Aportó 375.000 euros en dos años

Una constructora investigada por sobornos, principal donante de la Fundación Garzón

Eurofinsa, investigada por la Fiscalía por un supuesto pago de sobornos a altos cargos del Gobierno de Angola, es el primer donante español de FIBGAR

Foto: El exjuez Baltasar Garzón, en una imagen de archivo. (Gtres)
El exjuez Baltasar Garzón, en una imagen de archivo. (Gtres)

La constructora Eurofinsa, investigada por la Fiscalía por un supuesto pago de sobornos a altos cargos del Gobierno de Angola, es el primer donante español de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR). La multinacional española, con presencia en más de una decena de países, subvencionó en 2012 a la ONG del exmagistrado de la Audiencia Nacional con 250.000 euros y con 125.000, en 2013. Garzón constituyó la Fundación FIBGAR en diciembre de 2011 tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por ordenar la grabación de las conversaciones de los imputados de la Gürtel con sus abogados en el locutorio de la cárcel de Soto del Real.

FIBGAR, cuyo lema es "en pro de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal", destaca entre sus objetivos el "compromiso de difundir, defender e impulsar los programas, principios, mecanismos y acciones (...) que fuesen necesarios para perseguir la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus formas" y en cualquier ámbito territorial o continente. Otros de los fines de la Fundación son la transparencia, la cooperación internacional y la "atención permanente por aquellos que están sufriendo las graves consecuencias de la crisis que no fue responsabilidad suya".

Entre los contribuyentes de FIBGAR, destacan además dos corporaciones mexicanas: Constructora Riogersa, una filial de Eurofinsa con tentáculos en México, que en 2012 aportó 19.087 euros, y la Fundación Aliter, que, en el primer año de existencia de la Fundación de Garzón, desembolsó la nada despreciable cantidad de 433.385,89 euros, como queda recogido en su memoria anual. Sobre sus recursos financieros, la fundación reconoce que se financia a través de donaciones privadas de las que el 85% proceden de "grandes donantes". En el apartado de la memoria de 2012, Balance y cuenta de Resultados, la fundación señala que "las principales partidas que forman el excedente del ejercicio son los donativos de particulares", que ascienden a 585.580,56 euros.

En el ejercicio correspondiente a 2013, además de las contribuciones de Eurofinsa, figuran como donantes "otros particulares" con 43.871,94 euros y la sociedad Ilocad, con 80.000. Esta última, de la que el propio Garzón es propietario y administrador único, fue constituida en 2012 en Madrid para albergar su bufete jurídico y canalizar los ingresos de sus actividades profesionales. Su objeto social es "la intermediación profesional y gestión, desarrollo y ejecución de actividades propias de la abogacía".

Garzón tiene además inscrita en el Registro Mercantil, desde mayo de 2014, otra sociedad, Iodic Inversiones, cuyo cometido es "la intermediación del comercio especializado en la venta de productos específicos". En ambas figura como apoderada su hija María Garzón Molina

Eurofinsa y los sobornos en Angola

La sociedad Eurofinsa, el segundo contribuyente de la fundación de Garzón, se vio sometida durante más de un año a una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía. El Ministerio Fiscal la acusaba de comprar con dinero, joyas y automóviles de lujo a las autoridades de Angola a cambio de obtener el contrato de un concurso público con el Instituto de Carreteras de Angola (INEA) por un importe de 300 millones de euros. Según la Fiscalía, la sociedad CCL Peninsular, filial de Eurofinsa, a través de un entramado de sociedades, abonó 16,5 millones a José Filomeno de Sousa do Santos, hijo del presidente de Angola.

La fundación del exjuez señala que 'las principales partidas que forman el excedente del ejercicio son los donativos de particulares', que ascienden a 585.580,56 euros

La empresa española, según las investigaciones de la Fiscalía, también habría entregado, entre otros bienes, tres automóviles Audi, valorados en 300.000 euros, al presidente del INEA (dos) y al ministro de Obras Públicas. La denuncia del Ministerio Fiscal iba dirigida contra Moisés Mauricio Toledano, Gerardo Ruiz y Víctor Ruiz, como responsables de Eurofinsa y contra el letrado del holding, Jaime Queipo de Llano. Toledano es el presidente y administrador único de la multinacional Eurofinsa, una sociedad constituida en 1977 y con participaciones en un entramado de sociedades como Riogersa, Ceddex, Europroperty, Altius Partners y AEE Power, entre muchas otras. El holding tiene una importante presencia en todos los continentes: Estados Unidos (Miami), Panamá, China (Beijin), Brasil (Sao Paulo), Angola (Luanda), Gabón (Libreville), República Dominicana (Santo Domingo), Francia (París), Georgia (Tbilisi), Indonesia (Jakarta)...

