Las ‘charlas de orientación sindical’ dejarán de servir para tener la ayuda de los 450 euros

La clave de la reforma del llamado plan ‘Prepara’ no es que el Gobierno vaya a tener más en cuenta ahora las cargas familiares de los parados que acaban la prestación ordinaria por desempleo para recibir la ayuda de los 400 euros, sino el requisito constatable de que el beneficario realice cursos de formación y reciclaje. En el texto del decreto que publica el BOE se pasa del anterior concepto de vincular la ayuda a una genérica reorientación laboral a la exigencia de cursos de formación o reciclaje.

La diferencia es fundamental. Según los datos de la evaluación que ha hecho el Ministerio de Empleo, sólo el 7,3% de los beneficiarios del antiguo Prepara atendió a ‘actividades formativas’ a pesar de que la mayoría sólo tenía estudios primarios. Para el resto todo se quedaba en ‘charlas de orientación’ a cargo o tuteladas por los sindicatos.

El Gobierno ha querido recuperar y reforzar el objetivo original del plan (un esfuerzo extra para la recolocación de los parados de larga duración) sin dejar fuera a los más necesitados (con más cargas familiares), pero sin añadirse las subvenciones de renta mínima de reinserción o ayudas asistenciales que dan las comunidades autónomas. Por el contrario, la oposición de izquierdas y los sindicatos exigen que los 400 ó 450 euros se consoliden como una subvención más y sin mayores controles en su reconocimiento y reparto.

En fuentes gubernamentales reconocen que no tienen calculado en qué medida afectará a la factura final del plan los cambios. Este verano el coste de la última prórroga de seis meses ya había superado los 500 millones de euros y sólo servía para recolocar al 6 por ciento de los beneficiarios. A partir de ahora los nuevos solicitantes del ‘Prepara’, una vez terminado el periodo ordinario de cobrar la percepción por desempleo (24 meses como máximo), tendrán que seguir buscando trabajo durante un mes.

Los aspirantes a cobrar durante otro semestre la ayuda de 400 ó 450 euros deberán acreditar “haber buscado activamente trabajo o haber realizado actuaciones para incrementar su empleabilidad durante el mes que transcurre desde la pérdida de otras prestaciones hasta la solicitud”, según las explicaciones del Ministerio de Empleo. Esa exigencia práctica se mantendrá durante todo el programa y “determinará la permanencia del beneficiario en el mismo”. Es decir que quien no entre en cursos de formación perderá la ayuda.

El Gobierno también cambia los criterios de reparto de la ayuda. Establece un límite de 481 euros (el 75% del salario mínimo interprofesional) de ingresos por cada miembro de una unidad familiar para que un parado incluido en esa misma familia pueda recibir los 400 euros. En el caso de que el beneficiario tenga tres o más personas a su cargo (siempre respetando la regla de que no ingresen más de esos 481 euros por miembro), la subvención se eleva a 450 euros.

El Ministerio de Empleo pide colaboración y consenso a las Comunidades autónomas, además de a los agentes sociales, para supervisar la aplicación del nuevo plan. Reclama una nueva “cultura de evaluación continua de las políticas de empleo” para combatir mejor el paro. La respuesta de los sindicatos ha sido de rechazo absoluto a las reformas. UGT y Comisiones Obreras quieren que el ‘Prepara’ se convierta en una ayuda extra sin mayores requisitos y elevarla a 532 euros. También se oponen a que los 400 o 450 euros queden vinculados a la búsqueda de empleo y, sobre todo, temen que las empresas privadas participen en la oferta de formación a los parados.

“Se gastará lo que haga falta pero para que sirva para algo”, aseguran en medios gubernamentales además de apuntar que con las nuevas exigencias y filtros se podrá saber el grado de fraude que se ha podido dar en las anteriores ‘ediciones’ del ‘Prepara’.