la UCO encuentra documentos con las mordidas

La 'mafia cañí' del PP valenciano: comisiones del 3%, blanqueo en el fútbol y donaciones B

La Guardia Civil ha conseguido diseccionar el funcionamiento de la trama que crearon dirigentes del PP para enriquecerse y alimentar la caja B de la formación mediante el cobro de mordidas por contratos
Foto: El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. (EFE)
El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. (EFE)

La trama corrupta que presuntamente encabezaba Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia (2007-2015) y del PP provincial (2004-2015), habría estado cobrando de forma sistemática comisiones del 3% por las adjudicaciones que concedían las empresas públicas que tenía bajo su control, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la operación Taula, el operativo de la Guardia Civil que se saldó este martes con la detención de 24 políticos y empresarios vinculados al PP por su implicación en el fraude. El dinero se lo repartían los cabecillas de la red pero también habría servido para financiar la actividad ordinaria y las campañas electorales del PP. La Fiscalía Anticorrupción investiga la posible financiación ilegal del partido. 

La 'mafia cañí' del PP valenciano: comisiones del 3%, blanqueo en el fútbol y donaciones B

El funcionamiento de la red era sencillo y tenía poco de original, pero habría permitido a sus líderes acumular ingentes cantidades de dinero sin ser detectados por la Justicia ni los órganos de control de la Generalitat. La trama generó tantos ingresos en efectivo que sus cabecillas se vieron obligados a crear un entramado societario dedicado exclusivamente a blanquear fondos. Las empresas involucradas en esas ramificaciones, creadas y controladas en su mayoría por el propio Rus (Artinvest 2007, Promociones MR, Edificio Requena SL, ARS SL), fueron registradas en el operativo.  

Foto: C.D. Olímpic de Xàtiva.
Foto: C.D. Olímpic de Xàtiva.

Como en otros escándalos de la historia reciente de España, la red también habría recurrido al fútbol para lavar las mordidas. El foco se sitúa en este caso sobre el Club Deportivo Olímpic de Xátiva, un club que milita actualmente en el Grupo III de la Segunda División B y estuvo presidido por el propio Rus entre 2006 y 2014. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la sección del Instituto Armado responsable del caso, se personaron este martes en las dependencias del equipo en busca de información sobre las operaciones que habrían permitido a Rus y el resto de implicados blanquear las comisiones.

Coches de lujo y publicidad falsa

Aunque aún no disponen de todos los datos, los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil sospechan que el expresidente del PP valenciano utilizó esta entidad deportiva para facturar cantidades desorbitadas por servicios de publicidad inexistentes. El dinero entraba en las arcas del equipo ya lavado y luego se incoporaba al patrimonio personal de Rus. Operaciones de compraventa de jugadores están igualmente siendo investigadas.

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Los implicados en el caso también habrían blanqueado dinero convirtiendo las mordidas en bienes materiales. Los agentes están sorprendidos por la gran cantidad de coches de lujo que disfrutaban los implicados y que no se corresponden con los ingresos que habían declarado. La UCO ha solicitado al instructor de la causa el embargo de 150 automóviles para hacer frente a la hipótetica responsabilidad civil en que podrían incurrir los acusados.

Financiación ilegal del PP

Los fondos de las comisiones también habrían entrado en el Partido Popular. Fuentes próximas a la investigación aseguran que cargos y militantes del partido recibían dinero en negro de la red para que lo introdujeran en el partido a través de donaciones voluntarias aparentemente legales. Las mordidas se incorporaban de ese modo a la caja de la formación ya completamente lavadas y servían para financiar su funcionamiento y campañas electorales. En contra de lo que se ha informado, el dinero nunca se devolvía a los donantes. Además, los investigadores disponen de testimonios y pruebas que acreditarían la existencia de una caja B en el PP en el que entraba directamente el dinero de las comisiones. La vertiente valenciana del caso Gürtel ya acreditó la existencia de esa caja B.

Los líderes de la trama se sintieron tan impunes que habrían anotado minuciosamente cada uno de los pagos que hicieron para repartirse las ganancias. La información quedó reflejada en papeles que han aparecido en los registros de este martes y que ya están siendo analizados por los investigadores de la UCO. Fuentes próximas al caso atribuyen un enorme valor al hallazgo. Esperan que los documentos sirvan para identificar a nuevos implicados y acotar la dimensión del fraude.

Por ahora se desconoce el volumen total del saqueo, pero tendría proporciones millonarias. El gran negocio de la red eran los contratos que licitaban las empresas públicas Ciegsa e Imelsa y la Fundación Jaume II, así como otros entes dependientes del Ayuntamiento de Valencia, explican las fuentes consultadas. Rus consiguió infiltrar a políticos de su confianza en esos organismos y se aseguró de que amañaran sus licitaciones a cambio de comisiones que iban a parar a las cuentas de los responsables del engaño y del propio PP valenciano. 

Empresas que movieron más de 2.800 millones

Solo Ciegsa, el ente creado por la Generalitat valenciana para promover y construir centros educativos, habría dispuesto de 2.826 millones de euros de fondos públicos entre 2001 y 2014, según un informe de la Intervención que fue presentado la semana pasada. Es decir, que de confirmarse las sospechas de los investigadores, la red pudo obtener únicamente de esa sociedad 84,78 millones de euros con su tarifa del 3%.

La cifra definitiva será probablemente mayor. La otra gran empresa pública implicada, Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, manejó presupuestos millonarios durante el etapa de Rus para promover obras y servicios en municipios de toda la provincia: desde la construcción de campos de césped artificial a planes medioambientales, pasando por la ejecución de piscinas cubiertas, pistas de pádel y programas de eficiencia energética con la instalación de luces LED. La red también habría cobrado el 3% por esas licitaciones. Un informe forense de la consultora Grant Thornton incorporado al sumario del caso concluye que la red pudo mover más de 100 millones en contratos irregulares, como informó El Confidencial este miércoles.

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El gerente de Imelsa durante la época de Rus, Marcos Benavent, es precisamente el principal responsable de que haya estallado la trama. Aportó 10 horas de grabaciones a la Justicia que permitieron demostrar la existencia de irregularidades e iniciar las pesquisas que han desembocado en la operación Taula. Además de Rus, también fueron detenidos este martes el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exconsejero de Ciegsa Máximo Caturla; el exvicesecretario regional del PPCV y jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis; el exvicepresidente de la Diputación Juan José Medina; la exconcejala del PP del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón; el exsecretario autonómico de Educación y exvicesecretario de Organización del PPCV David Serra; el exgerente de la Fundació Jaume II Vicente Burgos, y el 'community manager' del PP de Valencia, Luis Salom, entre otros.

El caso apunta a Rita Barberá 

La lista podría aumentar en cualquier momento. La operación ha acabado estrechando el cerco sobre la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá (1991-2015), que no puede ser investigada por su condición de senadora. Sin embargo, las detenciones de varios de sus más estrechos colaboradores, como Alcón, el propio Rus y la secretaria del grupo municipal de PP, Mari Carmen García Fuster, y el exconcejal de Urbanismo Alfonso Novo, que también fueron arrestados, dejan a la dirigente popular en una situación crítica. Fuentes próximas al caso confirman que en el sumario figuran sólidos indicios que involucran a Barberá en el cobro de comisiones, pero la UCO no está autorizada a profundizar en esa línea de investigación.

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En total, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que dirige las pesquisas, ha imputado a 29 personas, entre las que figuran, además de políticos, 13 empresarios y dos arquitectos. Se les acusa de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, entre otros delitos. 

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