El PSC presenta en Madrid su reforma de la Constitución hacia el Estado federal

Se hizo de rogar, pero ya es una realidad: el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) dispone ya del primer informe que defiende y esquematiza lo que deberá ser el Estado federal que esta formación viene reivindicando los últimos años. Se trata de un detallado dosier realizado por la Fundación Rafael Campalans, que preside el diputado y exportavoz parlamentario Miquel Iceta. Y en él se pergeñan los principales rasgos que debería tener la estructura federal, destinada –según el PSC- a acabar con el peligro secesionista de los nacionalismos y con el centralismo del Estado, y que pasaría necesariamente por una reforma de la Constitución.

“Es necesario que la Constitución asuma claramente, como parte del pacto constituyente fundamental, la opción por un modelo de carácter federal con sus consecuencias de reconocimiento y garantía de la autonomía política de las comunidades y de los sistemas de integración en las decisiones estatales. Esta declaración constitucional de la opción por un sistema federal, que podría incluirse en el artículo 1 de la Constitución junto con el resto de principios estructurales de nuestro sistema constitucional, expresaría claramente el consenso social y político y el propio pacto constituyente en este ámbito”, dice el informe que será presentado en Madrid esta tarde a las 19:00 h, en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, por dos de sus autores. La presentación contará con la presencia de Pere Navarro, primer secretario del PSC, y de los tres diputados al Congreso que han participado en su elaboración, Meritxell Batet, Carme Chacón y Francesc Vallès.

En otro párrafo, subraya que “el principio federal, a través de la mutua lealtad de todas las partes, ha de inspirar la solución a los problemas existentes y ha de resultar compatible con la diversidad de nacionalidades y regiones que integran España y con el reconocimiento de opciones políticas y legislativas propias de cada una de ellas”. La reforma que propone implica un cambio “en el funcionamiento de todas las instituciones, tanto estatales como autonómicas, integrando en mayor medida a las comunidades autónomas en las decisiones estatales”. El planteamiento, pues, trata de que “los múltiples problemas existentes con el actual Estado autonómico se aborden con las técnicas del federalismo moderno”.

Reforma del Senado, pero no supresión

La primera gran medida que propone es la reforma del Senado, que pasaría a ser una especie de Consejo de las Comunidades Autónomas para que pueda cumplir su función de órgano de representación territorial. “Este órgano ha de canalizar la participación de las comunidades en la aprobación de las leyes que les afectan decisivamente si no, como sucede ahora, se multiplican los conflictos entre el Estado y las comunidades”. Propone, para ello, que en su composición cada comunidad autónoma tenga tres representantes como mínimo y uno más por cada millón de habitantes. Eso daría un total de 92 senadores. Sin embargo, también hay otras fórmulas de representación, que incluirían tres senadores por comunidad para las que tengan menos de un millón de habitantes y se ampliaría esa cifra progresivamente hasta llegar a los 11 votos de Andalucía, la más poblada. “Esta configuración recoge el principio de igualdad básica de representación –que es tradicional en las Cámaras federadas (EEUU, por ejemplo, dos senadores por Estado)-, y a la vez pondera el peso de la población de cada territorio, como hacen los federalismos más modernos (Alemania y Austria)”.

El PSC propone también determinar las competencias del Estado en una lista única y lo que no esté contenido en ella será competencia de las comunidades autónomas. “Ésta es la cláusula tradicional de atribución de competencias a la Federación, que permite que todas las demás sean de los Estados o territorios”. Ello implica también que “desaparecen los principios de supletoriedad y prevalencia a favor de la legislación estatal y las figuras de la legislación marco y de armonización”.

Reconocer la singularidad 

Los socialistas proponen, no obstante, que se reconozcan las singularidades de algunas comunidades. "Hay realidades políticas, culturales, históricas o geográficas, así como colectividades con un amplio sentido de formar parte de una nación histórica y cultural propia (que los constituyentes denominaron 'nacionalidades') que justifican un tratamiento constitucional específico, sin que ello deba verse como una concesión de privilegios, como no lo son los derechos forales o los derechos históricos reconocidos en los Estatutos de Autonomía vigentes”.

Así, pide que se reconozcan competencias exclusivas a las comunidades en la regulación de su régimen lingüístico y competencias diferenciadas para Cataluña y País Vasco “en materia de organización territorial, seguridad, tráfico y circulación, educación, justicia y acción exterior, en aquello referido a sus propias competencias. El alcance de estas competencias puede remitirse también a un acuerdo en Comisión bilateral y posterior formalización como ley orgánica”. También tendrían singularidades territorios como Baleares y Canarias, País Vasco y Navarra (el concierto económico) y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Nuevos estatutos de autonomía

Ante todo este revulsivo, el PSC propone redactar nuevos estatutos de autonomía “que se aprobarán por mayoría reforzada en la comunidad autónoma” y que podrían ser objeto de recurso de inconstitucionalidad, pero este debería interponerse en un plazo máximo de tres meses y debería estar resuelto por el TC en otros tres. Luego, una vez subsanados los defectos, el estatuto se sometería a referéndum y, si fuera aprobado, “se publicará como ley autonómica, siendo ya inatacable”.

La nueva relación de estructuras provoca, pues, la eliminación del artículo 145.2 de la Constitución, además de “la prohibición de federación autonómica si ésta se interpreta como un obstáculo para el desarrollo de la cooperación entre las comunidades”. En este sentido, añade el texto, “la reforma constitucional debería considerar la existencia de la Conferencia de Presidentes, con la función de dialogar sobre los principales problemas generales del Estado y alcanzar la coordinación adecuada entre las distintas instituciones”.

Otra de las grandes reformas que propugnan los socialistas es la de la financiación. En este campo, la apuesta del PSC es garantizar la suficiencia de recursos distribuyéndolos entre Estado y comunidades atendiendo a una adecuada valoración de las competencias asumidas en cada territorio para evitar subfinanciaciones y sobrefinanciaciones. También ha de tener en cuenta  los principios de solidaridad y ordinalidad (para garantizar la distribución de recursos, pero impidiendo que las comunidades más dinámicas pierdan incentivos al seguir creciendo y aportando dinero al conjunto), los de bilateralidad y multilateralidad (restando peso al Estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera), la autonomía en la recaudación (repartiendo la responsabilidad en la gestión y recaudación entre Estado y autonomías y la atribución automática e inmediata de los fondos recaudados), la corrección de las disfuncionalidades, así como valorar la inclusión de la financiación de los entes locales como tercer nivel de la distribución constitucional tributaria.

Revolución en el sistema judicial

En el ámbito de la justicia, el PSC aboga por reformar el TC, del que dice que “debiera tener alguna conexión con las comunidades autónomas, lo que es fácilmente articulable a través del Senado federal, de forma que la mitad de los magistrados fueran nombrados por el Congreso y la mitad por el Senado”.

Asimismo, se cambiaría sustancialmente el mapa judicial: el Tribunal Supremo sólo conocería los recursos de unificación de doctrina y se descargaría en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las comunidades la última instancia de todos los recursos excepto la de esa unificación de doctrina. Por si fuera poco, se dotaría de más peso a un nuevo órgano de gobierno del poder judicial, que pasaría a estar formado por los presidentes de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia más un número similar de magistrados. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sería un órgano de composición reducida (unos 5 miembros), con una composición mixta de tres jueces y dos juristas.

Por último, los socialistas proponen crear un órgano de coordinación general que se llamaría Comisión Consultiva del Poder Judicial (integrada por dos miembros en representación de cada comunidad, tres del Estado y los miembros del CGPJ), que se renovaría cada cuatro años.