Oriol Pujol ya tiene quien le acuse: el fiscal le pide 5 años de cárcel y otros 3 para su esposa

Oriol Pujol ya tiene calificación fiscal: el hijo ‘político’ de Jordi Pujol se sentará en el banquillo sabedor de que la Fiscalía le quiere meter entre rejas, puesto que pide para él dos años de cárcel por tráfico de influencias, otros dos por falsedad continuada en documento mercantil y un año y dos meses por cohecho. En total, pues, 5,2 años. Su esposa, Anna Vidal, también está acusada de cohecho y falsedad, por lo que la Fiscalía pide para ella 10 meses de prisión y dos años y seis meses por los respectivos delitos. Para el antiguo dirigente de CiU, exige además una multa de 250.000 euros y otra de 60.000 por la falsedad, mientras que para su esposa solo pide la multa de 60.000 euros.

[Lea aquí el escrito de la Fiscalía]

La acusación de los fiscales Fernando Maldonado y Teresa Duerto asedia al hijo del ‘expresident’ en varios frentes. Por un lado, relata que Oriol, junto a sus amigos Sergi Alsina (a quien conocía desde el colegio) y Sergio Pastor, ideó un plan para ‘derogar’ el mapa catalán de estaciones de ITV y confeccionar otro que les beneficiase. En otras palabras, para amañar elnuevo concurso de las ITV.

Para ello, hizo nombrar a Josep Tous, dirigente de Convergència y amigo personal suyo, asesor del consejero de Empresa y Empleo. Su misión era diseñar el nuevo mapa de las ITV y beneficiar así al empresario Ricard Puignou y a ellos tres, que habían creado una empresa para la ocasión. En esa operación, el grupo del que formaban parte ‘los Sergios’ y Oriol habría cobrado de Puignou entre 11.800 euros y 23.600 euros mensuales entre diciembre de 2010 y febrero de 2012. Tous, que ya cobraba una sustanciosa suma como asesor de la Consejería, recibía una ‘propina’ de 2.360 euros mensuales (desde marzo de 2011 a febrero de 2012) para amañar el mapa. Lo que pretendían era quedarse con cuatro estaciones de ITV. Según el informe fiscal, el ebitda medio de una estación de ITV en 2011 oscilaba entre 764.000 y 707.000 euros. En esa operación, tendrían como socio ‘capitalista’ al grupo Ficosa Internacional, que se quedaría con el 70% de la concesión. El 30% restante se lo repartirían los tres amigos, lo cual no dejaba de ser un suculento negocio.

Pero los negocios de Oriol Pujol iban más allá: las empresas de su amigo Sergi Alsina también fueron las intermediarias para buscar quien se quedase con las factorías de las multinacionales Sony, Sharp y Yamaha, que se deslocalizaron en esos años. Solo por intermediar en la deslocalización de Sharp, la empresa de Alsina, Altha Partners, cobró más de 3,2 millones de euros.

La incansable labor de Oriol Pujol

¿Cómo benefició esto a Oriol Pujol? Su esposa, Anna Vidal Maragall, facturó a Altha Partners 236.000 euros el 30 de septiembre de 2011 en concepto de análisis financiero e industrial de empresas que pudieran operar en esas factorías. Pero lo que se limitó a aportar la esposa de Pujol fue “información manuscrita con apuntes y referencias sobre empresas candidatas fácilmente obtenibles en internet”.

Según el fiscal, Oriol Pujol “intervino directa e indirectamente en las negociaciones para la venta de la planta de Sony (…) facilitando el acceso al ‘president’ de la Generalitat, así como facilitando el contacto con el director de la Agencia Tributaria Catalana a fin de obtener información fiscal en relación con la operación, y con altos cargos del Departamento de Empresa y Empleo, coordinando llamadas y actuaciones con el acusado Sergi Alsina e incluso fijando la estrategia de comunicación del éxito de la operación. Gracias a la labor fundamental del acusado Oriol Pujol, la operación mercantil para la que fue contratada la empresa del acusado Sergi Alsina tuvo el éxito esperado”. Con Yamaha, la operativa fue similar. Alsina se embolsó en esta ocasión más de 4,2 millones de euros.

La esposa de Oriol también medió para asesorar en la creación de un parque de automoción de proveedores de Seat en Martorell, a través de Altha Partners. En esta ocasión, Anna Vidal facturó 88.500 euros en 15 facturas mensuales a partir de finales de2010. “La labor efectivamente realizada por la acusada se limitó a aportar información manuscrita con apuntes y referencias al margen de copiar documentación elaborada por otras personas, carente de valor a efectos de un posible informe o trabajo realizado merecedor de la retribución no percibida”. En cambio, su marido, que entonces era presidente del grupo parlamentario de CiU, intervino ante el alcalde de Martorell (que era de su mismo partido) para concretar “la recalificación de los terrenos” y la “adjudicación mediante concurso público restringido de la explotación de la carpa”.

Por todas las intermediaciones, señala el fiscal, las empresas privadas de Anna Vidal facturaban a las de Sergi Alsina en concepto de asesoramiento. La calificación del Ministerio Público destaca que las facturas totalizaron 699.752 euros entre los años 2005 y 2012. Pero solo entre los años 2010 y 2012, por “servicios aparentemente contratados y no prestados”, cobró un total de 443.660 euros. Estas facturas simularon la existencia de una relación contractual entre los acusados Sergi Alsina y Anna Vidal con la finalidad de retribuir la inestimable colaboración prestada por el también acusado Oriol Pujol Ferrusola”.

La Fiscalía también pide para Sergi Alsina dos años de prisión por tráfico de influencias, un año por cohecho, un año y dos meses por otro cohecho y dos años por delito continuado de falsedad documental. A ello sesuman una multa de 250.000 euros y otra de 60.000. Para Sergio Pastor, la petición se limita a un año de prisión por tráfico de influencias y multa de 250.000 euros. Para Josep Tous y Ricard Puignou, la petición es de un año de prisión por cohecho.