¿Demasiados insultos? Lavar su imagen en Internet cuesta 300 euros

Trabajan en los medios de comunicación y se han convertido en la diana de los insultos del sector ultracrítico de la blogosfera. El “periodista con frenillo” y “víbora de la radio”, Federico Jiménez Losantos, el “parásito social” Jimmy Jiménez Arnau, el “mariquita mala” Jorge Javier Vázquez, la “monina desaborida” Marta Nebot o la “carroñera del montón” Chelo García Cortés son algunos de ellos. Basta dedicar unos segundos de búsqueda on-line para ver cómo a estos nombres y apellidos les siguen críticas nada constructivas provenientes de diferentes blogs y comentaristas con pseudónimo.

 

Más difícil es, por ejemplo, encontrar insultos en referencia a Pedro J. Ramírez. Googleando su identidad, no aparecen injurias ni descalificaciones. Quizá el director de El Mundo tenga contratado un servicio de ‘limpieza de información no deseada’ como el que acaba de crear en España el consultor en materia de Internet y ciencias criminológicas Francisco Canals para salvar a sus clientes de las malas prácticas on-line. Según ha contado Canals a El Confidencial, el sector “periodístico es el colectivo de demanda número uno. El político es el más criticado, pero ellos asumen que su labor conlleva crítica social”.

El Observatorio de Internet Francisco Canals se creó en el año 2002 debido a su interés por el ciber-crimen y la ciber-delincuencia. Canals ha dedicado los últimos años a tratar fenómenos antes desconocidos como el boyerismo electrónico o las fábricas de diplomas ficticios en Internet. Tras recibir multitud de llamadas de ciudadanos cuya información no deseada circulaba por Internet y después de analizar el éxito que los servicios de restitución de la imagen -Reputation Defender Services- tienen en otros países, la semana pasada lanzó www.identidadlegitima.com en España, un servicio que margina a posiciones secundarias las críticas, los insultos y las vejaciones que cualquier internauta pueda publicar sobre nosotros.

 

Según el director del Observatorio, “no es exactamente un servicio de lavado de imagen. Yo defiendo el concepto del derecho a una identidad legítima dada la masiva incursión de la opinión en Internet a través de redes sociales o blogs en esta sociedad de la información”. Canals explica que “Google tiene 200 algoritmos -maneras de procesar la información- que hacen que, por ejemplo, una multa a un ciudadano que ha publicada en el diario oficial de algún organismo acabe apareciendo en Google al teclear nuestro nombre”.

 

Además de las sanciones o las deudas, Internet es el paraíso de personas anónimas que cuelgan vídeos o fotografías no consentidas por el protagonista o incluso se falsean y suplantan identidades. Como recuerda el consultor, “la mayoría de páginas muy conocidas -Youtube, Facebook...- tienen la ventaja de contar con una política de abuso y un departamento al que alertar sobre los contenidos injuriosos o difamatorios, pero con los blogs no ocurre lo mismo”. Para atajar este problema, Canals sigue un “complejo proceso basado en el concepto de defensa”.

 

 

Contraataque

 

“Dado que no se puede hacer nada contra alguien anónimo que insulta, lo lógico es atacar con la misma herramienta: creando contenidos positivos de su realidad presencial. Para ello se proyecta en Internet la identidad explotando todas las facetas del cliente: se le crea un ‘.com’, una identidad corporativa, se expone su faceta profesional... y se sigue un trabajo de multiplicación abriendo el perfil hasta en 50 páginas diferentes llenando la red de contenidos positivos. Luego damos de alta a la persona en páginas denominadas de alta virulencia tales como Twitter, Facebook o Tuenti; redes sociales de alta relevancia y puntuación en los buscadores de Internet. Google posiciona naturalmente estas cuentas en las primeras posiciones a la vez que desplaza los contenidos injuriosos o negativos procedendes de páginas más secundarias, y, al trasladarlo a la segunda página, el 90% está ganado porque sólo el 10% de las personas llega a la segunda página de Google”.

 

A pesar de que “hay un filtro muy difícil de superar, que es el del tiempo -los contenidos de la web van subiendo poco a poco y cada 30 días Google reevalúa la información-, el proceso puede llevarse a cabo”.  Desterrar los insultos vertidos desde un blog se considera de una dificultad media y se tardaría unos tres o cuatro meses en postergar. Si, por el contrario, las críticas se han lanzado desde un diario nacional, el proceso se alargaría hasta al año y medio. Con el precio ocurre lo mismo: un proceso simple vendría a costar unos 300 euros, un proyecto medio rondaría entre los 3.000 y los 4.000 euros y uno complejo superaría los 6.000.

 

El experto opina que “dado que la cultura española de la crítica fácil se ha trasladado a Internet” y que “los ataques a la identidad y a la reputación se han vuelto algo generalizado” tanto contra “personas con relieve mediático” como del “ámbito doméstico”, “hay que aprender a construir y defender nuestra imagen en Internet”.