ERRORES en los procesos judiciales

Injusticias de la Justicia: “Fue una tortura pasar 21 meses en la cárcel”

El Estado resolvió más de 9.000 expedientes por el mal funcionamiento de la Justicia en los últimos 17 años. Solo fueron estimados uno de cada seis, con un coste de 50 millones

Foto: Montaje: Carmen Castellón.
Montaje: Carmen Castellón.

El camerunés Alain Ngui Bodok empleó los ahorros familiares de una vida para llegar a Europa y acabó encerrado en una celda durante 21 meses. Una zodiac lo había trasladado desde Marruecos hasta las costas españolas a finales de 2014, al igual que hicieron miles de inmigrantes ese mismo año. Su nombre habría pasado inadvertido para las autoridades y los medios si no le hubieran acusado de haber matado a seis compañeros de expedición y enfrentarse a 90 años de prisión por ello.

Medio centenar de personas habían partido de la localidad marroquí de Nador, muy cercana a Melilla, pero solo 28 llegaron vivos a tierras del Cabo de Gata (Almería) en una travesía de tres días con mal tiempo y fuerte oleaje, sin comida ni bebida. Tras cuatro meses de espera en Marruecos para saltar a Europa, Bodok pagó 1.600 euros por el trayecto. Sobre la ‘patera de la muerte’, la prensa informó en caliente. Se escribió que Bodok era musulmán y que había actuado por la ira que le habían provocado las plegarias de un pastor cristiano, al que supuestamente golpeó y arrojó al mar junto a otros pasajeros de la embarcación.

Un jurado popular lo exculpó en otoño de 2016. Bodok, nacido en 1980, había pasado 21 meses en prisión preventiva. También resultó falso que fuera musulmán. Es católico y hoy vive en Bélgica. “Sufro continuas crisis nerviosas desde entonces y muchas veces tengo ganas de morir”, dice desde su casa de Bruselas. Ahora no tiene dinero ni para pagarse las terapias psicológicas que le ayudarían a recuperarse del trauma. Está enojado: “La Justicia en España está corrompida, solo aplica lo que le dice la policía”.

Alain Ngui Bodok celebra su absolución junto a su abogado. (M.L)
Alain Ngui Bodok celebra su absolución junto a su abogado. (M.L)

Su abogado, Esteban Hernández, presentará un recurso de casación para que Bodok sea indemnizado por el mal funcionamiento de una Justicia que lo mantuvo entre rejas para arrebatarle parte de su juventud. “Se investigó muy mal, todo fue muy chapucero. Te juegas todos los ahorros de una vida y acabas acusado de seis homicidios”, dice el letrado.

El caso de este inmigrante camerunés no es un hecho aislado. Entre 2000 y 2016, la Administración de Justicia resolvió 9.227 expedientes por sus errores, de los cuales sólo fueron estimados 1.501, según los datos oficiales publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y contrastados con los remitidos por el Ministerio de Justicia a este diario en respuesta a una solicitud de información pública.

El mal funcionamiento de los tribunales causa un doble perjuicio: uno primero porque viola los derechos fundamentales de los damnificados; y en segundo lugar porque la Administración debe reparar económicamente a las víctimas con dinero público. El costo de las indemnizaciones en el periodo 2000-2016 rozó los 50 millones de euros, una cifra equivalente a todo lo que invertirá el Estado en teatro en 2017.

“Echo de menos que la sociedad sea más crítica con el mal funcionamiento de la Justicia y con sus errores, ya que todo el dinero que se emplea en indemnizaciones se podría invertir en Sanidad o Educación”, opina el abogado de Bodok.

El laberinto burocrático de las indemnizaciones

Al Estado le cuesta indemnizar. Pone muchas trabas administrativas. Solo una de cada seis reclamaciones presentadas en el periodo 2000-2016 fue finalmente estimada. Incluso en hechos de extrema gravedad por los daños causados se rechaza el recurso de las víctimas de los errores de la Justicia. El caso paradigmático es el de Dolores Vázquez, encarcelada 519 días por el asesinato de Rocío Wanninkhof, sucedido en 1999, y del que finalmente resultó absuelta. Solicitó cuatro millones de euros de indemnización por los daños causados, pero en 2015 el Tribunal Supremo la desestimó por un defecto de forma en la tramitación del recurso.

El abogado penalista José Martín abunda en la idea de que la Administración alega muchas causas para desestimar los recursos de indemnización, como “una excesiva demostración de que se ha causado un daño cuando ese perjuicio es de por sí evidente, también se provoca el defecto de forma o se delimitan mucho los plazos de actuación”.

Tres son las causas genéricas que conllevan una indemnización económica para los damnificados: anormal funcionamiento de la Justicia, que incluye varias figuras como el extravío de documentación o retrasos no justificados en un proceso o una detención injustificada; el error judicial, cuando un magistrado adopta un resolución no ajustada a la ley; y la prisión preventiva indebida porque la persona fue finalmente exculpada.

Las personas perjudicadas por las equivocaciones judiciales pueden solicitar indemnización por vía administrativa ante el Ministerio de Justicia y, en caso de desestimación, tienen la opción de acudir a los tribunales por la vía contenciosa-administrativa.

