La Fiscalía se querella contra el juez Silva por la detención ilegal de Blesa

La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella por prevaricación contra el juezElpidio José Silva Pachecopor sus actuaciones en la investigación contra el expresidente de Caja Madrid,Miguel Blesa. El fiscal superior,Manuel Moix, entiende que el instructor adopta decisiones arbitrarias desde el mismo momento que reabrió la causa sin motivación.

La querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recogedelitos continuados de prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia, así comodos delitos contra la libertad individual. El Ministerio Público solicita citar en calidad de testigos al propio Blesa y a su abogado,Carlos Aguilar.

Según consta en el escrito, las resoluciones acordadas por Silva a lo largo de todo el procedimiento “no pueden ser explicadas mediante ninguna interpretación razonable efectuada con los métodos usualmente admitidos en Derecho, suponiendo todas ellas una total colisión con las normas aplicables a cada caso”. El querellado, según el fiscal, “impuso su propia voluntad y criterio sobre la interpretación racional de la ley”.

La Fiscalía ya había anunciado que se querellaría contra el instructortras la decisión de enviar a Blesa a prisión sin fianza el pasado 5 de junio, veinte días después de acordar una prisión bajo fianza de 2,5 millones de euros. Para el fiscal,Silva ha adoptado resoluciones injustasempezando por el momento que decidió reabrir la causa contra Blesa y el empresarioGerardo Díaz Ferránpor la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros que nunca se devolvió.

Silva había archivado el asunto y dos años después decidió reabrirlo basándose, “arbitrariamente”, en criterios de alarma social derivada de la crisis económica mundial y la implicación en la misma de las entidades financieras, así como por el “sucesivo acaecimiento” de “circunstancias de alcance, por lo demás, manifiestamente notorio, evidente u obvio”, al “cambio muy drástico en el contexto de la denuncia inicial”, presentada por el sindicatoManos Limpias.

“Limitar la intervención de las defensas”

Para el fiscal, estos motivos “evidentemente no constituyen argumentos jurídicos, sino quese revelan como razones totalmente ajenas a Derecho”. También le recrimina haber ordenado a lo largo del proceso el secreto de las actuaciones, que no tenían otra razón de ser que“el fin perverso de limitar la intervención de las defensas en el procedimiento”,puesto que, según recoge la querella, no existía motivo legal alguno para adoptar semejante medida que, aunque temporal, es restrictiva delderecho de defensa, dado que resulta palmariamente contrario a Derecho.

“Resulta indiscutible que la limitación temporal del derecho de defensa que supone el secreto de las actuaciones debe observar los requisitos de necesidad, proporcionalidad y congruencia los cuales no concurrieron en las decisiones adoptadas por el querellado, resultando legítimo utilizar dicho instrumento para evitar el posible entorpecimiento de la labor instructora que pudieran llevar a cabo los imputados fuera del proceso, pero nunca con el espurio fin de limitar la legítima oposición que a las resoluciones judiciales pudieran ejercer los mismos a través de los recursos legalmente establecidos”, recalca el Ministerio Público.

Cuando en febrero de este año, Manos Limpias presentó una ampliación de la querella en referencia a la compra delCity National Bank de Florida, el juez “diseñó la estrategia de dar a dicha ampliación de denuncia el carácter de ‘ampliación durmiente’, para “despertarla” en el momento propicio, con el fin de vincularla o relacionarla con la causa que se investiga el crédito a Díaz Ferrán, y disponer de elementos de cargo suficientes con el propósito de adoptar contra Miguel Blesa medidas cautelares.

Por eso, Silva resolvió sobre la querella tres meses después y quedándose con la competencia del asunto en vez de enviarla a reparto, a pesar de ser consciente de la carencia de conexidad alguna entre dicha operación de compra y el crédito al ex presidente de la CEOE.

Silva abrió unas diligencias nuevas para investigar la compra del CNBF con el fin de vulnerar el derecho a la libertad de Blesa y enviarle a prisión. Asimismo, el fiscal recoge cómo el juez imputó al propio abogado de Blesa, Carlos Aguilar, un delito de obstrucción a la justicia y le citó a declarar, llamando al propio Blesa como testigo, en unas diligencias que se archivaron el mismo día, lo que implica para el fiscal “una vulneración clamorosa de los derechos que le correspondían por su condición de imputado, es decir, el de no declarar contra sí mismo, ni tener las obligaciones que se derivan de la propia condición que tiene ‘el testigo’ en el proceso penal”.

Según recoge la querella, tampoco fue ajustado a derecho la decisión de enviar a Blesa a la cárcel y, tras el pago de la fianza de 2,5 millones de euros, no devolver el dinero. Y a pesar de ello, veinte días después le volvió a enviar a la cárcel, esa vez sin fianza, y sin alegar motivos nuevos para ese encarcelamiento. El juez no tuvo en cuenta las circunstancias personales de Blesa, “a disposición total del Juzgado desde el inicio del procedimiento, ni las del hecho enjuiciado: en su caso, cometido más de cuatro años atrás, concretamente en el año 2008, habiendo intervenido en la operación distintas instituciones tales como el Banco de España,Cajamadrid-actual Bankia- y el control norteamericano, ajenos todos ellos al entorno actual de Blesa y la total desvinculación de éste de la entidad Bankia desde hacía tiempo, sin posibilidad de acceso a documento alguno”.