LA EJECUCIÓN DEL FALLO ESTá EMPANTANADA

Nadie asume ahora las 'herriko tabernas': llevan dos años abiertas tras ser ilegalizadas

La Audiencia da un ultimátum al Ejecutivo y le exige que designe ya al organismo encargado de decomisar las 103 tabernas. Pide a la Ertzaintza un informe sobre cuáles siguen abiertas

Foto: Miembros de la Guardia Civil registran en 2014 una 'herriko taberna' en Bilbao. (EFE)
Miembros de la Guardia Civil registran en 2014 una 'herriko taberna' en Bilbao. (EFE)

La herriko taberna tiene toda la parafernalia. Hay un cartel enorme con las fotos de carné en blanco y negro de presos de ETA bajo la palabra AMNISTÍA, una hucha para ayudar al bar y otra para los presos de ETA. Al fondo, un mural recrea el bombardeo de Gernika por parte de la aviación nazi hace justo 80 años. Arriba en la esquina, un póster con el perfil de Euskadi y la cara de Fidel Castro dentro del mapa. Esto es Larrabetzu, en el interior de Vizcaya, un pueblo de 2.000 habitantes en el que los seis concejales son nacionalistas: seis de Bildu y tres del PNV. La tortilla de patatas es excelente y la caña, por su tamaño, un cañón. En la terraza hay gente tomando su cerveza bajo un sol muy agradable.

Esta es una de las 103 'herriko tabernas' que el Supremo ordenó decomisar en junio de 2015. Pero casi dos años después de que la sentencia sea firme aquí apenas se nota nada. El que la regenta se muestra amable con el forastero: "Este local lo compró el pueblo hace tiempo. Desde que salió la sentencia no ha pasado nada. Estamos esperando. Hemos recurrido a Estrasburgo". "Nosotros hemos tomado otro camino, es de la paz, pero España sigue en guerra", afirma mientras tira una cerveza. Como esta, la mayoría de esas 'herriko tabernas' siguen abiertas.

Justicia dice que no es su competencia encargarse del decomiso. Hacienda no lo ha decidido

El caso de las 'herriko tabernas' comenzó en 2002. En plena ofensiva etarra, la Audiencia Nacional abrió un polémico y complejo proceso contra los bares nacionalistas. No contra todas, sino contra aquellas que aparecían en documentación de ETA. En 2013 comenzó el complejo juicio. No solo se juzgaba a dirigentes de la izquierda 'abertzale' como Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Karmelo Landa, Juan Cruz Aldasoro y Joseba Álvarez, sino a unas 110 asociaciones del País Vasco acusadas de financiar a ETA.

Según el fallo del Supremo, que ratificaba una sentencia de la Audiencia Nacional, este grupo de las 'herriko tabernas' aunque "bajo la apariencia que les daba configurarse como asociaciones legales, desarrollaban una función delictiva, mediante la aportación económica con que contribuían a las estructuras de ETA". Eso fue en 2015, 13 años después de comenzada la operación, pero el caso aún no había terminado. Faltaba lo más difícil: ejecutar el fallo.

Para desesperación de los jueces del caso, la sentencia se ha eternizado entre peticiones de aclaración sobre el alcance del fallo y la lentitud de la Administración. La Audiencia Nacional exigió el pasado 29 de marzo a los dos organismos encargados que se pueden ocupar del comiso y subasta de los bienes que decidan si se hacen cargo. El magistrado Julio de Diego, uno de los magistrados de la Gürtel, fue ponente de una resolución que requería a la Oficina Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) de Justicia y a la direción general de Patrimonio, de Hacienda, que "a la mayor brevedad informen sobre su disponibilidad para llevar a cabo la gestión de los bienes y su destino conforme a la sentencia".

La Audiencia ha pedido un informe a la Ertzaintza sobre cuántas siguen abiertas casi dos años después de que fuesen ilegalizadas en firme

La justicia se ha encontrado con que no sabe a quién pedirle que asuma las 'herrikos'. En septiembre pasado, el abogado del Estado consideró que era un tema de la ORGA, pero dos meses después la fiscalía consideró que lo suyo es que fuese Patrimonio. No se trata de disolver las asociaciones culturales que ostentan las 'herrikos' –algo que ha denegado el tribunal–, sino de confiscar sus bienes y subastarlos.

El problema es que la ORGA, de Justicia, dice que el caso no es suyo. Una portavoz argumenta que la oficina se creó en octubre de 2015 y que solo asume bienes posteriores a esa fecha. Así que considera que se ha librado por unos meses. Cuando en octubre de 2015 fue inaugurada, Rajoy resumió los objetivos de esa oficina: "Si tuviera que resumir lo que hacemos este viernes, sería crear una oficina para que ningún delincuente pueda disfrutar de lo que ha robado y dedicar los recursos que se incauten a fines sociales". La dirección general de Patrimonio, dependiente de Hacienda, no había decidido hace unas semanas si puede hacerlo. En la Administración nadie quiere ser quien se haga cargo de semejante problema, según fuentes próximas al caso.

Roberto R. Ballesteros

Para intentar cumplir de una vez el fallo, la Audiencia ya pidió el pasado 8 de marzo un informe a la Ertzaintza "sobre la situación actual de todas y cada una de las 'herriko tabernas' que fueron objeto de comiso en las presentes actuaciones (si se encuentran operativas, en funcionamiento diario, fines de semana, festividades locales... o si se mantienen cerradas por alguna circunstancia exógena al procedimiento como pudiera ser adjudicación a terceros por ejecución hipotecaria, reclamación de pagos de comunidad, desahucio por falta de pago, etc.)".

Fuentes de la Asociación Dignidad y Justicia, personada en el procedimiento, piden que se cumpla cuanto antes y se acabe con esto. "No podemos llevar dos años ya sin saber quién se hace cargo de las 'herriko tabernas'. Deberían decidirse ya". Dichas fuentes creen que lo ideal es que fuese la ORGA, que es quien tiene los medios para eso, pero en cualquier caso piden que se aclare ya. Un letrado de un grupo de 'herriko tabernas' cree que no es tan raro que hayan pasado dos años sin ejecución teniendo en cuenta las demoras judiciales en la Audiencia Nacional.

Problemas para los vecinos

Aunque muchas herriko tabernas siguen abiertas, otras han cerrado y/o se han mudado, lo que ha ocasionado problemas a algunos de los los vecinos. Como el Estado no se ha hecho cargo de los locales, no paga la comunidad y ha habido reclamaciones.

En otros casos, la Audiencia Nacional ha tenido que dar permiso para intervenir en locales con problemas de salubridad. Así ha ocurrido en Santutzi, donde el Ayuntamiento reclama 1.779 euros de saneamiento y desrratización de un local de una herriko abandonada. La dueña del local de otra herriko ha pedido a la Audiencia permiso para poder tomar posesión de él, ya que lo tenía alquilado pero la asociación dejó el local. Y así lleva dos años.

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