El juez vincula los pagos de Arturo Fernández al PP con las adjudicaciones que se llevó

El juez Eloy Velasco ha conectado las donaciones al Partido Popular que realizó el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández con las adjudicaciones que recibió su grupo de restauración, Arturo Cantoblanco, de organismos públicos controlados por la formación. Según fuentes cercanas a la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha establecido un fuerte vínculo entre una trasferencia ordenada por el empresario el 7 de marzo de 2007 a favor de Fundescam y la concesión del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en tres concursos celebrados en 2009, 2011 y 2013, cuando la institución estaba controlada por el PP.

Velasco interrogó este miércoles a Arturo Fernández sobre la adjudicación de esos contratos, en el marco de la pieza secreta del caso Púnica en que investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño. El juez le preguntó abiertamente si tenía relación con Esperanza Aguirre, que era presidenta del Gobierno de la Comunidad y del PP de Madrid cuando se produjeron la donación y también las dos primeras concesiones bajo sospecha. También le pidió que explicara su vinculación con Cristina Cifuentes, que presidió la mesa de contratación del concurso de 2011 por su condición de vicepresidenta de la Cámara autonómica. Fernández reconoció tener amistad con ambas dirigentes, pero negó que hubieran intercedido para favorecerle en las licitaciones y aseguró que, en realidad, se trató de contratos ruinosos para su grupo hostelero.

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El magistrado sostiene, sin embargo, que el grupo Arturo Cantoblanco fue recompensado con esas adjudicaciones por haber contribuido a la financiación del PP. Como reveló El Confidencial el pasado enero, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido que el PP de Madrid utilizó su fundación satélite Fundescam, una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2000, para captar donaciones ilegales de empresarios que luego empleaba para sufragar sus campañas electorales y gastos ordinarios. En la contabilidad de Fundescam han aparecido varios pagos de Arturo Fernández repartidos en dos épocas. En la primera, el hostelero habría realizado cuatro donativos a la entidad por importe de 57.030 euros entre 2003 y 2004. Años después, el 7 de marzo de 2007, el empresario realizó una nueva transferencia por importe de 60.000 euros.

En ese último pago, realizado hace exactamente una década, centró Velasco su interrogatorio, según ha podido saber El Confidencial. El magistrado mostró incluso el comprobante de la transferencia y preguntó directamente a Arturo Fernández si esa aportación pudo beneficiarle en los concursos de la Asamblea. En 2009, la adjudicación que se llevó ascendió a 212.900 euros más IVA anuales durante un periodo de dos años. En 2011, el importe bajó a 174.960 euros más IVA anuales durante otros dos ejercicios. Y finalmente, Arturo Cantoblanco se impuso en 2013 con un precio de 168.000 euros más IVA. En agosto de 2014, dio por concluido el servicio unilateralmente.

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El expresidente de la patronal madrileña reconoció ser el autor de esas donaciones a Fundescam por un importe total de 117.030 euros, pero negó haber recibido trato de favor de la Asamblea o de otros organismos controlados por los gobiernos del PP. Otros empresarios que también aparecen como contribuyentes en la presunta financiación opaca del partido van a tener que pasar igualmente por la Audiencia Nacional para aclarar los pagos, según han revelado a este diario fuentes cercanas al caso. El juez ha lanzado una nueva batería de diligencias que también incluye registros y solicitudes de documentación.

La pieza secreta de la financiación

La pieza secreta que instruye Velasco sobre la presunta caja B del PP de Madrid tiene varias líneas de investigación. A principios del año pasado, la Guardia Civil requisó los expedientes sobre una treintena de contratos que la empresa OHL del Grupo Villar Mir ganó en adjudicaciones licitadas por la Consejería de Transportes entre 2004 y 2013. Entre las obras investigadas, destacan el metro ligero a Pozuelo de Alarcón, que costó 92 millones de euros, y el fallido tren de Cercanías a Navalcarnero, un proyecto de 362 millones que finalmente no se materializó. Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, es uno de los imputados después de que los investigadores encontraran en la agenda personal de Francisco Granados apuntes que vinculan presuntos pagos al PP de Madrid por parte de López Madrid.

Las infraestructuras de transportes no son las únicas relacionadas con la financiación del PP de Madrid. La Guardia Civil también inspecciona ya la documentación de las adjudicaciones de los seis hospitales públicos (gestionados por empresas privadas) que la Comunidad de Madrid construyó entre 2004 y 2007 bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre. Centros que costaron más de 2.200 millones. Los investigadores han puesto la lupa sobre las partidas de publicidad que promocionaron estos hospitales, unos 23 millones de euros.

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Del transporte a la sanidad, y también a la Justicia. El juez inició este martes nuevas diligencias para investigar contratos de publicidad vinculados a la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto faraónico impulsado por el expresidente del Gobierno regional Ignacio González (2012-2015) que salió a concurso sólo unas semanas antes de las elecciones autonómicas de 2015 en las que se impuso Cristina Cifuentes. La mesa de contratación llegó a seleccionar la oferta presentada por una UTE integrada por las constructoras OHL y Acciona, que ascendía a 1.356 millones de euros. Sin embargo, González no tuvo tiempo de oficializar la licitación con su firma antes de abandonar el Gobierno y Cifuentes se ha negado luego a completar el proceso durante su mandato. El proceso de adjudicación está ahora judicializado en el TSJM.

Fundescam es la clave. Los investigadores creen que el PP de Madrid utilizó esta fundación para canalizar los presuntos pagos que empresarios hacían al partido a cambio de contratos públicos. La entidad fue creada con el supuesto objetivo de contribuir al desarrollo de la sociedad madrileña con acciones formativas y foros de debate. Sin embargo, en 2009, con el estallido del caso Gürtel, se descubrió que Fundescam había estado abonando facturas falsas a las empresas de la trama de Francisco Correa para ocultar la organización de actos electorales del PP, en paralelo a los que oficialmente costeaba el partido. Los fondos que acabaron en manos de la Gürtel salieron de empresarios. Durante la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción consideró acreditado que el partido había financiado ilegalmente las campañas electorales de 2003 y 2004, entre ellas, la del famoso 'tamayazo'. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que un hipotético delito electoral ya estaría prescrito en ese momento y el caso Fundescam acabó en una cuneta de Gürtel.

Si la UCO y el juez encuentran suficientes pruebas y consiguen acreditar que la financiación irregular del PP a través de Fundescam no quedó sepultada con la Gürtel sino que siguió produciéndose por lo menos hasta octubre de 2014, cuando estalló la operación Púnica, los delitos no habrían prescrito.