El disgusto de Susana Díaz: el fraude de los cursos torpedeará la campaña del PSOE

El PSOE andaluz tiene ya asumido que afrontará una comisión de investigación en el Parlamento sobre el fraude de los cursos de formación. La estafa, investigada por 18 juzgados andaluces y que tiene bajo sospecha unos 3.000 millones de ayudas públicas destinadas a cursos para parados entre 2002 y 2014, será escudriñada en la Cámara andaluza en pleno otoño electoral. Los socialistas de Susana Díaz siguen oponiéndose a la investigación parlamentaria pero saben que no podrán frenar el voto a favor de todos los partidos de la oposición. Barajan dar el sí a esta comisión, como hicieron en el caso de los ERE, para tratar de pactar los contenidos y sobre todo las comparecencias. El PP ya ha dejado claro que piensa pedir el desfile de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y también de Susana Díaz. Los socialistas temen el desgaste de esta comisión, una bomba en plena campaña de las generales y que competirá con Gürtel y Púnica en el clásico y tú más político. En Andalucía las ayudas de formación permanecen bloqueadas desde 2011.

El escándalo de los cursos en Andalucía, que se extiende a otras comunidades como Madrid o Galicia, será una amenaza para Pedro Sánchez. La presidenta de la Junta evitó su constitución antes de las vacaciones, lo que hubiera provocado la apertura de la comisión parlamentaria a finales de este mes de agosto y su finalización en noviembre. El calendario es endiablado. Ahora, deberá votarse en septiembre y marcará el otoño político en Andalucía. Las interferencias de este escándalo en la campaña de las generales serán inevitables. Los socialistas temen también que este fraude marque la negociación del Presupuesto andaluz, que afrontan por primera vez en dos décadas en minoría y sin apoyos suficientes para que vean la luz. Los socialistas no desvelan si tratarán de negociar las cuentas con todos los partidos de la oposición o si se limitarán a buscar un acuerdo con Ciudadanos, la opción favorita de Susana Díaz.

El pacto de investidura del PSOE con el partido de Albert Rivera incluía una serie de rebajas fiscales y de medidas de recuperación económica que la Junta incluirá de forma prioritaria en el proyecto de ley para amarrar el apoyo de la formación naranja. El portavoz socialista, Mario Jiménez, ha dejado claro en una comparecencia en el Parlamento que, de momento, se centrarán en hacer oposición a las cuentas del Estado y se negó a desvelar cómo afrontarán la elaboración de los presupuestos andaluces. Simplemente insistió en que es “una responsabilidad de todos los grupos políticos” e insinuó que en la etapa de la pinza, cuando entre 1994 y 1996 el PSOE también fracasó al tratar de sacar adelante unos presupuestos en minoría, la falta de acuerdo provocó un adelanto electoral que acabó beneficiando al PSOE.

La comisión de investigación marcará el otoño político en Andalucía y las interferencias de este escándalo en la campaña de las generales serán inevitables

El Parlamento andaluz afrontó una comisión de investigación sobre el caso de los ERE tras el verano de 2012 y después de que el PSOE perdiera la mayoría absoluta en la Cámara. Aquella comisión se cerró sin que los partidos fueran capaces de delimitar las responsabilidades políticas en el fraude. El PSOE se negó a señalar a los exconsejeros de Empleo y tres años más tarde están imputados los expresidentes Chaves y Griñán. Los socialistas admiten ahora que fue un error no subir el listón de los responsables políticos del fraude hasta los exconsejeros y admiten que no volverían a cometer un fallo similar. El fraude de la formación en Andalucía afecta de lleno a la etapa del exconsejero Antonio Fernández, uno de los imputados en los ERE que la juez Mercedes Alaya ya condujo a prisión. Ahora vuelve a estar imputado en la trama de los cursos junto a los exconsejeros Antonio Ávila y Manuel Recio, ambos titulares de Empleo en los gobiernos de Griñán. Entre los mayores beneficiarios de las ayudas está el exconsejero socialista Ángel Ojeda, cuyo entramado empresarial se embolsó unos 50 millones de euros y que ha cercado la UDEF con investigaciones de todo su entorno familiar y de sus cuentas bancarias en Luxemburgo y Chile.

Desde el PSOE andaluz insisten en que no creen que sea necesario abrir esta comisión de investigación. El portavoz Mario Jiménez acusó al PP de hacer “la política de la tinta del calamar y emborronarlo todo” y a los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, se hacer “seguidismo de la vieja política”. Los socialistas no desvelan aún si a pesar de este discurso mantendrán su no a la comisión de investigación o si, como todo apunta, virarán al sí para no quedarse solos en la Cámara. Fuentes socialistas admiten que ya tienen asumido que se abrirá la comisión en el Parlamento y no descartan tratar de pactar los contenidos previamente con Ciudadanos, que ya ha dicho públicamente que pedirá la investigación. El PSOE prefiere que este partido dirija las comparecencias en lugar del PP con el objetivo de blindar a la presidenta Susana Díaz de esta presunta estafa millonaria.

La Junta limita el fraude a 79 millones

En paralelo, la Junta sigue investigando expediente a expediente las miles de ayudas concedidas en Andalucía en 2007 y 2008. Los 8.505 expedientes de los cursos vuelven a sufrir una nueva mudanza y han pasado en el nuevo Ejecutivo de la Consejería de Educación a la de Empleo. El Gobierno andaluz está enrocado en la teoría de que éste “no es un fraude masivo”, ha reconocido que ha pedido el reintegro de 20,8 millones de euros y el actual consejero, José Sánchez Maldonado, cifró en 79 millones de euros el dinero desviado. La investigación de la Junta se abrió en la primavera de 2014 tras saltar a la luz una redada de la Policía. Un año y medio después sigue sin ofrecer conclusiones determinantes. El riesgo de que prescriban los expedientes es real, según fuentes cercanas al caso.

La estafa de los cursos tiene varias vertientes abiertas en Andalucía. Por un lado se investiga a una amplia red de empresarios, muchos afines al PSOE. Otra de las “bolsas de fraude” señaladas por la juez Alaya apunta al dinero destinado por la propia Junta a través de entes públicos bajo sospecha como los consorcios de formación y la extinta Fundación de Empleo, Faffe, duramente señalada por la Cámara de Cuentas, que detectó un agujero en su contabilidad entre 2008 y 2009 de 49 millones de euros sin justificar. Además empresarios y sindicatos fueron regados con millones en subvenciones para la formación sin tener que concurrir a concurso público. La instructora de los ERE, pendiente de que el Consejo General del Poder Judicial determine su destino, quiere seguir adelante con este caso y ya ha señalado de nuevo a la cúpula de la Junta como responsable del fraude. Sin embargo, todo apunta a que Alaya será apartada definitivamente de esta instrucción que quedará en manos de su sustituta, María Núñez Bolaños. Varios jefes de departamento y directores generales han sido detenidos tanto por la Guardia Civil como por la Policía, que en los últimos meses han pugnado por llevar el control del caso.