Susana Díaz debe resolver su encrucijada con los casos de corrupción en primer plano

Susana Díaz está resguardada. Pasó tres días en Berlín. Un viaje institucional con el consejero de Turismo, Javier Fernández, a la Internationale Tourismus Börse (ITB), que la tuvo sin agenda en Andalucía hasta el viernes. No es usual que se haya alargado tanto. Como tampoco lo es que la presidenta haya expresado su deseo de estar en las próximas semanas en otra feria turística internacional en Nueva York. El portavoz de la Junta desmiente que haya nuevas citas en el extranjero en la agenda inmediata de la presidenta. Muchos en su propio Gobierno admiten que a Susana Díaz le interesa pasar más tiempo retirada del foco, no exponerse tanto, reservarse “para los grandes asuntos de Estado” y evitar las preguntas incómodas.

Vienen curvas. El viernes, acudió a inaugurar un centro de salud en San Roque (Cádiz). Predicó contra el acuerdo de la UE y Turquía para los refugiados y riñó a los partidos políticos por tener a los ciudadanos “atónitos” y no ser capaces de formar un Gobierno. El sábado, participó en un acto de mujeres con el mismo mensaje y este lunes de nuevo se desplaza a Almería con una agenda muy cerrada, un centro de salud, una cooperativa y visita institucional a un ayuntamiento. Está ahí, sobrevolando la actualidad, pero sin exponerse, midiendo riesgos.

Se aproximan unos días duros para la presidenta de la Junta. Mientras, los barones han vuelto a mirarla para ver si deshoja la margarita y aclara si optará o no a la secretaría general del PSOE. Ella calla. El miércoles, Manuel Chaves y José Antonio Griñán tendrán que hacer de nuevo el ‘paseíllo’ para declarar ante el juez imputados por prevaricación administrativa en el caso de los ERE. Los expresidentes, que ya acudieron al Supremo, volverán a dar su versión a petición de la Fiscalía Anticorrupción y esta vez sin el blindaje que proporcionaban sus escaños. El PSOE andaluz trata de disimular, Susana Díaz se cuida mucho de que este caso no la salpique políticamente, pero la presencia de los exdirigentes de nuevo en los juzgados sacude los cimientos del Gobierno y el socialismo andaluces. De hecho este fin de semana ha habido marejada interna. Vuelven a desenfundarse las espadas contra el líder del PSOE. El cierre de filas de Pedro Sánchez con el secretario general de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, imputado por 10 delitos en dos casos de corrupción y uno de sus barones más fieles, ha levantado ampollas. La renuncia como candidato ha sabido a poco en el PSOE andaluz. ¿Por qué a Chaves y Griñán se les exigió el acta y a Gómez Besteiro se le mantiene en su responsabilidad orgánica?, se preguntaban dirigentes de primera fila. Nadie recordaba que fue Susana Díaz la que puso el listón de sus dimisiones por delante de lo que decía el código ético del partido y Pedro Sánchez se sumó.

Chaves y Griñán suman 23 años de la historia más reciente de Andalucía y ambos han presidido el PSOE. No son unos históricos cualesquiera. El mismo miércoles en que ambos declaran, a escasos metros, está programada una conferencia de la jueza Mercedes Alaya en la Universidad de Sevilla sobre la nueva ley de enjuiciamiento tribunal. Ante las primeras prescripciones de ayudas de los ERE por la dilación de una instrucción que dura cinco años, los socialistas vuelven a revolverse contra la magistrada. La Junta, por ejemplo, recuerda que avisó hasta en 13 ocasiones desde 2011 del riesgo de prescripción. Chaves muestra más serenidad ante este nuevo trance. Griñán, dicen sus amigos, se muestra “más o menos hundido” según el día. Susana Díaz habla, muy de vez en cuando, con su antecesor directo. No tiene la misma buena relación con Chaves. Evita pronunciarse sobre este asunto y manda al consejero de Justicia, Emilio de Llera, y al número dos del PSOE-A, Juan Cornejo, a defender "la honestidad" de los expresidentes. Están imputados por prevaricación administrativa, por negligencia en sus responsabilidades políticas, pero no por haberse enriquecido directamente del fraude.

