¿Pasaporte para ir a Barcelona? ¿Qué moneda usarán los catalanes? ¿Cataluña en la OTAN?

¿Qué consecuencias prácticas en la vida cotidiana de los ciudadanos de Escocia -y del resto del Reino Unido- tendría la secesión de esa región británica? Eso es lo que trata de averiguar una comisión de expertos de la Cámara de los Comunes, que el pasado mes de febrero publicó un informe con las practical questions que plantea el referéndum de independencia escocés previsto para 2014. Esa consulta popular, a la que el Gobierno del primer ministro británico, David Cameron, no sólo no se opone sino que incluso alienta, es vista con enorme preocupación en el Ejecutivo de Mariano Rajoy por el temor a un efecto contagio en Cataluña, según han reconocido a El Confidencial fuentes muy cercanas a La Moncloa.

El Scottish Affairs Committee (Comisión de Asuntos Escoceses) de la Cámara de los Comunes impulsó en 2011 una investigación parlamentaria (equivalente a una comisión de estudio en el Congreso de los Diputados) para conocer la opinión de cientos de expertos y ciudadanos sobre el imparable proceso independentista iniciado por el Gobierno escocés de Alex Salmond, que debería conducir a la convocatoria de un referéndum en el otoño de 2014. Todas las controversias, dudas e inquietudes planteadas en esa comisión -que aún permanece activa- tienen que ver con el impacto que la secesión de Escocia provocaría en la vida diaria de la población, desde el pago de impuestos a los controles fronterizos, pasando por la atención sanitaria o el cobro de pensiones.

Bastaría con sustituir Escocia por Cataluña, Reino Unido por España o Edimburgo por Barcelona en el exhaustivo informe elaborado por el Parlamento británico para hacerse una idea muy ajustada de las incógnitas y preocupaciones que una eventual independencia catalana despertaría en los ciudadanos de la comunidad autónoma y, por supuesto, del resto de España. Estos son sólo algunos ejemplos sacados de ese documento: "¿Será necesario un pasaporte para viajar a Escocia? ¿Habrá controles fronterizos entre Inglaterra y Escocia? ¿Tendremos que usar la libra esterlina o el euro? ¿Cómo afectará la independencia a las pensiones de jubilación? ¿Será admitido el nuevo Estado en la UE y la OTAN? ¿Se formará un Ejército escocés?".

Salmond, que ganó las elecciones regionales de 2011 al frente del Scottish National Party (SNP) y goza de una cómoda mayoría absoluta en el Parlamento de Edimburgo, ya ha anunciado que en 2014 convocará un referéndum de carácter consultivo, y que en caso de victoria del sí entablará negociaciones con el Gobierno de Cameron sobre los plazos, procedimientos y condiciones de la independencia. Londres no sólo no ha ignorado el desafío soberanista escocés, sino que ha animado a Salmond a convocar cuanto antes la consulta popular, con el argumento de que dilatar el proceso sólo contribuiría a incrementar la inestabilidad y la crispación políticas en el conjunto del Reino Unido.

Alarma en Madrid

La respuesta de Cameron al órdago separatista escocés ha disparado todas las alarmas en el Gobierno español, según las fuentes consultadas, especialmente tras el éxito de la multitudinaria manifestación independentista celebrada en Barcelona con motivo de la última Diada, que ha sido aprovechada por el Ejecutivo de Artur Mas para elevar el listón de sus reclamaciones. Pero la reacción de Londres a ese desafío tiene trampa; o al menos encierra una intención no confesada públicamente: si el Gobierno británico quiere que el referéndum se celebre cuanto antes es porque está convencido de que, en las actuales circunstancias de crisis económica, los ciudadanos de Escocia rechazarán la secesión por una amplia mayoría.

El Ejecutivo de Salmond, consciente de que los últimos sondeos de opinión conceden a la opción independentista un apoyo que apenas rebasa el 30%, se opone a adelantar la consulta popular a 2013, como reclama el conservador Cameron. Y se mantiene firme en la exigencia de tres condiciones, todas ellas rechazadas por Londres: que baste con una mayoría simple -la mitad más uno de los votos- para sacar adelante su proyecto separatista; que la edad legal para ejercer el derecho al voto se rebaje hasta los 16 años, y que la pregunta del referéndum sea múltiple, en lugar de un simple sí o no a la secesión.

En este último requisito parece estar la clave de la estrategia diseñada por Salmond. Los secesionistas del SNP pretenden incluir una respuesta múltiple en la papeleta de votación, de forma que los ciudadanos, además de decantarse por aprobar o rechazar la independencia, puedan optar también por la permanencia en el Reino Unido pero con una ampliación radical de la autonomía escocesa. De hecho, el SNP reclama que, en ese caso, todas las competencias -incluida la recaudación de los impuestos- sean transferidas a Edimburgo, con excepción de Defensa, relaciones exteriores y política monetaria. Londres rechaza frontalmente el voto múltiple, confiado en que la opción del yes or no, cuyo resultado sería irreversible, haga que muchos escoceses se lo piensen dos veces antes de apoyar un Estado propio.