El juez del 'caso Bankia' abre la puerta a la imputación de Deloitte si el ICAC le multa

La auditora de Bankia durante la etapa de su colapso, Deloitte, se mantiene por ahora al margen de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional para depurar las posibles responsabilidades penales vinculadas con la fusión del banco y su posterior salida a bolsa. El instructor del procedimiento, el magistrado Fernando Andreu, acaba de dictar un auto en el que rechaza la imputación del socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, como había pedido una de las acusaciones populares. Sin embargo, el juez advierte en la misma resolución de que la situación procesal de la consultora cambiará si el expediente sancionador que le abrió el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por su actuación en Bankia termina siendo desfavorable.

La imputación de Celma fue solicitada antes del verano por la Condefederación Intersindical de Cajas (CIC), personada como acusación popular en el caso Bankia y en otros procesos judiciales relacionados con entidades financieras. La CIC presentó la petición tras conocerse que el ICAC, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, había realizado una inspección del papel de Deloitte en la caída de Bankia y que había concluido con la detección de posibles “infracciones muy graves”. En el peor de los escenarios, Deloitte se enfrenta a la pérdida de la licencia necesaria para poder operar en España.

“No hay nuevos datos”

La CIC pidió su imputación el caso Bankia tomando como referencia esas conclusiones. Pero Andreu se opone argumentando que, “no ha lugar, en el estado procesal en que se encuentra la causa, estimar la petición formulada”, porque a su juicio la acusación no ha aportado “nuevos hechos o datos que permitan formular una imputación concreta contra” el socio auditor de Deloitte. El magistrado recuerda que Celma ya declaró en calidad de testigo el pasado mes de febrero en el marco de esta causa, iniciada hace año y medio a raíz de una querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

No obstante, Andreu adelanta que las “conclusiones a las que pueda llegar” el expediente del ICAC pueden acabar provocando la imputación de Deloitte. En un auto reciente, el magistrado ya ordenó al organismo supervisor que le remita al Juzgado todos los datos del expediente que ha abierto a la auditora y que le informe también de cualquier otra actuación que afecte a la misma firma. Si estas diligencias arrojan un resultado negativo, Andreu se replanteará la situación de Celma, según se desprende de su último auto.

Las sanciones del ICAC sólo tienen consecuencias de tipo administrativo, aunque en el caso de las infracciones más graves las multas pueden conllevar la retirada de la autorización necesaria para poder ejercer como auditor en suelo español. Por ahora, el organismo dependiente del Ministerio de Economía sólo ha formulado su propuesta de sanción. Deloitte presentó alegaciones pero el dictamen definitivo aún no se ha comunicado.

Discrepancias en las cuentas

La declaración de Celma en la causa fue determinante para la evolución del procedimiento. El socio auditor de Deloitte negó que, como semanas antes había asegurado el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y los otros 32 exdirectivos imputados, no avisara a tiempo de la verdadera situación patrimonial en la que se encontraba la entidad. Según Celma, Rato y su equipo tuvieron constancia desde el primer momento de que Deloitte no iba a firmar las cuentas iniciales de 2011 que arrojaban un beneficio de 309 millones de euros por serias discrepancias en la valoración de los activos. Sólo avaló las cuentas reformuladas, ya con José Ignacio Goirigolzarri al frente de la entidad, en las que los supuestos beneficios iniciales de 309 millones de euros acabaron transformándose en pérdidas de 2.979 millones de euros. Celma también insistió ante Andreu en que los primeros resultados nunca tuvieron la rúbrica del Consejo de Administración de la entidad, un paso imprescindible para que puedan ser luego estudiadas por el auditor, según la normativa.

En los meses posteriores a la declaración de Celma, la vinculación de Deloitte con los hechos analizados en la instrucción judicial ha ido creciendo. Pero el juez aún no aprecia consecuencias penales en su actuación. Se apoya en la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 10 de septiembre se opuso a la petición del CIC. También Goirigolzarri, que hace una semana declaró que la actual dirección de Bankia no se plantea pedir la imputación de Deloitte, aunque el pasado mayo decidió prescindir de sus servicios y contratar a Ernst&Young. “Han sido muy profesionales”, declaró el actual presidente del banco sobre su antigua auditora.