El juez de Púnica investiga la financiación ilegal del PP con contratos de Arturo

El caso Púnica ha dado un nuevo giro. El instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha enviado esta mañana a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Asamblea de Madrid para solicitar los contratos que este organismo adjudicó al Grupo Cantoblanco, la empresa de hostelería del exvicepresidente de la CEOE Arturo Fernández.

Según fuentes cercanas al caso, el juez y los investigadores han reunido elementos que apuntan a que Fernández habría financiado ilegalmente al PP de Madrid a cambio de conseguir las concesiones del servicio de hostelería del parlamento autonómico. Las pesquisas se centran en el periodo 2007-2013, durante el que el Partido Popular controló de forma ininterrumpida los órganos de decisión de la cámara regional.

Las fuentes consultadas aseguran que se trata de una nueva línea de investigación dentro de la macrocausa que rastrea desde octubre de 2014 los negocios y concursos públicos que presuntamente amañó la trama corrupta que encabezaban el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y su amigo y socio David Marjaliza.

Aunque el Grupo Cantoblanco no había aparecido hasta ahora en el procedimiento, Velasco ya investigaba la presunta financiación ilegal del PP tras encontrar las presuntas donaciones ilegales que anotó el propio Granados en una agenda que fue localizada durante los registros que se practicaron en la primera fase del caso. Según esas anotaciones, el exsecretario general del PP de Madrid habría recibido entre 2011 y 2014 pagos para la formación por un total de 2.060.000 euros, de los que habría ingresado en la caja del partido 1.460.000 euros.

En 2010, por ejemplo, Cantoblanco se llevó la concesión del servicio de hostelería durante el siguiente año tras presentar una oferta de 212.900 euros. Y en 2011 volvió a imponerse en el concurso para el siguiente año con una propuesta de 162.000 euros más IVA. En ambos procesos, el órgano de contratación del parlamento autonómico resolvió que la compañía de Arturo Fernández había presentado la oferta más ventajosa. En 2013 ganó de nuevo el contrato para 2014, pero en esa ocasión ni siquiera tuvo competidores. La oferta de 168.000 euros más IVA de Cantoblanco fue la única que llegó al final del concurso.

Sin embargo, la vinculación de la Asambla de Madrid con Cantoblanco se rompió tras esa licitación. Los problemas económicos que atravesaba el grupo hostelero llevaron a Arturo Fernández a solicitar la anulación del acuerdo en agosto de 2014, pero la compañía fue obligada a continuar al menos hasta que desembarcara un nuevo adjudicatario en 2015. El parlamento autonómico incluso tuvo que abonar directamente a Hacienda los pagos de la concesión por las deudas que había contraído la empresa con la Agencia Tributaria. Finalmente, en enero de 2015, el grupo de restauración Cafestore se llevó el nuevo contrato para los dos siguientes años por un total de 336.000 euros más IVA.

Fernández se sienta estos días en el banquillo de la Audiencia Nacional por el juicio de las tarjetas black de Caja Madrid. Está acusado de apropiación indebida por haber gastado de forma presuntamente irregular 38.776 euros de la entidad durante su etapa como consejero.