La Cámara de Cuentas no auditó en diez años las transferencias de los ERE

La Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano con consejeros nombrados por el Parlamento, miró para otro lado en las transferencias de financiación, el método de reparto del fraude de los ERE. Durante una década no efectuó ni una sola auditoría al IFA (Instituto Fomento de Andalucía). “Es sorprendente que la Cámara de Cuentas, dentro de los programas de control de subvenciones que realiza, no haya efectuado ningún control del programa 31.L.”, criticó Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta de Andalucía, en su declaración del pasado jueves ante la juez Mercedes Alaya.

Este organismo, que prevé que el fraude de los ERE se eleve a 1.200 millones de euros, desarrolla, además del estudio de la cuenta general, un informe de control de subvenciones y audita determinados programas, pero a Gómez “no le consta” que haya auditado nunca, en ningún momento, la partida 31.L., el llamado fondo de reptiles, centrado exclusivamente en la concesión de subvenciones. “Resulta llamativo que la Cámara de Cuentas no hiciera nada”, señaló Gómez, que también acusó a Griñán de ser “pasivo” y no “importarle nada” los informes de auditoría.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, reconoció el pasado mes de mayo en una entrevista en Canal Sur Televisión que este organismo "podría haber hecho mejor su trabajo" para detectar irregularidades en los ERE. "No es fácil saltarse los mecanismos de control interno y externo; están para velar y garantizar el buen cumplimiento de la actividad financiera en el sector público, lo que no quita que haya espacios que no han sido regulados adecuadamente y han sido obviados en un momento dado con intención de cometer irregularidades, por lo que hay que tener mecanismos rápidos para corregir los fallos que se hayan podido detectar", destacó López.

La Junta llamó a la Cámara de Cuentas cuando se filtró un borrador de conclusiones sobre los ERE confeccionado por tres auditores y tres técnicos que implicaba al actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, en la financiación irregular de los expedientes. “A mí no me llamaron, pero sí llamaron a la Cámara”, recordó López, quien vio “lógico” el malestar del Gobierno andaluz porque la difusión del documento de trabajo lo dejaba en una situación de “indefensión”. En una entrevista concedida a ABC López defendió que en el informe definitivo se suprimieran los párrafos que afectaban a Griñán y las referencias a las posibles “responsabilidades penales” derivadas de la gestión las ayudas sociolaborales y a empresas.

Las reuniones broncas con la consejera Martínez Aguayo

Manuel Gómez, que puso contra las cuerdas a Chaves y Griñán por resaltar que el Consejo de Gobierno conocía el irregular procedimiento de las ayudas sociolaborales, nunca ha querido convertirse en el chivo expiatorio del fraude de los ERE. Y no se ha callado, ni en público (en la comisión de investigación, delante de la juez Alaya y en entrevistas en medios de comunicación), ni en privado. Por eso, se reunió en dos o tres ocasiones en 2012 con la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, cuando el ya exinterventor había dejado este puesto.

Gómez mostró su “más enérgica protesta por la manipulación que se estaba haciendo en el ámbito político del Informe de Actuación, queriendo ponerlo como inactividad de la Intervención”. El antiguo responsable de la Junta se quejaba de cómo la Consejería de Hacienda había utilizado con insistencia el argumento de que la Intervención hubiera informado favorablemente a las modificaciones presupuestarias.

La consejera de Hacienda intentó explicar a Manuel Gómez la posición del Gobierno, que no lo entendiera como una agresión

La consejera trató de explicar la posición del Gobierno, que no lo entendiera como una “agresión”, sino como una maniobra para intentar “templar gaitas”, pero Martínez Aguayo, según el relato de Gómez, no le ofreció “ninguna explicación convincente”. “Habiendo leído”, reconoció el exinterventor general, “detenidamente lo que se decía o se publicaba, nunca se han hecho imputaciones directas contra el Interventor, pero se sentía agredido En el fondo de la cuestión estaba la notoria discrepancia de criterios entre los órganos de presupuestación de la Junta y la Intervención General”.