El asunto recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el juez Santiago Pedraz, en un auto fechado en mayo de 2011, ordenó su archivo con el argumento de que, aunque hubieran existido regalos, resultaba imposible determinar "que fueran para conseguir contratos", como informó El Confidencial.

Según el criterio del magistrado, las dádivas podrían deberse a "atención al cargo o por amistad subsiguiente". Asimismo, mantenía que no quedaba probado que el hijo del presidente angoleño se sirviera de esa relación para "influir en la concesión". Y, por último, concluía que, por la declaración de sus socios, "no cabía duda" de que los 16,5 millones se debían a un préstamo para comprar una casa en Londres.

El auto del magistrado, según informó en su día El Confidencial, provocó una gran sorpresa entre los fiscales y otras fuentes judiciales por los antecedentes de Pedraz, que siempre se había postulado como un defensor a ultranza de la justicia internacional, de la lucha contra la corrupción y, sobre todo, un fustigador de los políticos. Aquel caso de unos supuestos sobornos a mandatarios angoleños se ajustaba plenamente a sus principios jurídicos y a otros asuntos similares investigados en la Audiencia Nacional.

También resultaba paradójico que el empresario Toledano, presidente de la sociedad Eurofinsa, la segunda mayor contribuyente de la Fundación Garzón, fuera al mismo tiempo miembro del Consejo de Dirección de la Alianza Latinoamericana de la Universidad de Georgetown, donde el expresidente José María Aznar era uno de sus vocales e impartía clases sobre relaciones internacionales en uno de sus programas. Si en algo se había significado Garzón en su trayectoria como juez era en sus continuos ataques al expresidente del Gobierno.

La financiación mexicana

Pero la contribución más elevada obtenida por Fibgar procede de un organismo sin ánimo de lucro del otro lado del Atlántico, la Fundación Aliter. No ha sido fácil precisar datos sobre este grupo mexicano porque la memoria de 2012 de la ONG de Garzón no aporta ningún dato sobre su naturaleza y procedencia. Sólo se limita a mencionar su nombre junto a la casilla "apoyo general a la fundación" y la cantidad de 433.385,89 euros, muy distinto a lo apuntado sobre Constructora Riogersa que aparece junto a "México" entre paréntesis.

En el registro mercantil español figuran más de una docena de sociedades con la denominación Aliter, pero ninguna relacionada con la donación de los casi medio millón de euros. El Confidencial, sin embargo, ha podido situar el origen de la Fundación Aliter en México porque ese organismo, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Baja California, figuró como patrocinador del Foro de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos, celebrado en Tijuana en junio de 2012. El Foro, que recorrió varias ciudades mexicanas, estaba organizado por Antonio Navalón y dirigido por Baltasar Garzón.

Baltasar Garzón (centro) y Antonio Navalón (derecha), en la apertura del foro mexicano. (Efe)
Baltasar Garzón (centro) y Antonio Navalón (derecha), en la apertura del foro mexicano. (Efe)

Navalón, delegado de Prisa en América, fue quien consiguió para su amigo Garzón el curso que impartió en Nueva York con financiación del Banco de Santander. El bróker español, además, fue el intermediario de la fusión de Iberdrola y del caso Argentia Trust (Banesto), que provocó la primera condena de Mario Conde.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz participó en otro de los seminarios del Foro de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos, el organizado en Juárez (Chihuahua) durante los días 2 y 3 de mayo de 2012. Pedraz era presentado en el programa como juez "especializado en materia de narcotráfico, genocidio y lavado de capitales".

La Fundación Aliter A.C., según los documentos de la Administración mexicana, consultados por El Confidencial, tiene su sede en la calle Arquímedes 212 de Chapultepec Morales, en el Distrito Federal de México, y tiene como objeto "la defensa y promoción de los derechos humanos".

Santiago Pedraz, que también participo en el foro mexicano, archivó el caso de los supuestos sobornos de Eurofinsa, provocando una gran sorpresa entre los fiscales y otras fuentes judiciales

En el mismo domicilio y compartiendo un mismo número de teléfono también figura registrado el bufete de abogados Aliter Soluciones Legales, que se dedica, entre otros asuntos, a la intermediación en inversiones extranjeras, cuentas por cobrar, fideicomisos, mercado inmobiliario, propiedad industrial e intelectual. En su página web se presenta como "una empresa de servicios que ha construido su modelo de negocios basado en la incorporación de las mejores prácticas de la industria de los servicios legales y de gestión".

Baltasar Garzón Real, en el documento de presentación de la Fundación, afirma que "2012 pasará a la historia como aquel periodo en el que muchas ilusiones cayeron, demasiadas vidas quedaron truncadas por la desesperanza y la incomprensión, las instituciones políticas no protegieron a los ciudadanos, ni sus representantes fueron esos referentes que los tiempos adversos precisan". Y concluye: "La crisis económica se ha llevado por delante la confianza del pueblo en el sistema democrático" y la Fundación "no quiere ser un espectador indiferente a los problemas".

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