Interior paraliza 'in extremis' la expulsión del joven marroquí que podría ser menor

Salvado en el último momento. La expulsión del joven de nacionalidad marroquí prevista para mañana a las 06.45 horas en un avión destino a Marruecos ha sido paralizada. Las dudas sobre su mayoría de edad han retrasado la decisión del ministerio del Interior tras la aportación de nuevas pruebas. La expulsión contradecía la petición de Naciones Unidas que instaba al gobierno a su ingreso en un centro de menores hasta que se aclare su situación. Hasta ahora, las pruebas óseas realizadas por la Fiscalía no coincidían con la documentación aportada en cuanto a su mayoría de edad.

La ONG Pueblos Unidos alertó de la situación del chico, que llegó a Lanzarote el día uno de enero en una patera. Ante la duda de que pudiera ser menor de edad, la Fiscalía decretó en un primer momento su ingreso en un centro de menores y una prueba para estimar su edad, que determinó por una radiografía maxilar que era de 18 años. Sin embargo, la fiabilidad de estas pruebas se ha puesto en duda por parte del Tribunal Supremo y la ONU en otras ocasiones por su alto margen de error y especifica que por su carácter invasivo no se lleve a cabo si existen otros indicios que acrediten la edad.

El joven ya tenía una orden de extradicción para el pasado día tres que se ha pospuesto hasta mañana

No ha sido el caso, puesto que el mismo día en el que se decretó hacerle la prueba, la Policía encontro el certificado de nacimiento en la patera en la que viajó, y en la que figuraba que su edad era realmente de 16 años y tres meses. Sin embargo, el documento no fue considerado hábil por la Fiscalía canaria porque no contenía fotografía y fue enviado al CIE de Aluche, en Madrid, a la espera de su expulsión, que sería efectiva el pasado día tres de febrero.

Pruebas de su minoría de edad

A lo largo de la pasada semana, la ONG que defiende los derechos del menor que llego a España sin acompañamiento, ha obtenido nuevos documentos como el libro de familia que “acreditan sin lugar a dudas que corresponden al chico y que éste es menor de edad". En ese caso, según la legislación española los menores tienen derecho a tutela administrativa y a un permiso de residencia en España.

Además, ante la inminente devolución, la ONG se dirigió al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, quien dictó el pasado día dos una resolución por la que insta al gobierno a no expulsarle y ser enviado a un centro de menores mientras revisan su situación. También el Defensor del Pueblo se ha pronunciado contra su expulsión.

“No entendemos por qué la Fiscalía se ha enrocado en esta situación, a pesar de las pruebas que demuestran la minoría de edad”, explica Santiago Yerga, portavoz de la ONG que pertenece el Servicio Jesuita a Migrantes en España y desde donde consideran que esta medida “supone una actuación que vulnera los tratados internacionales suscritos por España en materia de derechos del niño y el propio ordenamiento interno, así como supone un desprecio a las resoluciones dictadas por la Organización de Naciones Unidas”.

Según informaron las autoridades a la organización, la única manera de demostrar su minororía de edad es con un pasaporte o con el carnet de identidad de Marruecos, algo que para ellos no tiene sentido: "No tienen en cuenta que un menor no tiene obligación de tener carnet, además España tiene un acuerto bilateral con Marruecos por el que los documentos de registro de un país son reconocidos en el otro", justifica Yerga.

En un primer momento, el Ministerio del Interior había confirmado a este periódico que la expulsión se iba a ejecutar para cumplir con los dos decretos de la Fiscalía de Canarias. "La indicación de la ONU carece de efectos jurídicos, lo que se tiene en cuenta es lo que dice la Fiscalía", aseguraron fuentes del Ministerio. Sin embargo, en la tarde del martes, han informado de que la Fiscalía paralizaba la expulsión por la aportación de nuevas pruebas por parte del abogado del joven. Su situación queda suspendida hasta que se estudien los nuevos documentos.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ya ha denunciado en el pasado que España somete a los menores migrantes a pruebas médicas de edad “indiscriminadamente”, una práctica ilegal.