Un juez investiga a Santos Campano por inflar facturas en cursos de formación

El juzgado de instrucción número 46 de Madrid investiga desde abril de este año al empresario Salvador Santos Campano, que fue vicepresidente de la patronal madrileña CEIM y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, por inflar presuntamente facturas para justificar ante el Gobierno regional una subvención de 487.100 euros destinada a impartir cursos de formación a trabajadores madrileños. La magistrada de refuerzo que tiene este juzgado ha ordenado que se tome declaración a Santos Campano en calidad de investigado (la nueva figura jurídica de la imputación), aunque todavía no ha fijado fecha.

La investigación a Santos Campano, que fue vicepresidente del Atlético de Madrid ymiembro del comité ejecutivo de Ifema, se enmarca dentro de un caso más amplio y más complejo iniciado en septiembre de 2015. Tras destaparse en febrero de 2014el caso Aneri(un granfraude en los cursos de formación financiados por la Comunidad de Madridy gestionados por el empresario cordobés José Luis Aneri), la Policía Nacional ampliósu investigación para averiguar si otras organizaciones empresariales, entre ellas la patronal madrileña CEIM, utilizaban el dinero de estasayudas para financiarse ilegalmente. En el epicentro de las investigaciones también se encuentran la Cámara de Comercio, su expresidente Arturo Fernández (sustituyó a Santos Campano)y el Instituto de Formación Empresarial (IFE), encargados de impartir los cursos.

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El caso Aneriha recaído en el juzgado de instrucción número 9, y la investigación sobre CEIM y la Cámara de Comercio,en el número 46. En este último, la unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados dePlaza de Castilla inició la investigacióntras recibir la documentación que aportó la subdirección general de Formación Continua y Emprendedores de la Comunidad de Madrid. Por ahora, los agentes y la Fiscalía de Delitos Económicos se centran en losconvenios de colaboración que la Cámara firmaba con algunas organizaciones empresariales y municipios.

A través de estos acuerdos, las patronales destinaban al IFE, que depende de la Cámara, el dinero de las subvenciones que previamente habían conseguido de la Comunidad de Madrid. El IFE era el encargado de impartir los cursos, según esos convenios. Luego, en esos mismos documentos,se acordaba devolver a las asociaciones un porcentaje de la subvención en concepto de patrocinio de actividades como la feria de la tapa, jornadas gastronómicas o campañas de ventas y rebajas. La investigación comenzó con tres subvenciones concedidas por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre: elexpediente CFT005/2010, el expediente 0030/CFM/2012 y el expediente 0018/CFM/2012, después de que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes detectara "irregularidades en las mismas".

Costes distintos para los mismos cursos

El juzgado 46 se ha centrado, de momento, en el primer expediente. Se trata de una subvención concedida por la Comunidad de Madrid a la Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios (Cecoma) para la realización de cursos de formación dirigidos a trabajadores ocupados, que se desarrollaron hasta noviembre de 2011. La subvención fue de 487.100 euros y, para impartir los cursos,Cecoma contrató a la Cámara de Comercio. Una vez impartidos los mismos, Cecoma presentó a la comunidad las facturas presuntamente emitidas por la Cámara de Comercio. Los investigadores creen que estos costes estaban inflados "para justificar el importe máximo de la subvención concedida".

Los agentes han detectado irregularidades en los cursos presenciales y en los de teleformación. Por ejemplo, "queen cursos del mismo nivel, misma materia y con las mismas horas de duración, los costes no son iguales cuando deberían serlo", señalan fuentes jurídicas del caso. También hay indicios de que se inflaba el precio del material didáctico y quese cobrabavarias veces la contratación del profesor. Ante la Policía ya ha declarado la última presidenta de Cecoma, María Hortensia Vigil Fernández Pacheco, que señaló que la documentación relativa a esta subvención ha desaparecido.

El presidente de Cecoma en 2010, 2011 y 2012 fue Salvador Santos Campano, y "hay indicios de su participación en los hechos". Fuentes del entorno del empresario señalan a El Confidencial que aún no le ha llegado la citación de imputación y que la facturación de estos cursos dependía de la Cámara, no de Cecoma. Las devoluciones a las asociaciones empresarialesde una parte de la subvención (en forma de patrocinio), llamadas retornos en el sector de la formación, son ilegales. La ley no las permite.

Las asociaciones que delegan en academias o en la Cámara para impartirlos cursos pueden obtener unos retornosde hasta el 10% del coste de los cursos (hasta agosto de 2012, el porcentaje era del 20%), pero siempre que ese dinero se emplee para algo relacionado con la formación: anuncios de los cursos, facturas de luz, mensajería o una telefonista que atienda a los alumnos.En la última convocatoria de cursos de formación, aprobada el 13 de octubre de 2015, El Gobierno regional prohíbe expresamente la subcontratación con terceros de la ejecución de la actividad formativa que les sea adjudicada, excepto la contratación del personal docente.

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El caso, no obstante, seguirá creciendo ysalpicará a más juzgados. ¿Por qué? Cecoma es solo la beneficiaria de una subvención, laCFT005/2010.Las otras ayudas fueron a parar a otras asociaciones empresariales.Según el Código Penal, el sujeto activo en el delito de fraude de subvenciones es la entidad beneficiaria de la ayuda. Da igual que varias asociaciones subcontraten a la misma entidad (en esta caso, la Cámara y suInstituto de Formación Empresarial). Por eso, la jueza de refuerzo del 46 ha elevado al Decanato de Plaza Castilla los otros dos expedientes para que estas dos nuevas instrucciones recaigan por reparto en otros dos juzgados.

El caso va más lento de lo deseado. La magistrada del 46 ha dejado actuar a la Policía. El último informe policialcompleto es de marzo de 2016. "El pasado mes de junio, la Fiscalía informó a la jueza, pero esta solicitó un informe complementario. Recientemente, el Ministerio Público ha remitido al juzgado el nuevo informe complementario. En estos momentos, se está estudiando en el juzgado detenidamente dicho escrito para decidir qué diligencias acordar, pero aún no hay nada decidido". La magistrada sí ha solicitado más documentación a la Consejería de Empleo y Economía y ha ordenado la citación como investigado (imputado) de Santos Campano.