Los folletos de las últimas elecciones costaron a los españoles 25 millones de euros

¿Tiene sentido que los partidos políticos sigan enviando a cada ciudadano los sobres y papeletas electorales cuando estos los pueden conseguir a pie de urna? Hasta la fecha, solo un partido con representación en las Cortes, Unión, Progreso y Democracia, ha pedido públicamente acabar con esta práctica -pese a que la ha cobrado igualmente- que, cada año electoral, supone un importante coste para las arcas del Estado. Dos años después de las últimas elecciones generales de 2011, el Tribunal de Cuentas acaba de poner una cifra concreta  a todo ese despliegue de medios: en total, 25 millones de euros, más de lo presupuestado, por ejemplo, en los dos últimos años, para el aeropuerto sin aviones de Castellón (21 millones) por la Generalitat valenciana.

Los datos figuran en el último informe de fiscalización de los comicios que llevaron a Mariano Rajoy hasta La Moncloa y que acaba de ser remitido por el Tribunal de Cuentas a las Cortes. El Estado paga 22 céntimos por cada elector en las circunscripciones en las que ha presentado lista cada formación política, siempre que la candidatura de referencia obtenga el número de diputados, senadores o votos precisos para tener grupo parlamentario propio en el Senado o en la Cámara Baja. El resultado hace que, en la práctica, todos los partidos saturen los buzones de los electores con propaganda y papeletas electorales sabedores de que, en el caso de los grandes, el coste de tal acción publicitaria recaerá directamente en las arcas públicas.

En abril del año pasado, UPyD  registró en el Congreso una iniciativa que fue rechazada por los demás grupos y que pretendía eliminar la subvención por el envío postal de dicha propaganda por considerarla discriminatoria al no cubrir los gastos de los partidos que, como el suyo en el pasado, obtienen menos escaños de los que se necesitan. Sin embargo, la formación de Rosa Díez ha cobrado esta subvención por primera vez en 2011 porque, como explicó entonces su número dos, Carlos Martínez Gorriarán, no podían renunciar a ella mientras no se cambie la ley. 

Durante la campaña electoral UPyD explicó que, dado su reducido presupuesto, no enviaría propaganda a todos los domicilios. Y además, sólo envió un sobre por vivienda, en vez de dirigir uno a cada uno de sus habitantes, como hacen otras formaciones. En total, ha recibido 718.760 euros, cifra que, sin embargo, se queda lejos de los más de 7 millones de euros que gastaron entonces PP, PSOE e Izquierda Plural.

En la comisión Constitucional del Congreso, Díez defendió sin éxito la necesidad de acabar con esta práctica por el “alto coste económico” que tiene y su poca rentabilidad. ¿Es normal que sigamos financiando la propaganda electoral que llega a cada uno de los ciudadanos con recursos públicos, de manera desigual y en una situación de gran precariedad desde el punto de vista económico? ¿Era normal hace 27años? No lo vamos a discutir. ¿Es normal ahora? Creo que no”, razonó entonces la portavoz de UPyD.

PP, el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU rechazaron, sin embargo, sus argumentos de plano. El popular José Antonio Bermúdez de Castro, argumentó entonces que el mailing es el único modo de que algunos ciudadanos puedan obtener información sobre las candidaturas porque las campañas no llegan a todos los lugares del país. El socialista José María Benegas lo defendido por tratarse de “una comunicación directa con los ciudadanos” en la que en muchas ocasiones se adjunta el programa electoral o al menos una síntesis del mismo. CIU, por su parte, aseguró que hay muchas personas que tienen la costumbre de esperar a recibir las papeletas para acudir a votar.