el juzgado 6 le citó como investigado

Arturo Fernández salpica a sus exdirectivos: no quiere comerse el último marrón judicial

Declara en una pieza separada de los cursos de formación. Señala que pudo haber "errores administrativos, no fraude" y que otros cargos de CEIM y la Cámara deben explicarse ante el juez

Foto: El expresidente de la patronal CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid Arturo Fernández. (EFE)
El expresidente de la patronal CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid Arturo Fernández. (EFE)

Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, no quiere comerse solo el último marrón judicial que tiene que afrontar. Fernández declaró este martes en calidad de investigado (la nueva figura jurídica de la imputación) en el juzgado de instrucción número 6 de Madrid, en una pieza separada de otra causa ya abierta en el juzgado número 46 que investiga si CEIM y la Cámara de Comercio utilizaron los fondos públicos de los cursos de formación para financiarse ilegalmente. Fernández ha declarado que todo se hizo "correctamente", según fuentes jurídicas, pero ha pasado la pelota al tejado de cinco directivos de la CEIM y de la Cámara responsables de los cursos de formación, ya que él no firmó ni contrató nada.

Tras destaparse en febrero de 2014 el caso Aneri (un gran fraude en los cursos de formación financiados por la Comunidad de Madrid y gestionados por el empresario cordobés José Luis Aneri), la Policía Nacional amplió su investigación para averiguar si otras organizaciones empresariales, entre ellas la patronal madrileña CEIM, utilizaban el dinero de estas ayudas para financiarse ilegalmente. En el epicentro de las investigaciones también se encuentran la Cámara de Comercio y el Instituto de Formación Empresarial (IFE), encargados de impartir los cursos. ¿Cómo era la operativa? CEIM pedía al Gobierno regional ayudas públicas para formar a sus trabajadores, y luego transfería ese dinero al Instituto de Formación Empresarial (IFE), dependiente de la Cámara, para que realizara los cursos.

Esta nueva investigación desgajada de Aneri cayó en el juzgado número 46, donde se ha citado como investigado a otro expresidente de CEIM, el predecesor de Arturo Fernández, Salvador Santos Campano. Para realizar los cursos, la ley permite que un 10% de la subvención retorne a las entidades empresariales para poder sufragar actividades relacionadas con los cursos, como puede ser pagar publicidad para promocionarlos, pagar las facturas de la luz durante las clases o material relacionado con las mismas. Ese 10%, conocido como retorno, pudo ser utilizado para otros fines, según los investigadores, que ayudaron a financiar irregularmente a las asociaciones empresariales. Los agentes y la Fiscalía de Delitos Económicos se centran en los convenios de colaboración que la Cámara firmaba con algunas organizaciones empresariales y municipios.

A través de estos acuerdos, las patronales destinaban al IFE, que depende de la Cámara, el dinero de las subvenciones que previamente habían conseguido de la Comunidad de Madrid. El IFE era el encargado de impartir los cursos, según esos convenios. Luego, en esos mismos documentos, se acordaba devolver a las asociaciones un porcentaje de la subvención en concepto de patrocinio de actividades como la feria de la tapa, jornadas gastronómicas o campañas de ventas y rebajas. El caso ha crecido y ha salpicado a más juzgados.

El expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid Salvador Santos Campano, con corbata roja. (EFE)
El expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid Salvador Santos Campano, con corbata roja. (EFE)

¿Por qué? Según el Código Penal, el sujeto activo en el delito de fraude de subvenciones es la entidad beneficiaria de la ayuda. Da igual que varias asociaciones subcontraten a la misma entidad (en esta caso, la Cámara y su Instituto de Formación Empresarial). Por eso, el juzgado 46 elevó al Decanato de Plaza Castilla los otros expedientes investigados. Uno de ellos recayó en el 6, que ha citado a Arturo Fernández en calidad de investigado por un delito de fraude de subvenciones públicas.

En este caso, el juzgado 6 investiga los cursos de formación impartidos en 2011 y 2012. En su declaración, según fuentes jurídicas, Fernández señaló que cree que todo se hizo correctamente, ya que los cursos de formación pasaron auditorías "exhaustivas" y el tutelaje de la Comunidad de Madrid, aunque matizó que quizá se pudieron cometer "errores administrativos pero nunca fraude". El Tribunal de Cuentas ya alertó de que había irregularidades en algunas de las facturas relacionadas con los cursos.

Fernández, no obstante, cree que no debe ser el único responsable de estos "errores". El juez ya tiene en su poder un organigrama de los cargos directivos de CEIM y de la Cámara en esos años, ya que el expresidente de la patronal aseguró en su declaración que él no firmó nada ni contrató nada. Fernández insistió en que pone la mano en el fuego por todo, pero también que él no puede aclarar "los datos técnicos" de los cursos, y confirmó, a preguntas del magistrado, los nombres de los cargos responsables de los mismos. Según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, todos serán llamados a declarar también por el juez. Se trata de Fernando Garzo, exdirector del IFE; Sol Olabarri y Alejandro Couceiro, ex secretarios generales de CEIM; Carlos Prieto, actual director gerente de la Cámara, y Miguel Garrido, actual secretario general de CEIM.

El del juzgado número 6 se trata de un nuevo frente judicial para Fernández. Ya fue condenado a seis meses de prisión por el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. En el caso Púnica también está siendo investigado por la donación que su grupo empresarial hizo al PP en el año 2007. El juez Eloy Velasco tomó declaración a Fernández a principios de marzo, ya que ha conectado las donaciones al Partido Popular con las adjudicaciones que recibió su grupo de restauración, Arturo Cantoblanco.

Madrid

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