Los socialistas aseguran que el caso de los ERE ya está amortizado tanto mediáticamente como en las urnas, sin embargo la herida sigue muy abierta. A juzgar por el terremoto interno que ha supuesto la nueva citación de Chaves y Griñán ante el juez, nadie diría que el caso es cosa del pasado, como se empeñan en trasladar desde el entorno de Susana Díaz. Pero no es el único asunto de presunta corrupción que inquieta al Gobierno andaluz. El relanzamiento de las investigaciones sobre el fraude de la formación, la comisión de investigación abierta en el Parlamento andaluz, las nuevas detenciones de la Policía de altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo y la citación ante la jueza María de los Ángeles Núñez Bolaños a los exconsejeros Ángel Ojeda, cuyo entramado de empresas logró 33 millones en subvenciones de la Junta entre 2009 y 2010, y Antonio Fernández, han agitado de nuevo esta bomba. La magistrada también ha declarado esta causa de especial complejidad y ha abierto una pieza aparte con el exdirigente socialista Rafael Velasco, que fue vicesecretario general del PSOE-A hasta que dimitió en 2010 al ponerse en el punto de mira los negocios de su esposa con una empresa de formación. Durante mucho tiempo ha circulado la información dentro del partido de que fue Susana Díaz, entonces secretaria de Organización, la que puso a circular el dosier que comprometía a Velasco. Los enemigos de Díaz en el PSOE-A, que entonces, en plena pugna por la sucesión, eran muchos más que ahora, se mostraron convencidos de que ella había señalado a su ‘jefe’ para allanarse el camino hacia el control del partido. Ella siempre lo negó. Ahora este caso vuelve a su mochila política.

Chaves y Griñán volverán a declarar el miércoles ante el juez por los ERE y ese mismo día hay programada una conferencia de la magistrada Mercedes Alaya

El papel de Susana Díaz ante el fraude

En la primera ronda de comparecencias en la comisión de investigación abierta en el Parlamento, han desfilado los interventores del Gobierno andaluz. Ellos fueron una pieza crucial para destapar el fraude, la mayoría han declarado como testigos ante la Guardia Civil y sus informes han puesto negro sobre blanco el cúmulo de irregularidades destapadas en estas subvenciones. Aunque la Junta de Andalucía abrió una investigación interna en 2013, tres años después sigue sin ofrecer conclusiones. No hay relato sobre lo que ha ocurrido con este dinero destinado a la formación de los parados andaluces. Prácticamente, el caso acaba de echar a rodar. El vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, al que le va a tocar poner la cara conforme el caso avance para proteger a Susana Díaz del escándalo, aseguró en rueda de prensa que desde la Junta no pueden evaluar si hay “menoscabo de fondos públicos”. Pese a las investigaciones abiertas en más de 10 juzgados andaluces y a la lista de un centenar de detenidos, más de 30 ex altos cargos, la Junta sigue sin admitir que hubo un fraude. Asegura que los expedientes de las ayudas han sido revisados y se ha reclamado la devolución de los fondos con irregularidades. Señala a otras comunidades, como Madrid o Galicia, donde también hay casos, y responde aireando informes del Tribunal de Cuentas.

Según admitió el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, hay 632 millones de euros pendientes de justificar en 2.648 expedientes de ayudas. Los interventores señalaron casi 3.000 millones de euros otorgados sin justificación. Además, los responsables de auditar las cuentas públicas han relatado en la Cámara el descontrol en estos fondos y atestiguaron que sus informes se toparon con expedientes incompletos, papeles perdidos, desordenados... Un caos que la Junta atribuye a la “mudanza” por el cambio de competencias en 2012 de Empleo a Educación. El Gobierno andaluz ignoró las recomendaciones de los interventores, lo que condujo a estos funcionarios a elaborar hasta ocho informes de actuación alertando del posible riesgo de menoscabo.

La presidenta de la Junta comparecerá en junio en la comisión de investigación. Ciudadanos asegura que ha tratado de evitarlo a toda costa

Susana Díaz comparecerá en la comisión de investigación posiblemente en junio. El PSOE ha tratado a toda costa de evitar esta imagen, según la versión del líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que narra duras presiones de los socialistas para ahorrar a la presidenta este trago. Por cierto que Marín lleva días insinuando que el pacto de Albert Rivera con Pedro Sánchez trataba de cerrarle el camino a Díaz hacia Madrid por considerar Ciudadanos que la socialista podía hacerle mucho más daño en las urnas. Este es el panorama político en Andalucía. Los casos de corrupción han vuelto a mandar en la agenda política, por más que la presidenta andaluza se resguarde. La oposición empieza a insistir en la idea de la “huida”, la “espantada” de la baronesa ante la situación que se vive en Andalucía. No va a ser un camino de rosas para la presidenta optar a la secretaría general del PSOE y ganarle la partida a Pedro Sánchez. A sus ganas de saltar a Madrid vuelven a no acompañar los tiempos y esta vez tampoco la agenda de temas andaluces. En abril se despejará si hay o no congreso federal en mayo o se pospone. Tampoco se sabe si habrá o no nuevas elecciones generales. Quedan muchas incógnitas por resolver mientras crecen la inquietud y el nerviosismo dentro del propio Gobierno andaluz y en las filas socialistas ante tanta incertidumbre política. “O lo gestiona muy bien o veremos cómo acaba esto”, murmura uno de los miembros del Gobierno con más trienios.