¿Cómo se ha producido este reparto de mercado?

Reparto de mercado y fijación de precios: los "acuerdos bajo la mesa" de Indra, IBM...

Indra, IBM, IECISA, Everis... La CNMC investiga a un total de 11 empresas informáticas por repartirse el mercado y fijar precios. Era el gran "secreto a voces" del sector
Foto: (Imagen: Corbis)
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"Acuerdos o prácticas concertadas para repartirse el mercado"; "fijación de precios"; "intercambio de información comercial sensible"; "prácticas anticompetitivas". Son algunas de las acusaciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha realizado a 11 empresas de servicios informáticos: Everis, IBM, Indra, Software AG, Cibernos, Gesein, Atos, Connectis, Next Computer Services, Informática El Corte Inglés (Iecisa) y Axpe Consulting. Es la primera vez que se investiga una trama similar en este ámbito. Pero eso no es lo peor. Según múltiples fuentes consultadas, este tipo de "acuerdos bajo la mesa" llevan produciéndose durante años. Como lo definen directivos del sector, era un "secreto a voces" en el que nadie quería escarbar. Hasta ahora.

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Casi un año. Es el tiempo que lleva la CNMC analizando con lupa las prácticas supuestamente anticompetitivas de 11 empresas informáticas en España. La lista de las firmas 'cazadas' toca a casi todos los actores clave y las pruebas que la CNMC está investigando son graves. Tanto, que el pasado 25 de abril decidió abrir contra estas firmas un expediente sancionador que llega tras dos registros en sus sedes. Un expediente que, "de no haber pruebas suficientes", señalan fuentes de las empresas conocedoras de la investigación, "jamás se habría abierto". Se trataría de 'emails', documentos y registros de comunicaciones que demostrarían cómo habrían acordado compartir información comercial sensible, fijar precios y territorios de acción comercial. Todo para repartirse un negocio que en España movió casi 11.000 millones de euros en 2014.

Era un secreto a voces. Que existen flujos de información comercial sensible entre las empresas es un hecho

"Acuerdos bajo la mesa"

"Es algo que se sabía desde siempre, era un secreto a voces. Que existen flujos de información comercial sensible entre las empresas es un hecho. Directivos clave de cada una de ellas se ven habitualmente, quedan a comer, coinciden en eventos. No tengo constancia de ningún acuerdo por escrito, pero sí he vivido múltiples situaciones extrañas que evidencian acuerdos bajo la mesa", explica un directivo del sector con más de 15 años de experiencia trabajando con varias de las empresas investigadas.

(Foto: Reuters)
(Foto: Reuters)

Por "situaciones extrañas", este directivo se refiere a decisiones y precios poco habituales en procesos de adjudicación de contratos, tanto públicos como privados. "He estado trabajando en adjudicaciones con alguna de estas 11 empresas. En ellas se invita a participar a un número cerrado de proveedores. Es un proceso confidencial, pero a los pocos días te enteras de que la información se ha filtrado. Luego, al recibir las propuestas de cada uno, muchos puntos son similares. En servicios de menor volumen económico, los precios ofertados son muy parecidos. Entre ellos se acaban llamando para compartir información, ofertar en las mejores condiciones posibles o acordar un precio mínimo para mantener márgenes".

Otro directivo que ha trabajado durante años con varias de las empresas en la lista coincide. "Es algo que nunca se ha admitido en público, pero los amaños para repartirse mercados han existido siempre. Yo tengo constancia de muchos arreglos por cliente, es decir, proveedores que se ponen de acuerdo para dejar que una vez sea uno el que gane y a la siguiente el otro. Lo he vivido tanto en adjudicaciones de contratos públicos como privados", explica.

Preguntada al respecto, Indra, una de las mayores compañías entre las 11 investigadas, ha rehusado dar explicaciones. IBM solo asegura "estar examinando el detalle de la notificación". Y tal vez la respuesta más significativa de todas es la de la Asociación Española de Consultoría (AEC), portavoz del sector (y de seis de las investigadas). "La patronal prefiere no hacer ningún comentario sobre este tema".

(Foto: Indra)
(Foto: Indra)

Reparto de territorios

Fuentes de las empresas conocedoras del expediente sancionador aseguran que el foco del mismo se centra en dos prácticas anticompetitivas prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE: la fijación de precios en servicios de mantenimiento de sistemas y aplicaciones y el reparto de territorios geográficos con pactos de 'no agresión'. La Agencia Tributaria y administraciones de varias comunidades autónomas han facilitado información para denunciar estas irregularidades.

