontró un escrito firmado por el abogado Rafael Eizaguirre Garaizar en el que, en representación de Venice PI LLC, propietaria de los derechos de la película, le solicitaba que pagase 150 euros "por vía amistosa" por la supuesta infracción de 'copyright' en un máximo de cinco días. El plazo ya ha pasado y Daniel no ha pagado, ya que considera este aviso una práctica "que se parece mucho a la extorsión", así que, en principio, el abogado pasará a "ejercitar contra usted las acciones legales pertinentes en defensa de los derechos de propiedad intelectual".

Gorka es otro de los 30 usuarios que ha recibido una notificación similar. A él le mandó una carta Lucentum Abogados en la que, de nuevo, se acusaba a su padre (titular de la línea) de haber descargado siete capítulos de la serie 'Ash vs Evil dead'. En total le piden 1.000 euros: 100 por cada capítulo y 300 en concepto de gastos de gestión del procedimiento.

Él lo tiene claro: "Mi padre no ha descargado nada y yo veo esa serie pagando en Netflix. Nos hemos juntado varios usuarios para ver de qué manera respondemos, pero por lo pronto no voy a pagar nada. Si finalmente nos llevan a juicio veremos qué hacemos, pero ahora mismo no pienso pagar nada".

Euskaltel dio los datos de los usuarios

La pregunta es evidente: ¿cómo han podido identificar estos dos bufetes de abogados a las personas que supuestamente habrían realizado esas descargas? La respuesta se encuentra en el proceso legal del asunto, pero tiene una pista: todos ellos son clientes de Euskaltel. En realidad, el envío de las cartas a los usuarios no ha sido la primera acción emprendida por ambos despachos, hay dos trámites anteriores.

En primer lugar, los denunciantes recurrieron a Torrent (un cliente P2P de descargas y compartición de material 'online') buscando las películas y series cuyos derechos les pertenecen. Una vez dentro, observaron qué usuarios estaban compartiendo dicho material y apuntaron los pocos datos que ofrecían.

En segundo lugar, y con esos escasos datos en la mano, dirigieron una denuncia ante el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao alertando de las presuntas descargas. Además, solicitaban que la operadora que suministrase el ADSL a dichos usuarios los identificase, facilitando los nombres, apellidos y dirección de los supuestos infractores. Los denunciantes ganaron, así que la operadora, en este caso Euskaltel, suministró los datos de los usuarios al Juzgado y, con ellos, los denunciantes pudieron enviarles las cartas en las que les piden dinero a cambio de no acabar ante un juez.

Euskaltel dio al juzgado los datos de los usuarios y los denunciantes les enviaron las cartas en las que les piden dinero para evitar el juicio

Daniel no acaba de compartir la posición de Euskaltel: "Puedo entender que por la vía legal tengan que dar los datos, pero no entiendo cómo no recurrieron la decisión para proteger la información y cómo no nos avisaron de que estaban haciendo esto", asegura. Además, "Euskaltel, como casi todas las compañías, tiene IP dinámicas: la IP que yo tengo ahora mismo la puede tener otra persona cuando yo me desconecte. No se puede saber quién ha hecho una descarga". Gorka va más allá: "No entiendo que den una IP, que además puede cambiar de un segundo para otro. Voy a darme de baja de Euskaltel".

Este diario ha hablado con Euskaltel, que defiende su actuación y, sobre todo, su postura desde el inicio: "Nos negamos de forma reiterada a aportar ningún dato. No obstante, y a pesar de esta negativa a aportar los datos, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao dictó auto desestimando nuestras alegaciones de oposición a la práctica de diligencias preliminares consistentes en la identificación de una serie de IP, obligándonos mediante requerimiento judicial a aportar al Juzgado la información requerida".

La compañía, por tanto, defiende que ha hecho todo lo que ha podido: "Euskaltel solo aporta la información al Juzgado como consecuencia de la resolución concreta que nos obliga, tras haberse negado a facilitarla en repetidas ocasiones. Este auto no es recurrible".

La clave: solo hay denuncias en Bilbao

Aparte de ser clientes de Euskaltel, hay otro dato que casi todos los usuarios que han recibido la carta comparten: residen en Bilbao. Esto se debe a una circunstancia nada casual: el Juzgado de lo Mercantil de esa ciudad es el único que históricamente está fallando contra los usuarios y a favor de los denunciantes.

Lo relata el abogado David Bravo, especialista en propiedad intelectual: "El año pasado se realizó una especie de prueba piloto con demandas a decenas de personas de Bilbao y de Donostia por la descarga de la película 'Dallas Buyers Club'. La primera sentencia desestimaba la demanda, al entender el Juzgado de lo Mercantil 1 de Donostia que el número IP no identificaba al usuario que compartía la película, sino exclusivamente a la persona que contrató la línea de internet, y que, en cualquier caso, esa actividad no infringía la propiedad intelectual".

Se trataba de la primera sentencia en España que trataba la cuestión de las descargas en redes P2P, resolviendo la absolución del demandado. En opinión de Bravo, la sentencia emitida desde Donostia "llega a una conclusión lógica: es el demandante quien tiene que probar que el demandado hizo lo que se le achaca y la IP por sí sola no es prueba suficiente. Este razonamiento coincide con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el 2012".

"Es el demandante quien tiene que probar que el demandado hizo lo que se le achaca y la IP por sí sola no es prueba suficiente"

Sin embargo, poco después de esa sentencia, el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao se encontró con casos idénticos. David Bravo elaboró un modelo de carta poniendo en conocimiento del juez los precedentes absolutorios en Donostia, pero, en su sentencia, el magistrado consideró que "el titular del contrato de internet vinculado a una IP es la persona que realiza todas las acciones con esa línea, salvo que él demuestre lo contrario".

Así pues, "teniendo en cuenta que en Bilbao, a diferencia de Donostia, realizan esta inversión de la carga de la prueba —para mí jurídicamente insostenible—, todo indica que los titulares de los derechos parecen haber concentrado sus esfuerzos en esos juzgados, donde les dan la razón, y obviar a los de Donostia, donde perdieron. La inseguridad jurídica provocada por la sentencia de Bilbao es evidente y ha hecho que los potenciales afectados lo sean en función de si viven en esa ciudad o a 100 kilómetros de allí, en Donostia", afirma Bravo.

Este diario ha hablado con el despacho Lucentum Abogados, que defiende su praxis: "Nos limitamos a cumplir las instrucciones de nuestros clientes para hacer efectivos sus derechos con el fin último de combatir la piratería, que causa enormes daños a las productoras de obras audiovisuales, pero también a toda la industria relacionada". En su opinión, "resulta difícil de justificar que se pueda acceder ilegalmente al mismo contenido y sin ningún tipo de repercusión. Para nuestros clientes, una manera eficaz de reducir los niveles de piratería pasa por generar concienciación de que la descarga y difusión ilícita de obras protegidas tiene repercusiones y se puede actuar legalmente contra ella".

Habrá que ver cómo acaba la cosa. Por lo pronto, los más de 30 usuarios afectados han recibido la carta (en ocasiones dirigidas a familiares fallecidos) y, en su inmensa mayoría, han rechazado pagar un solo euro, con lo que podrían ir a juicio. Será ahí donde el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao presuntamente tendrá que decidir si se une a la doctrina del Tribunal Supremo y absuelve a los usuarios o si, por el contrario, entiende que una dirección IP dinámica identifica de norma inequívoca a la persona en cuestión y los condena a pagar.

*Los datos de algunos de los entrevistados han sido modificados, a petición suya, para guardar su información personal