El exjuez Garzón trabajó para un banco andorrano investigado por blanqueo

Baltasar Garzón fue contratado en 2013 por un banco de Andorra que figuraba en varias investigaciones por delitos económicos. El exmagistrado de la Audiencia Nacional elaboró un dictamen de contenido penal para la Banca Privada de Andorra (BPA), entidad financiera que figuraba en varias causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional contra algunos de sus directivos por blanqueo de capitales y evasión fiscal. Incluso, una de ellas, la operación Pretoria, había sido iniciada e instruida en el Juzgado Central de Instrucción número 5, del cual el magistrado había sido titular.

La BPA, junto con Andbank, era asimismo la entidad andorrana en la que la familia Pujol mantuvo ocultos durante años varios millones de euros en una de sus cuentas. Cuando fue contratado por el banco andorrano, el exmagistrado ya había iniciado una nueva andadura profesional en el campo de la abogacía privada, al margen de la carrera judicial. Había sido condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por el caso de las escuchas telefónicas de la Gürtel y, por consiguiente, apartado de la Audiencia Nacional.

En 2012, Garzón se había colegiado como abogado en el Colegio de Sevilla y había abierto su bufete jurídico en Madrid a nombre de la sociedad Ilocad, siglas que esconden el rimbombante título de "International Legal Office for Cooperation and Development". El juez es el titular del cien por cien de sus acciones y su administrador único, aunque a él en su currículum le gusta presentarse como director de esa "oficina jurídica". La firma, según el registro mercantil, se dedica a "la intermediación profesional y gestión, desarrollo y ejecución de actividades propias de la abogacía".

El exmagistrado también había puesto ya en marcha en diciembre de 2011 la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) con delegaciones en México, Colombia y otros países sudamericanos, como informó El Confidencial.

Pero en las fechas en las que el magistrado fue contratado por la Banca Privada de Andorra se daba la circunstancia de que la Policía española, la Guardia Civil y el FBI norteamericano investigaban a clientes de bancos andorranos, entre ellos la BPA, que utilizaban sus oficinas para blanquear capitales. Las pesquisas judiciales, desarrolladas principalmente desde la Audiencia Nacional, afectaban a algunos de los directivos de la cúpula de la entidad bancaria del Principado. Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron a El Confidencial que, aunque Garzón ya había abandonado como juez ese organismo judicial, podría haber incurrido en una incompatibilidad, "al menos por estética", añadieron.

Un caso ajeno a España, según Garzón

Garzón reconoció a El Confidencial que llegó a elaborar un solo informe para un procedimiento penal que se seguía en Andorra contra uno de los clientes de la Banca Privada de Andorra. "Era una actividad procesal de allí y desconozco qué importancia llegaron a darle, finalmente, a mi trabajo. Esa fue mi única relación contractual con la BPA", señaló.

El exmagistrado quiso resaltar que su participación como experto jurista no tuvo ninguna relación con casos abiertos en la Audiencia Nacional. "Sólo puedo indicar que el encargo nada tenía que ver con mis casos judiciales de mi época de juez. El trabajo era sobre un cliente del banco con una causa abierta en Andorra, pero no puedo decir nada más por mi obligación de mantener el secreto profesional".

El Confidencial intentó durante dos meses asimismo recabar la versión de la dirección de la Banca Privada de Andorra, pero sus responsables de comunicación jamás contestaron a nuestros requerimientos. Un portavoz de ese departamento tomó nota de las preguntas sobre las relaciones profesionales entre el banco y Garzón, pero sólo recibimos la callada por respuesta.

Pero esa no era la primera vez que Garzón mantenía una relación directa con el banco andorrano. El magistrado se desplazó a Andorra la Vella en diciembre de 2010 a impartir una conferencia sobre blanqueo de capitales y crimen organizado. El acto estaba organizado por la Banca Privada de Andorra, que fue la que invitó al juez. El magistrado ya había sido inhabilitado, provisionalmente, seis meses antes por el Consejo General del Poder Judicial por la investigación de los crímenes del franquismo. En la fecha de su desplazamiento al Principado, ocupaba el cargo de consultor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya.

No obstante, la misma conferencia había sido programada para febrero de 2009, cuando Garzón era titular del Juzgado e investigaba el caso Pretoria, pero tuvo que ser suspendida a última hora por una gran nevada en Andorra que impidió el desplazamiento de los invitados.

Conferencia sobre Andorra

En su alocución Garzón manifestó que Andorra disponía de "legislación adecuada para hacer frente al fraude fiscal". Las palabras eran pronunciadas unos meses antes de que, el 10 de febrero de 2011, entrara en vigor el Acuerdo Internacional de Información entre España y Andorra, que obligaba a las autoridades del Principado a colaborar con la Justicia española en los casos abiertos por delitos económicos y, al mismo tiempo, permitía operar a los bancos andorranos en España.

Sin embargo, la firma de ese acuerdo era todo un espejismo ya que no servía para impedir el blanqueo del dinero de la corrupción, como se demostró después con los fondos de la familia Pujol, que llegó a acumular en Andorra hasta 8 millones de euros. Sólo, entre diciembre de 2010 y enero de 2011, los Pujol ingresaron 3,4 millones en la Banca Privada de Andorra, paradójicamente en las mismas fechas en las que Garzón dio su charla.

Baltasar Garzón era el magistrado que había instruido, en 2009, en la Audiencia Nacional el caso Pretoria, entrelazado con el caso Privanza, que afectaba a dos de los más estrechos colaboradores de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. El magistrado ordenó el bloqueo de dos cuentas que Macià Alavedra, el ex hombre fuerte del expresidente de la Generalitat, disfrutaba en Andorra con dos millones y medio de euros.

En un documento público redactado por el propio Garzón con sus datos curriculares, este reconoce, entre sus méritos, que en 1999 dirigió la Operación Pretoria, según sus propias palabras, "relacionada con una importante trama de corrupción en Cataluña y otras comunidades". En esa época también puso en marcha la Operación Princesa, según el juez, sobre "el blanqueo de capitales entre Andorra, España y EEUU", que sirvió para aflorar un fraude de 15 millones de dólares. Otras operaciones con conexiones con Andorra son la Mármol Rojo y la Clotilde.

En ese mismo documento, Garzón mantiene que el ámbito de actuación de su despacho jurídico Ilocad se extiende, entre otros países, a Andorra y Angola.