El sector del agua en Cataluña se rebela contra el canon y lo tacha de inconstitucional

El sector del agua en Cataluña se resiste a pagar el nuevo canon que quiere imponer la Generalitat a las empresas distribuidoras alegando la inconstitucionalidad de la medida que, de hecho, supone duplicar la subida que ya se ha aplicado al consumidor.

Así, la Associació de Serveis d'Aigua de Catalunya (ASAC), la mayoritaria, y la Associació d'Abastaments d'Aigua (AAA) han remitido a todos los grupos políticos del Parlament un dictamen al que ha accedido El Confidencial advirtiendo de la inconstitucionalidad de la nueva medida.

El dictamen lo ha elaborado el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Ramón Falcón y Tella, que asegura como principal conclusión que “la proyectada modificación del canon del agua resulta inconstitucional”.

El proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos que se discute en el Parlament incorpora un nuevo gravamen sobre el agua, el cual deberá ser asumido por las compañías suministradoras, las mismas que integran las asociaciones que ha remitido el dictamen, y que supondría para la Generalitat recaudar unos 30 millones de euros.

De estos 30 millones, según fuentes del sector, más de 10 debería asumirlos Agbar, mientras que el resto recaería en muchas y pequeñas distribuidoras de agua municipales. Por ello la reclamación se ha llevado a cabo de manera conjunta y como sector.

Duplicidad del pago

Las empresas alegan que este nuevo recargo, que no hay que confundir con la subida de tasas que también se aplica al ciudadano, también acabará repercutiendo al consumidor y que de hecho supone una duplicidad.

El dictamen presentado por las empresas asegura que esta medida “duplica el canon del agua de una forma encubierta, ya que la reforma proyectada añade al canon que las empresas suministradoras deben pagar como sustitutos, otro canon al que formalmente quedan obligadas como contribuyentes, sin que sean titulares de ninguna capacidad contributiva”.

En el dictamen se advierte que el gravamen supone “expropiar sin indemnización el derecho de las empresas suministradoras a la compensación de los gastos de recaudación del canon, que estaban ya acordados hasta 2015”.

Según este dictamen jurídico, “la duplicidad que se genera sólo se explica para ocultar la subida a los consumidores, camuflando dicha subida como mayor tarifa, lo que supone una clara falta de correspondencia entre el fin –la subida- y el medio que se emplea, que convierte en inconstitucional la medida. Además esta duplicidad resulta desproporcionada ya que genera costes innecesarios, y desvirtúa la progresividad del canon”.

La postura del ACA

Por su parte, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), organismo público que depende de la Generalitat, mantiene que se trata de un doble gravamen: uno por el agua que se capta en el medio natural  y otro para penalizar pérdidas y fugas. La subida será superior al 7% en cualquier caso y dependerá de cada municipio, pero en algunos casos podría llegar hasta el 30%.