El interventor culpa a Griñán de ser “pasivo” con los informes de auditoría
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"no le importaban nada"

El interventor culpa a Griñán de ser “pasivo” con los informes de auditoría

José Antonio Griñán se mostró con “total displicencia y pasividad” en los informes de auditoría de la Junta de Andalucía, según el exinterventor Manuel Gómez

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El interventor culpa a Griñán de ser “pasivo” con los informes de auditoría

José Antonio Griñán se mostró con “total displicencia y pasividad” en los informes de auditoría de la Junta de Andalucía. Estos informes, según Manuel Gómez, exinterventor general de la administración autonómica andaluza, “no le importaban nada” a Griñán, destacó Gómez el pasado jueves por la noche en su declaración ante la juez Mercedes Alaya, magistrada que instruye el caso de los ERE falsos.

El exinterventor se refería a la pregunta de la parlamentaria de Izquierda Unida Alba Doblas en la comisión de investigación de las ayudas sociolaborales del pasado verano. “Si en su coche se enciende una lucecita que le falta líquido de frenos, usted le pone líquido antes de pegarse el tortazo”, le conminó Doblas. Así contestó Griñán: “Si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar este problema”.

Gómez, que puso contra las cuerdas a Manuel Chaves y Griñán, dejó claro en su intervención que no tenía competencia para paralizar la transferencia de financiación de la Consejería de Empleo al IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), luego agencia IDEA. Tampoco recuerda haber despachado asuntos ordinarios de trabajo con el entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán. “No tenía la práctica de despachar para salvaguardar mi independencia”, remarcó.

Para el declarante, una de las piezas claves para la posible imputación de Griñán en el caso, resulta “impensable que el consejero de Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93 millones de euros y posteriormente 95 millones de euros, provocado por uno solo, el director General de Trabajo [Francisco Javier Guerrero]”. Gómez, eso sí, acudía a los consejos de Dirección y allí coincidía con el consejero, aunque no quiso especificar si despachaba con Griñán, pero tildó de “poco probable que en esas reuniones se tratara este tema”.

El exinterventor general de la Junta conoció a través de los Informes de Cuentas Anuales de IFA desde el año 2001 y a través del llamado Informe Adicional, que la Dirección General de Trabajo estaba tramitando subvenciones excepcionales sin sujeción a trámite procedimental alguno, y de hecho en el citado informe adicional se tomó una muestra de 20 convenios de concesión de ayudas sociolaborales sin publicarse en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía).

¿Por qué no se opuso el interventor?

Pese a ello, le especificó Alaya, se incumpliría de modo flagrante el artículo 85 bis de la Ley General de la Hacienda Pública pues no ordenó que se realizara sobre estas subvenciones que sabía que se estaban concediendo, “el necesario control financiero sobre los beneficiarios, con el objeto de comprobar el adecuado destino de las ayudas, lo cual hubiera evitado que muchas de ellas sirvieran para el enriquecimiento de ciertas personas”.

Durante el interrogatorio, la juez le lanzó a Manuel Gómez una cuestión decisiva: “¿Por qué no se opuso a las sucesivas modificaciones presupuestarias, sabiendo como usted sabía que con ellos, según sus propias palabras, ‘se estaba cebando sin descanso la corrupta partida de los ERE?”. “Era una partida”, explica Alaya, “en la que de manera arbitraria se regalaba dinero a empresas o a personas, muchas de ellas próximas a la Junta o al PSOE, sin que en ningún caso se determinara el fin público o interés social de tales entregas de dinero”. El exinterventor insistió en su falta de competencia y que no advirtió en ningún momento “menoscabo de fondos públicos”, aunque sí avisó 15 veces de la falta de procedimiento en la concesión de las ayudas.

Alaya también recordó que el Interventor delegado en la Consejería de Empleo, Juan Luque Alfonso, manifestó a la Guardia Civil que si le hubieran comunicado las deficiencias observadas en el Control Financiero Permanente a IFA/IDEA, esto es el uso de las transferencias de financiación para el otorgamiento de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo, él hubiera emitido informe de disconformidad a los expedientes de transferencia de financiación a IDEA que tuvo que fiscalizar.

La hipotética medida de Luque habría tenido una consecuencia: “Efectos suspensivos, con devolución del expediente al órgano gestor”, según la magistrada. “No hay ningún precepto en el cual se exponga que es ilegal la transferencia de financiación. Es importante aclarar que el Informe de Actuación no siempre acaba en el Consejo de Gobierno. Que si el Consejero al que se encuentra adscrito el IFA decide dejarlo en un cajón, el Interventor no tiene mecanismos para hacer nada”, aclaró Gómez.

Alaya: “Usted es valiente y responsable”

Guerrero afirma que las ayudas eran discrecionalesLa juez también tachó de “valiente y responsable” la retención de 38 millones de euros de créditos de la Consejería de Empleo por parte del interventor. Gómez también reconoció en su declaración del pasado jueves que él en los diferentes informes de Cuentas Anuales, de Cumplimiento, en el Informe Adicional, puso de manifiesto que IFA/IDEA por encargo de la Consejería de Empleo, contraía obligaciones de pago con terceros que superaban los límites de los créditos presupuestarios.

La consejería llegó también aconvertirse en deudora de IFA/IDEA de cifras multimillonarias al adelantar ésta el pago que generaban obligaciones para la Junta sin cobertura presupuestaria. Estas ayudas discrecionales se podían haber paralizado. Manuel Gómez explicó cómo el consejero de Empleo al recibir el informe de 2005 de la Intervención podría haber dado una orden, incluso verbal, al Director de Trabajo para que dejara de otorgar subvenciones. Esto mismo serviría para otros consejeros, como por ejemplo, que el consejero de Innovación le diera la orden a IDEA para que no abonara más pagos. También que el consejero de Hacienda podría no haber aprobado las modificaciones presupuestarias y podría haber impartido órdenes a la Dirección General de Tesorería para que no se abonaran las transferencias de financiación.

Macarena Olivencia, esposa de Javier Arenas, y letrada que representaba al BBVA, aportó la guinda política de la declaración. Olivencia le preguntó si podría calificar el funcionamiento de la Junta como “anormal”. “No sé qué decirle, pero evidentemente tiene que serlo si no tendrían que cerrar”, destacó Gómez en respuesta a la mujer de Arenas.

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