DIEGO PASTRANA EXIGE 3 MILLONES A ABC POR LLAMARLE “ASESINO”

Sin derecho a la presunción de inocencia: cuando la sociedad condena sin pruebas

Diego Pastrana fue detenido, encarcelado y puesto en libertad al tercer día con una palmadita en la espalda y un lo siento que jamás podrá reparar

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Sin derecho a la presunción de inocencia: cuando la sociedad condena sin pruebas
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    Diego Pastrana fue detenido, encarcelado y puesto en libertad al tercer día con una palmadita en la espalda y un lo siento que jamás podrá reparar el drama personal de un inocente “condenado” policial y socialmente sin ningún tipo de pruebas. En un Estado de derecho con garantías constitucionales, su caso aún permanece en la retina de muchos ciudadanos. El joven, de 25 años, fue acusado de haber violado, abusado y maltratado a Aitana, la hija de su compañera sentimental, que moriría pocos días después de haberse caído de un columpio mientras jugaba en un parque infantil. Nadie creyó su versión hasta que 72 horas después el juez le puso en libertad sin cargos.

    Para entonces ya era tarde. La condena popular, que se ceba siempre con aquellos casos en los que hay niños de por medio, ya había dictado su veredicto. La Guardia Civil difundió corriendo el escándalo y la sociedad canaria se conmocionó de inmediato. Para colmo de desmanes, el diario ABC forraría los quioscos de toda España con una portada en la que retrataba el gesto cabizbajo de Diego con un titular inapelable: “La mirada del asesino”.  

    “El tema sigue igual. Primero se detiene a la gente, se la mete en el calabozo y, después,  se investiga”, explica a este diario el abogado de Diego Pastrana, Placido Peña. “Después, se dan cuenta que se han equivocado, te dicen que no pasa nada y te piden disculpas. Es una quiebra del sistema constitucional de este país porque se ha perdido la presunción de inocencia”.

    El caso de aquel joven al que un accidente fortuito, una sucesión de errores médicos y una condena popular le arruinaron la vida recuerda mucho a lo ocurrido esta misma semana en Murcia, tras la detención express del presunto agresor del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz. Otra vez el mismo guión infame. José David Baño ha pasado de verdugo a víctima en solo 80 horas. Ni fue identificado por el consejero del PP,  ni estaba en el lugar de los hechos según la ubicación de su teléfono móvil, ni era un joven de ultraizquierda radical. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,  llego a decir que el consejero había reconocido a uno de los tres agresores sin que se sepa muy bien qué tipo de información tenía para apuntar tal hipótesis.

    “Me gustaría que los policías, los políticos y los jueces pasarán por cualquier calabozo de España para ver el daño psicológico que una detención sin pruebas puede ocasionar”, explica el abogado de Diego. “Te mezclan con auténticos delincuentes, porque, en este país, sin preguntarte nada y sin ningún tipo de investigación, uno puede acabar en el calabozo. Eso así es propio de un estado nazista. La detención durante 72 horas tenía un sentido en casos de enorme gravedad relacionados con el terrorismo. El problema es que esa práctica se ha generalizado de tal manera que se produce un fraude de la propia ley de enjuiciamiento criminal”.

    ¿Y cómo se recompone el honor perdido, si es que algo puede paliar los daños causados sobre unas personas que, de por vida, llevarán una pesada losa a cuestas? En el caso de Diego Pastrana y en otros tantos casos como el de Dolores Vázquez, encarcelada durante 17 meses por el caso Wanninkhof, solo queda recurrir a la misma justicia que consiente estos atropellos. Aunque justicia tardía no es justicia o es la máxima injusticia, como suelen decir los manuales de Derecho.

    Una querella contra 'ABC' por 3 millones

    “En España, en el 90% de los casos solo se indemniza a gente que ha cumplido penas de régimen penitenciario por error, pero no si han pasado 72 horas detenidos en un calabozo”, explica Placido Peña, quien lucha ahora en los tribunales para que los medios de comunicación que acusaron a su cliente respondan de sus actos. El abogado ha presentado sendas querellas contra el diario ABC y contra Onda Cero y su tertuliana, Pilar Rahola, a quien piden 300.000 euros “por linchar mediáticamente a Diego de una forma muy desconsiderada”.

    “En cuanto a ABC, queremos que publique una rectificación en portada, con la misma difusión, claridad y contundencia que la que publicó contra Diego. Le pedimos también tres millones de euros en concepto de indemnización, porque ha sido unos de los ejercicios más lamentables de periodismo y se merece una respuesta más contundente de lo normal. Los abogados de Jaime de Marichalar han solicitado 1 millón de euros a la revista Época por llamarle “cocainómano”. En este caso, el daño que se le hizo a Diego fue mucho mayor y merece que seamos contundentes”.

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