La UCO investiga la relación del 'número 3' de Cifuentes con 8 contratos de la Púnica
La empresa pública Arpegio, presidida por Granados, adjudicó a empresas de la trama contratos del plan de inversiones Prisma, que estaba gestionado por el ahora consejero Jaime González Taboada
Uno de los muchos tentáculos del caso ‘Púnica’ agarra con fuerza a la empresa pública Arpegio, encargada de gestionar suelo en la Comunidad de Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga ocho contratos que Arpegio y la Fundación Arpegio firmaron con tres empresas de la trama: Waiter Music, la constructora DICO y Aranan Gestión Patrimonio Inmobiliario, estas dos últimas vinculadas el empresario David Marjaliza. Los investigadores ya tienen sobre la mesa el nombre de Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio y ‘número 3’ del Gobierno de Cristina Cifuentes, después de que Marjaliza le implicara en la adjudicación de algunos de estos contratos. El montante de todas estas operaciones asciende a 11,7 millones de euros.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ya ha mostrado su total apoyo al consejero Taboada. Un portavoz autonómico niega la mayor: “El consejero no conoce a David Marjaliza ni ha participado en ninguna adjudicación de Arpegio”. La UCO tomó declaración en febrero de 2015 a Francisco Esquivias Ferriz, secretario general de Arpegio. Los investigadores estaban muy interesados en el periodo en que Francisco Granados, el principal exdirigente del PP implicado en el caso, fue presidente de Arpegio: entre abril de 2005 y diciembre de 2007. Durante ese periodo, en febrero de 2006, Arpegio firmó con la Comunidad de Madrid un convenio para que el ente público gestionara el plan de inversiones Prisma, que tiene por objeto la ejecución de obras en apoyo de los municipios.
Antes de la declaración de Esquivias Ferriz, David Marjaliza ya había empezado a colaborar con la UCO, como ya publicó El Confidencial. Ante los investigadores, el empresario, que sigue en prisión, dio el nombre de González Taboada y lo implicó en determinadas adjudicaciones de Arpegio. El ahora ‘número 3’ de Cifuentes era entonces director general de Cooperación con la Administración Local, dirección de la que dependía la gestión del plan Prisma. La UCO ya había escuchado las acusaciones de Marjaliza y preguntó a Esquivias Ferriz sobre la función de González Taboada en Arpegio. Fue este quien firmó el convenio entre la Comunidad y Arpegio para que la empresa pública gestionara las inversiones del plan Prisma.
Documentos de Arpegio
La UCO se ha llevado mucha documentación de Arpegio. Destacan cinco contratos que la constructora DICO firmó con Arpegio en los años 2006 y 2007 para hacer obras por valor de 1,5 millones en Horcajuelo de la Sierra, Meco, Piñuecar, Corpa y Chapinería. La constructora DICO fue fundada en 1999 por los empresarios Julián Jiménez y Francisco Colado. DICO se fusionó con la promotora Harinsa y Obrum, con la denominación final DHO. David Marjaliza tuvo altos cargos de responsabilidad en estas compañías.
Los agentes también se interesaron por las dos adjudicaciones que la empresa Aranan Gestión Patrimonio Inmobiliario ganó en Arpegio. Esta sociedad se presentó a una convocatoria pública de venta de parcelas en julio de 2006 en el municipio de Arroyomolinos. Fue adjudicataria de dos parcelas. Por una de ellas, la CT-E3, Aranan pagó 1,53 millones de euros. La otra parcela, la CT-03, se vendió por 8,6 millones. Aranan ganó el concurso, al que se presentaron diez empresas. Esta sociedad pertenece a Marjaliza, según la UCO, a través de un testaferro llamado José Manuel Cruz Calvo.
Otra de las principales empresas de la trama, Waiter Music, que se dedicaba a eventos culturales y conciertos, también contrató con Arpegio. En 2005 aparece un contrato por valor de 20.146 euros. En 2007 es la Fundación Arpegio, un ente jurídico distinto a Arpegio creado por Granados en diciembre de 2006, quien contrata con Waiter Music por 139.200 euros. La gerente del patronato de la fundación fue Carmen Plata Esteban, exconcejal del Ayuntamiento de Getafe. La fundación y Waiter Music firmaron un convenio de colaboración en marzo de 2007 para patrocinar un concierto de música pop. En este convenio intermedió Granados, según el sumario judicial.
Preguntado por la UCO si este tipo de contratos son normales en Arpegio, Francisco Esquivias Ferriz, actual secretario general de la empresa pública, respondió que no, “que fue una actuación muy singular ya que la fundación financia actividades ambientales y de formación, pero no actuaciones de tipo pop”. La UCO se tuvo que llevar de Arpegio copias de los documentos de Waiter y de las adjudicaciones a DICO porque los originales se habían perdido.
Operaciones cuando menos “dudosas”
En el extenso sumario del caso, el juez destaca que “las operaciones que tuvieron lugar desde Arpegio, donde Francisco Granados Lerena ocupó el cargo de consejero-presidente, resultan dudosas, existiendo indicios de una posible remuneración por los favores conseguidos de uno de los constructores beneficiados”. Según el juez, esos favores se pudieron plasmar en un chalé en Valdemoro para Granados.
Los investigadores están ahora profundizando sobre las acusaciones de Marjaliza, sobre los contratos firmados por Arpegio con empresas de la trama y sobre la posible implicación de otras personas, entre ellas el actual consejero González Taboada. El juez ya tiene un listado con otras personas que tuvieron responsabilidad en Arpegio.
Uno de los muchos tentáculos del caso ‘Púnica’ agarra con fuerza a la empresa pública Arpegio, encargada de gestionar suelo en la Comunidad de Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga ocho contratos que Arpegio y la Fundación Arpegio firmaron con tres empresas de la trama: Waiter Music, la constructora DICO y Aranan Gestión Patrimonio Inmobiliario, estas dos últimas vinculadas el empresario David Marjaliza. Los investigadores ya tienen sobre la mesa el nombre de Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio y ‘número 3’ del Gobierno de Cristina Cifuentes, después de que Marjaliza le implicara en la adjudicación de algunos de estos contratos. El montante de todas estas operaciones asciende a 11,7 millones de euros.