Los partidos paralizan la reforma local por miedo a perder concejales 'liberados'

El Gobierno asegura tener prácticamente redactada la reforma de la Administración local que anuncia desde el pasado verano, pero también reconoce la resistencia 'numantina' de la Federación Española de Municipios y Provincias a aceptar una reducción de los cargos de concejal: 68.462 en toda España. El Ejecutivo primero pretendió eliminar 15.000 y ya ha bajado hasta 10.000 pero, más que el número, la clave está en que quiere que el recorte se haga sobre los que cobran del erario público. El PSOE se ha desmarcado de cualquier pacto sobre el proyecto del Gobierno y dentro de la Femp secunda el rechazo a rebajar la "representatividad" en los municipios.

La reducción de los cargos de concejales tendrá que quedar para una posterior reforma de la ley electoral y sólo podrá entrar en vigor a partir de las elecciones municipales de 2015, pero también se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que la Femp admita los cambios en el funcionamiento de la Administración local y el objetivo de ahorro que se ha fijado el Gobierno, unos 3.500 millones de euros, para esta misma legislatura.

La mayoría de los concejales ya no cobra sueldo alguno de la Administración y lo que pretende el Ejecutivo es garantizarse por ley que siga siendo así en los pueblos con menos habitantes y reducir cargos en los consistorios que sí conllevan salario público. El plan del Gobierno es asegurarse de que el 75 por ciento de los ediles que queden después del recorte no sean 'liberados'. En el caso de las grandes ciudades, el plan original del Ministerio de Hacienda era que se quedaran con un tope de 35 concejales como máximo.

El PSOE se ha cerrado en banda y no quiere respaldar ningún recorte en la Administración local, pero tanto en las conversaciones directas con el Ejecutivo como en las posiciones que toma dentro de la Femp ha mostrado una especial preocupación en frenar las posibles reducciones de puestos y salarios en los Ayuntamientos. La Administración local, junto con la Junta de Andalucía, es su último reducto de poder después de perder las elecciones generales.

En fuentes gubernamentales aseguran que el Consejo de Ministros del próximo viernes sí que aprobará el proyecto de reforma tantas veces aplazado y que de nuevo esta semana se someterá a consideración de la Femp con algunos cambios en 'la letra pequeña'. Pero añaden que será sin modificar las líneas generales para la concentración de servicios en las Diputaciones y los mecanismos de supresión de organismos o las mancomunidades adelantadas por El Confidencial.

En los citados medios insisten en que lo fundamental de la reforma será el reparto claro de competencias, la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria a las cuentas de los Ayuntamientos (serán intervenidos o cerrados si no la cumplen) y las normas de transparencia y austeridad en la gestión que permitirán a los ciudadanos saber cómo se gasta el dinero en cada municipio.

El Ejecutivo mantiene su exigencia de que los alcaldes no puedan ganar más que un secretario de Estado, pero sigue en el aire con qué complementos, porque con pagas y productividad hay ministerios en que el secretario de Estado se aproxima a los 90.000 euros brutos anuales. Ese sería el límite para los regidores de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao.