El exinterventor de la Junta pone contra las cuerdas a Chaves y Griñán

Acorralados. Tanto Manuel Chaves como, sobre todo, José Antonio Griñán están contra las cuerdas. La declaración ante la juez Mercedes Alaya de Manuel Gómez, interventor general de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2010, deja a Griñán al borde de la imputación. Gómez remarcó que todo el Consejo de Gobierno de los Ejecutivos de Chaves y Griñán conocía el irregular procedimiento de la trama de los ERE falsos.

Según el relato del exinterventor general a la magistrada sevillana, el presidente del Gobierno andaluz (entonces consejero de Economía y Hacienda) recibió una alerta en 2005 de que existía un desfase presupuestario de 93 millones de euros que “trastocaba el presupuesto general” de la Junta. No fue la primera vez. Gómez alertó al menos otras 14 veces de la falta de procedimiento en la concesión de las ayudas sociolaborales.

“Era impensable que Griñán no tuviera conocimiento de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General”, destacó Gómez en su maratoniana declaración ante Alaya, porque se trataba de una “patología presupuestaria muy singular”, aunque ha reconocido que no puede asegurar que supiera los detalles concretos de esos informes. Tras la declaración, que duró aproximadamente unas diez horas, el exinterventor de la Junta fue puesto en libertad sin medidas cautelares.

El interventor general fue recibido por un centenar de miembros de La Resistencia ciudadana, un lobby andaluz que lucha contra la corrupción. Eduardo Maestre, responsable de este colectivo, organizó una manifestación de apoyo a la juez Mercedes Alaya. También gritaron a Gómez “¡Valiente, valiente!” y “¡Cuéntelo todo!” a su entrada en los juzgados de Sevilla. “Era un momento histórico y necesitaba remarcarse”, destacó Maestre a este diario. “Era importante apoyar públicamente a Alaya para que se viera que no está todavía muerta y enterrada, al menos política y espiritualmente”, añadió este profesor interino sevillano que llevaba una pancarta con este mensaje: “Alaya, tataranieta de Montesquieu”.

La “inquisitorial” Alaya

Alaya empezó el interrogatorio a Gómez de un modo muy técnico, acotando el terreno de las preguntas. José María Mohedano, abogado de Antonio Lozano, viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos en la etapa de Magdalena Álvarez al frente la Consejería de Economía y Hacienda, se quejó de las formas de la magistrada. Incluso llegó a tachar su método como “inquisitorial y preconstitucional”. Mohedano fue más lejos y pidió que se grabaran las declaraciones del caso ERE para “evitar las cosas que suceden en este interrogatorio que cercena la espontaneidad” del imputado “con permanentes interrupciones, desmentidos y reconvenciones”.

Como es habitual en la norma de Alaya, la juez ordenó a la Guardia Civil a que retirara los teléfonos móviles a todos los letrados presentes en la comparecencia. Mohedano lo consideró “una falta de dignidad”, así como que no se notifique la imputación concreta hasta que el encartado no acude a la declaración.