a cambio de contratos en república dominicana

El Canal pagó 1,5 millones en comisiones a través del intermediario del caso Odebrecht

Se trata de Ángel Rondón, socio del Canal en la Triple A Dominicana. Rondón montó una firma 'offshore' en Panamá con las mismas sociedades del ático de Ignacio González

Foto: Ángel Rondón e Ignacio González.
Ángel Rondón e Ignacio González.

Los tentáculos del caso Lezo, que salpican de lleno al Canal de Isabel II, se entrelazan peligrosamente con el caso Odebrecht, el gran escándalo de corrupción que implica a la constructora brasileña en el pago de sobornos en varios países suramericanos. La UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción creen que el Canal utilizó para pagar también comisiones a cambio de contratos al mismo empresario investigado por intermediar en las mordidas de Odebrecht. Según el auto del juez Eloy Velasco que mandó a prisión a Ignacio González, "el pago de las comisiones habría sido articulado a través de Ángel Rondón Rijo".

Como ya publicó El Confidencial a principios de febrero, antes de que se destapara la operación Lezo, Ángel Rondón Rijo es socio del Canal en la empresa Triple A Dominicana y montó una firma 'offshore' en Panamá utilizando las dos mismas sociedades que sirvieron a su vez para crear la empresa que fue dueña del dúplex que hoy pertenece al expresidente regional Ignacio González, imputado también por esta operación de compraventa en un juzgado de Estepona. Ángel Rondón es accionista de la Triple A Dominicana desde que esta se constituyó en abril de 2000 (aunque el Canal no compró parte de las acciones hasta febrero de 2002).

La Audiencia Nacional está investigando varias operaciones del Canal al otro lado del Atlántico en una doble vertiente. La primera, el desvío de dinero a los bolsillos de los implicados después de que el Canal comprara en Sudamérica varias empresas a precios bastante inflados, como pasó con la adquisición de la firma brasileña Emissao. Y la segunda, el pago de comisiones por parte de la filial suramericana del Canal (Inassa) a funcionarios a cambio de contratos públicos, comisiones que luego podrían revertir en parte a los directivos de Inassa

La Triple A Dominicana "habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales relacionadas directamente con contratos públicos adjudicados y ejecutados por esta empresa en República Dominicana", señala el auto de Velasco. Rondón habría canalizado el pago de las comisiones a través de una sociedad suya, Consultores y Contratistas Amiro Santana (Conamsa). El Canal, a través de Inassa, tiene el 52,81% de la Triple A Dominicana. El auto judicial destaca como la empresa de Rondón facturó a la Triple A en concepto de "asistencia técnica", 1,66 millones de dólares (1,54 millones de euros) en los años 2014 y 2015, "que se corresponderían con determinados porcentajes de los importes ingresados por Triple A provenientes de la ejecución de contratos públicos".

Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y uno de los principales detenidos. (EFE)
Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y uno de los principales detenidos. (EFE)

Es decir, los investigadores sospechan que la empresa de Rondón recibía esas comisiones facturando esas asistencias técnicas, comisiones que luego repartía entre los funcionarios dominicanos. Muy parecido a lo que se hacía en Odebrecht, donde se acusa a la constructora brasileña de pagar entre 2011 y 2016 al menos 788 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios de doce países, entre los que está República Dominicana. Se cree que en este último país Odebrecht entregó a Rondón a lo largo de varios años 92 millones de dólares (algo más de 85 millones de euros) que presuntamente acabaron convirtiéndose en sobornos.

Rondón es copresidente de la Triple A Dominicana, junto a Diego García Arias, que representa a Inassa (con sede en Colombia). García Arias es uno de los investigados en la operación Lezo y la Audiencia Nacional ha ordenado su detención a las autoridades colombianas. La empresa dominicana ingresa unos 9 millones de euros al año, aunque en 2015 (últimos datos) solo obtuvo unos beneficios de 54.000 euros. El principal cliente de la compañía sigue siendo la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, es decir, que el Canal gestiona el suministro de agua de la capital dominicana.

El ayuntamiento de Distrito Nacional es el segundo cliente por volumen de facturación. El Canal también gestiona el cobro de tributos en el ayuntamiento de Santiago de los Caballeros. En el año 2013 la compañía también ganó el contrato para instalar y gestionar 45.000 contadores de agua de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de la provincia de la Vega. El mismo tipo de contrato se ganó en junio de 2014 en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata.

La conexión a través de Mossack Fonseca

El nexo de unión entre Ángel Rondón y el ático de Ignacio González es el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas opacas. Ángel Rondón, su mujer Zunilda Marte y la hija de la pareja, Angelina Rondón, son los accionistas de la firma panameña Lashan Corp, creada en noviembre de 2002. La legislación de Panamá establece que para poder crear una nueva sociedad es necesario que dos testigos o suscriptores estén presentes en el acto de inscripción de la compañía en su registro mercantil. Mossack Fonseca eligió para la creación de Lashan a Dulcan Inc. y Winsley Inc. Dulcan estuvo representada por Letizia Montoya, que fue secretaria de Lashan Corp.

Como ya adelantó El Confidencial en febrero de 2013, Dulcan Inc. y Winsley Inc. son también los suscriptores que utilizó Mossack para montar otra sociedad panameña, Waldford Overseas Investment Ltd. Esta firma es a su vez es la tenedora de las acciones de Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. Coast adquirió en el verano de 2008 el ático de lujo que Ignacio González estuvo alquilando varios años y que luego acabó comprando en diciembre de 2012 tras destaparse que disfrutaba de un dúplex de lujo en la urbanización malagueña de Guadalmina. La justicia investiga si el inmueble siempre perteneció a González y si Waldford y Coast eran en realidad dos sociedades pantalla para ocultar la verdadera identidad del titular del ático.

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