España es el único país de Europa donde un ingeniero está cobrando 1.200 euros en estas empresas. Por eso se las llama 'cárnicas'

El reparto de territorios viene en parte dado por la propia estructura de estas 11 empresas. Casi todas cuentan con centros de desarrollo de 'software' distribuidos en todo el territorio nacional. Son centros intensivos en mano de obra (programadores), deslocalizados fuera de las grandes capitales para reducir al máximo los costes salariales y, al final, el del servicio ofertado al cliente. Indra cuenta con un 'software lab' en Ciudad Real; Atos, con centros en Canarias, León o Sevilla; IBM en Zaragoza, Asturias o Palma de Mallorca.

"Esta estructura la han montado mediante filiales en ciudades de provincia. Esto les permite salirse de los convenios salariales de la matriz y acabar pagando mucho menos. España es el único país de Europa donde un ingeniero programador está cobrando 1.200 euros en estas empresas. Por eso se las llama 'cárnicas", explica un empleado de una de las 11 investigadas, que prefiere mantener su anonimato.

Caída de precios e impunidad

Varios directivos del sector consultados señalan dos motivos clave que han llevado a estas 11 firmas a repartirse el pastel: la brutal caída de precios en el sector sufrida en los últimos años y una sensación de total impunidad, de no sentirse vigilados. El primer factor llegó con la crisis, a partir de 2007. La única forma de conseguir clientes era reducir precios drásticamente. Se tocó fondo. Y más allá. "Había una sensación de paranoia, el negocio era insostenible. Me consta que estas conversaciones de reparto y fijación de precios se produjeron sobre todo a partir de 2009 para frenar la sangría de márgenes", señala un directivo consultado.

Benito Vázquez, consejero delegado de Everis. (Foto: Everis)
Benito Vázquez, consejero delegado de Everis. (Foto: Everis)

Y el otro factor: la impunidad. "En el sector de los servicios informáticos siempre ha habido una sensación de plena libertad. Campo abierto. Cuando no tienes a ningún organismo velando por que todo se haga según la ley, pasan estas cosas. Por eso ha sorprendido tanto la actuación de la CNMC, creo que nadie la esperaba".

Fijación de salarios

Fuentes de las empresas conocedoras del expediente aseguran que la fijación de salarios no es uno de los puntos analizados. La CNMC se fija solo en los precios finales de los servicios, independientemente de los costes en los que incurren las compañías para ofrecerlos. Pero directivos del sector aseguran que la fijación de salarios existe, y es parte del problema.

"En el mantenimiento y desarrollo de aplicaciones, la actividad que investiga la CNMC, el coste salarial es lo principal. Es básicamente gente picando código por poco más de 20.000 euros al año. Si fijas esos salarios, al final podrás fijar indirectamente los precios finales. Y es curioso, porque en prácticamente todos los pliegos que han pasado por mis manos, el mantenimiento y desarrollo se oferta siempre con precios muy similares entre los proveedores, sobre todo en contratos medianos y pequeños", explica un directivo del sector.

"Solo con decirte que en la negociación del convenio se sienta con los comités de empresa el presidente de la AEC, te lo digo todo"

"Solo con decirte que a las negociaciones del convenio con los comités de empresa acude solo el presidente de la AEC [el puesto está ahora vacante; hasta el pasado septiembre fue Manuel Pimentel, exministro de Trabajo] y su abogado, te lo digo todo. Él negocia de forma conjunta para todos. Y otra prueba: en algunas de ellas, el convenio no se ha modificado desde 2009", dice un trabajador de una de las 11 firmas, que prefiere mantener el anonimato.

Por delante quedan ahora 12 meses en los que la CNMC continuará investigando y recogiendo pruebas. En abril de 2017, las empresas de la 'lista negra' podrán presentar sus alegaciones. Seis meses después, la CNMC decidirá. Al final podría no acusarlas de nada, o de todo. En juego están multas de hasta el 10% de los ingresos totales del ejercicio anterior a la fecha de imposición de la sanción. Traducido: en el caso de Indra, la multa rondaría los 300 millones de euros; en el de Everis, unos 70 millones. Es el precio a pagar por querer repartir (mal) el pastel. 

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