Datos inquietantes

Entre los datos que publican el Ministerio de Justicia y el CGPJ hay algunos que resultan llamativos, sobre todo, los relativos a equivocaciones que causan graves perjuicios a los procesados. El camino burocrático es tortuoso hasta lograr que un expediente sea siquiera admitido a trámite. Así, de los 3.318 expedientes iniciados por prisión preventiva indebida entre 2010 y 2016, solo 110 fueron estimados en ese periodo. Y de las 710 reclamaciones admitidas por errores judiciales graves, solo 39 llegaron a buen puerto en esos años, es decir, el 5,5%.

Asimismo, llama la atención que hasta 2011 nunca se habían iniciado más de 52 expedientes por error judicial grave, pero en el quinquenio 2012-2016 el promedio anual es de 93. ¿Se estimaron más reclamaciones en ese periodo? No, solo 18 entre los 464 iniciadas. A pesar de que el error judicial es un hecho grave. José Martín enfatiza que “la única diferencia entre un error judicial y una prevaricación es el dolo”, es decir, que el juez haya violado la ley de forma voluntaria.

La tendencia creciente de errores es una curva negativa para la ciudadanía. Algunos expertos ven problemas sistémicos en la Justicia española que están por resolver. “Vivimos en un sistema que no funciona, sobre todo porque no hay medios suficientes y la dilación de los procesos causa daños irreparables a los investigados”, señala Luis Martí Mingarro, jurista y exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

El abogado Esteban Hernández indica que en España “no se abren comisiones de investigación que analicen los casos más flagrantes y así paliar en la medida de lo posible los errores judiciales, pero faltan medidas y ganas por evitar daños futuros. En el modelo anglosajón sí existen esas comisiones”.

Casos estrambóticos

Hay otros casos más recientes que el de Dolores Vázquez. El argelino Zelmat Salah fue víctima de la Operación Nova que instruyó el juez Baltasar Garzón y que procesó a 30 presuntos yihadistas por planear la explosión de un camión-bomba contra la Audiencia Nacional, entre otros objetivos. Finalmente, sólo fueron condenados en firme cinco imputados. En 2008, Salah fue sentenciado a siete años de prisión por la Audiencia Nacional, pero ese mismo año el Tribunal Supremo lo absolvió de todos los cargos.

Entretanto, había pasado 1.270 días en prisión. Tras la absolución, solicitó una indemnización de 487.000 euros, por vía administrativa al Consejo de Estado y al Ministerio de Justicia y por la contencioso-administrativa a la Audiencia Nacional. Todas las instituciones desestimaron la petición porque se había relacionado con los condenados. Pero el Tribunal Constitucional (TC) resolvió en enero pasado admitir el amparo por vulneración del derecho a su presunción de inocencia y anuló las desestimaciones anteriores.

Sin embargo, su abogado, Joaquín Sirera, muestra su insatisfacción porque el Constitucional no reconoce el derecho a la indemnización que tendrá que seguir disputando, ya que el fallo no desvincula a Salah totalmente de los condenados por simpatizar con su ideología. Les queda el recurso de amparo, pero es una trampa porque eso les conduce al laberinto de la Administración española, no permitiéndoles así acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos al no haber agotado la vía nacional.

Sirera es pesimista porque el Ministerio de Justicia sigue poniendo trabas para que Salah cobre la compensación: “Es una causa política. La opinión pública no vería bien que un acusado de yihadismo reciba una indemnización alta”. Añade: “No tiene sentido que los absueltos arrastren con la pena de la no inexistencia del delito. Es como si te arrestan junto a tres atracadores de un banco, tú los conoces de antes, pero no tienes nada que ver con el atraco y al final del proceso no reconocen tu plena inocencia”.

La memoria en la red hace un daño irreparable, aunque finalmente seas absuelto, porque se viola la cultura de la inocencia

Otro caso de prisión preventiva indebida fue el de Marcus August Baier, un ciudadano alemán detenido en 2003 en la provincia de Almería por transportar, según la instrucción judicial, 30 kilos de cápsulas de una sustancia considerada inicialmente como morfina. La experta que actuó en el juicio dijo que no eran cápsulas, sino amapolas de la planta del opio con las que se habrían conseguido 11,8 gramos de morfina como máximo si el acusado hubiera contado con un laboratorio.

Baier penó 14 meses en prisión preventiva para luego ser absuelto en 2004 por la Audiencia Provincial de Almería. En febrero pasado, el TC admitió el recurso de amparo que habían desestimado otras instancias y abre la opción de seguir solicitando una indemnización de casi 162.000 euros. Baier falleció en 2015. Su novia, quien prefiere ocultar su nombre, habla por él: “Él cogía amapolas para hacerse infusiones, nada más”. Y añade: “Los meses de cárcel fueron una gran injusticia, tuvo problemas para encontrar trabajo al salir y su padre nunca lo perdonó, esto le hizo daño”.

Para Martín Mingarro, la irrupción de internet, “una caverna global”, ha acentuado los defectos sistémicos de la Justicia y los ha hecho más explícitos. Especialmente en casos que tienen un impacto mediático como el de Dolores Vázquez o el del Alain Ngui Bodok. “La memoria en la red hace un daño irreparable, aunque finalmente seas absuelto, porque se viola absolutamente la cultura de la inocencia”, asegura el jurista Alfonso Reclusa. Y concluye: “La hipotética indemnización que se pueda conseguir es secundaria”.

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