“15 años de paz fiscal”

El Gobierno vasco le arranca 1.400 millones a Rajoy por la liquidación de los Cupos

Moncloa compensará con 1.400 millones al País Vasco por la liquidación de una década y fijará la cantidad para el próximo quinquenio en 956 millones, cerca de los 850 que barajaba Urkullu

Foto: Cristobal Montoro y Pedro Azpiazu sellando el acuerdo
Cristobal Montoro y Pedro Azpiazu sellando el acuerdo

El Gobierno vasco ha logrado que Mariano Rajoy atienda a su reivindicación económica en torno al Cupo -el dinero que paga el País Vasco al Estado por las competencias no transferidas- en el acuerdo que ambos ejecutivos han suscrito a las puertas del inicio del debate sobre las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de 2017 y que implicará el respaldo del PNV a las cuentas generales.

El Estado compensará con 1.400 millones de euros por la liquidación de los Cupos correspondientes a los dos últimos quinquenios, el de 2007-2011 y el de 2012-2016, una cifra que se acerca mucho a los 1.600 millones que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu reclamaba por haber pagado de más durante esta década. Por su parte, el cupo base para el próximo quinquenio 2017-2021 se establecerá en 956 millones de euros, una cantidad que se aproxima a los 850 que planteaba el gabinete de Iñigo Urkullu frente a los 1.200 millones que el Gobierno de Rajoy había fijado en el borrador de los Presupuestos de 2017.

Los contenidos del acuerdo, que se cerró ayer a la noche, ha sido desvelado hoy por el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, que ha calificado de “excelente y muy satisfactorio” el pacto, que abre “un periodo de estabilidad” en las relaciones financieras entre ambos gobiernos dentro de un entendimiento “político de alcance”. El pacto suscrito por ambos gobiernos se refrendará ahora en la Comisión Mixta del Concierto Económico que se reunirá en la segunda quincena de este mes.

El acuerdo acaba con “diez años de incertidumbre financiera” gracias a la “responsabilidad” que han demostrado ambos ejecutivos y que ha derivado en un pacto “fundamental” para el País Vasco, según ha remarcado Azpiazu, que ha comparecido en la sede del Gobierno vasco en Vitoria acompañado del viceconsejero de Hacienda, Juan Miguel Bilbao, y la directora de Política Financiera, Zuriñe Embid, quienes han sido los “artífices de este éxito”.

El litigio por la liquidación del Cupo estaba pendiente desde 2007 y las desavenencias económicas se elevaban hasta los 1.600 millones de euros que el País Vasco consideraba que había pagado de más al Estado por las competencias no transferidas, como Defensa, Asuntos Exteriores o Puertos y Aeropuertos. Ahora, el Gobierno español asume gran parte de esta cifra y compensará con 1.400 millones de euros a las arcas vascas (1.248 millones más 152 millones de coste por las políticas activas de empleo transferidas al País Vasco desde 2011). Esta partida se irá abonando al País Vasco a lo largo de los próximos cinco años descontando los porcentajes del 10%, 15%, 20%, 25% y 30%.

El otro gran escollo a superar era resolver las discrepancias en torno a la metodología para fijar el Cupo de cara al próximo quinquenio y que había imposibilitado un acuerdo desde 2011, cuando se tenía que haber renovado el mismo una vez finalizado el correspondiente al periodo 2007-2011. Para este año 2017 se ha establecido un Cupo provisional de 956 millones de euros, que será la base del próximo quinquenio, hasta 2021. Esta cantidad surge de descontar a los 1.300 millones que pagará el País Vasco al Estado la cantidad de 344 millones que el Gobierno español acepta como valoración de los programas y políticas activas de empleo que lleva a cabo el Ejecutivo vasco desde 2011.

Los 956 millones de euros que se fijan para los próximos cinco años constituyen un acuerdo muy beneficioso para el País Vasco. En los últimos presupuestos generales del Estado, aprobados en 2016, se estimaba que el País Vasco debía pagar 1.527 millones de euros, una cantidad similar a la que se venía reclamando desde 2007. Esto equivale a que con el acuerdo alcanzado ahora el País Vasco pagará más de 550 millones de euros menos de los que debía abonar hasta la fecha. Durante las negociaciones, el gabinete de Urkullu estimaba que el pago debía rondar la mitad de lo que se venía estableciendo en los últimos años, del orden de 850 millones, una cifra que se aproxima a la que finalmente abonará en el próximo quinquenio. A este respecto, el borrador de los presupuestos de 2017 incluía una cantidad de 1.200 millones.

Foto de archivo del lehendakari Iñigo Urkullu conversando con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
Foto de archivo del lehendakari Iñigo Urkullu conversando con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

Ya en los prolegómenos al cierre de este acuerdo el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, había incidido en la relevancia del mismo porque supondrá “15 años de paz fiscal” entre España y el País Vasco, en alusión a la liquidación de los Cupos de los dos últimos quinquenios y el acuerdo para el del próximo lustro. Ahora se ha culminado esa “gran noticia económica para el País Vasco” que vaticinaba la mano derecha de Urkullu.

El PNV ha logrado exprimir a Rajoy consciente de que sus cinco votos en el Congreso resultan fundamentales para que el presidente del Gobierno saque adelante sus cuentas. Sabedor de su fuerza, la formación ‘jeltzale’ ha gestionado de forma estratégica los tiempos y los mensajes públicos para lograr las mayores concesiones posibles a cambio de su respaldo a las cuentas. De hecho, a pesar de que el acuerdo en torno al Cupo ha desencallado el principal obstáculo de la negociación y posibilita el acuerdo presupuestario, el partido de Andoni Ortuzar sigue dando por no cerrado el pacto sobre las cuentas del presente ejercicio. Advierte de que aún quedan pendientes cuestiones por cerrar antes de que mañana se voten las enmiendas a la totalidad en las Cortes.

Una vez se oficialice el pacto presupuestario se conocerán todas las concesiones del PP al PNV, que no sólo logrará importantes partidas económicas para el País Vasco, con el tren de alta velocidad como gran beneficiario, sino que también arrancará compromisos políticos de calado del Ejecutivo de Rajoy. Hasta ahora, han sido constantes los gestos del Gobierno español, que ha llegado a acuerdos con la administración vasca para desactivar la vía judicial ante normas que habían sido recurridas al Tribunal Constitucional. Así, el País Vasco ha logrado evitar que Rajoy recurra la Ley Municipal o la normativa que regula la legislativa popular, o se dé legalidad a las OPEs de la Ertzaintza. En otros casos, el Ejecutivo del PP ha desistido de continuar con estos conflictos competenciales sin necesidad de alcanzar un pacto previo. El fin de la litigiosidad en los tribunales y el respeto a las leyes vascas habían sido una condición impuesta por el lendakari como punto de partida para tratar de llegar a un acuerdo que trasciende de los números.

El acuerdo entre Urkullu-Rajoy supone reeditar el pacto que alcanzaron hace dos décadas Xabier Arzalluz y José María Aznar con los réditos que conllevó para el Concierto Económico vasco, el marco que regula las relaciones financieras entre el País Vasco y el Estado. En todo caso, el consejero de Hacienda ha querido rechazar que el pacto alcanzado ahora suponga un "agravio" hacia otras comunidades autónomas o Navarra, que tiene su propio Convenio Económico con el Estado. "Teníamos un litigio pendiente desde 2011 y ahora lo hemos resuelto", ha zanjado Azpiazu, quien ha llamado a "no mezclar" las cosas para "no enturbiar" las relaciones entre diferentes administraciones.

País Vasco

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