La UCO 'asedia' al ente público de suelo que amparó pelotazos de Marjaliza y Granados

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estrecha el cerco sobre Arpegio, la empresa que gestiona suelo público en la Comunidad de Madrid y que depende orgánicamente del número tres de Cristina Cifuentes, el consejero de Medio Ambiente Jaime González Taboada. Los agentes de la Guardia Civil, en el marco de la operación Púnica, llevan ya semanas visitando con cierta frecuencia la sede de Arpegio reclamando documentación sobre contratos y convenios urbanísticos, ya que tienen abiertas varias líneas de investigación. El Gobierno regional, por su parte, que está colaborando con la UCO, ya no tiene entre sus planes fusionar Arpegio con Arproma, dos de los entes públicos que más patrimonio manejan.

Arpegio y Arproma seguirán siendo organismos independientes, aunque la intención de Cifuentes es quitarle a Arpegio el 'caramelo' que supone gestionar los 700 millones del próximo Plan Prisma 2016-2020, que financiará centenares de obras en los municipios madrileños. La polémica Arpegio está precisamente en el punto de mira de la UCO por algunas de las obras de ediciones pasadas del Plan Prisma. Cifuentes ha decidido hacer borrón y cuenta nueva, y que las obras del futuro Prisma sean ahora gestionadas por Arproma, que entre sus competencias tiene "promover, financiar y gestionar la construcción de toda clase de infraestructuras". Arpegio se ocuparía así solo de la venta de suelo público y de la gestión de consorcios. Actualmente tiene 228 parcelas distribuidas en 17 municipios madrileños. Cerrar esta empresa supone un alto coste en impuestos, inasumible para las cuentas del Ejecutivo autonómico.

Cifuentes quitará a Arpegio la gestión del futuro Plan Prisma que gestiona 700 millones de euros para obras en los municipios de Madrid

El empresario David Marjaliza, uno de los principales imputados del caso, ha ayudado al juez Eloy Velasco en la investigación sobre la pieza de Arpegio. Al principio, cuando en verano del año pasado empezó a colaborar con el magistrado, Marjaliza puso sobre la mesa el nombre de González Taboada. El ahora número tres de Cifuentes fue durante una década director general de Cooperación con la Administración local, dirección de la que dependía la planificación del Plan Prisma. En febrero de 2006, Arpegio firmó con la Comunidad un convenio para que el primero gestionara Prisma. El exconsejero Francisco Granados, que sigue imputado y encarcelado, fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007. Es decir, Taboada planificaba el Plan Prisma y Arpegio (con Granados como presidente) lo gestionaba.

Marjaliza incluso ha revelado ante el juez el nombre de algunas de las empresas que fueron adjudicatarias del Plan Prisma y que supuestamente pagaron comisiones por llevarse esas obras. Comisiones que se repartían no solo Marjaliza como intermediario, sino también los políticos que al parecer gestionaban esas obras. Fuentes de la investigación, no obstante, aseguran que los indicios contra Taboada se están desinflando. No así otras líneas de investigación, que también salpican al que fuera consejero de Arpegio y jefe de gabinete de Granados durante toda su carrera política: Ignacio Palacios Arazuri (también imputado), que haría las funciones de testaferro de Granados y de 'cobrador' de las mordidas.

Varias líneas de investigación

Los investigadores sostienen que Granados utilizó su cargo en la Consejería de Presidencia (2004-2011) para desviar contratos públicos a la trama Púnica. Como consejero,fue presidente de Arpegio durante dos años y medio, lo que también le permitió intervenir en operaciones más suculentas relacionadas con convenios urbanísticos y la venta de suelo para la construcción de vivienda protegida, además de las obras del Plan Prisma. La investigación comenzó con ocho contratos que Arpegio y la Fundación Arpegio firmaron con tres empresas de la trama: Waiter Music, la constructora DICO y Aranan Gestión Patrimonio Inmobiliario, estas dos últimas vinculadas el empresario David Marjaliza. El montante de estas ocho operaciones asciende a 11,7 millones de euros.

Uno de estos contratos, el patrocinio de un concierto de música por parte de la Fundación Arpegio, ha acabado con la imputación de una trabajadora de Arpegio y exgerente de la Fundación, Carmen Plata. La UCO está solicitando sobre todo información sobre convenios urbanísticos gestionados por Arpegio en diversos municipios, que pueden salpicar a políticos de otros partidos, y contratos relacionados con el Plan Prisma. Arpegio también pagó durante dos años 7,1 millones de euros por unos trabajos de consultoría externa a una empresa privada para la gestión de las licitaciones de las 500 obras que la Comunidad de Madrid financió en municipios de la región dentro del Plan Prisma 2005-2006, un plan que fue dotado inicialmente con 300 millones de euros. Esta consultoría fue adjudicada bajo el mandato de Granados y sirvió para tramitar las licencias de algunas de las obras bajo sospecha.