Las mancomunidades plantan cara: “Deberán modificar la Constitución para eliminarnos”

Ante la idea del Gobierno de suprimir "todas" y cada una de las 1.432 mancomunidades que existen en España y ceder sus competencias a las diputaciones provinciales, la mayoría de las mancomunidades defienden su gestión al frente de estos organismos y la transparencia en la utilización de los fondos públicos. La gran mayoría considera que poner este servicio en manos de las diputaciones provinciales supondría añadir “un intermediario más”, ya que ante cualquier urgencia un municipio "siempre estará mejor atendido por la mancomunidad". Para borrarlos del mapa, recuerdan al Gobierno que primero deberá modificar el tercer punto del artículo 141 de la Constitución por el que se sienten defendidos y que dice así: “Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia”.

Sí está a favor de los planes del Gobierno la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cuyo presidente, Juan Ignacio Zoido (PP), se manifestó partidario de la desaparición de “muchos consorcios” y mancomunidades “que aportan muy poco y conllevan muchos gastos”. Sin embargo, en la Federación no todos piensan como su presidente. Jorge Romero, alcalde del municipio gaditano de Los Barrios, es partidario de estudiar en profundidad el anuncio y ver en qué situación quedaría el papel que hoy desempeñan las mancomunidades. “Habrá que estudiar cuáles son las consecuencias de tomar una decisión tan drástica, empezando por la modificación de la propia Constitución”, aseguró a El Confidencial. Romero recuerda al Ejecutivo que la mayoría de las mancomunidades presta servicios concretos y específicos de utilidad que permiten optimizar los recursos públicos, "por lo que se debería analizar caso a caso.

Romero preside la Comisión de Mancomunidades que se creó en la FEMP precisamente para impulsar las políticas locales que faciliten la acción mancomunada de los municipios españoles. “Cada autonomía tiene una forma distinta de agrupar sus municipios. Hay que ver buscar la mejor manera de consensuar una fórmula que no merme la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos, sobre todo de las localidades más pequeñas”.

La Comisión que vicepreside la alcaldesa de Castrillón (Asturias), Ángela Vallina de la Noval, se reunirá este miércoles con los veintidós alcaldes vocales de todas las comunidades autónomas, que llegan hasta Madrid con las principales quejas de sus vecinos bajo el brazo, que creen que es un ataque frontal a la autonomía local y limita las competencias de los municipios pequeños.

Todo vale para eliminar duplicidades

Liquidar las mancomunidades no va a ser tan fácil como le pareció cuando lo anunció el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, quien aseguraba que las "diputaciones es la mancomunidad natural". Gran parte de los afectados catalogan la medida como otro "brindis al sol” similar a la primera idea que el Gobierno lanzó de fusionar los municipios con menos de 5.000 habitantes, “una auténtica locura en provincias como Soria, Teruel o Zamora, con la mayoría de localidades por debajo de esa cantidad”, explican fuentes de federaciones de municipios regionales.  La ley establece que habrá una especie de examen de viabilidad y de prestación de servicios durante un año, a partir del cual si se demuestra que las mancomunidades no son viables, desaparecerán.

Esta disolución obedece al compromiso electoral de Mariano Rajoy de eliminar duplicidades administrativas y su consecuente gasto público. Hacienda fija ya incluso en el horizonte finales de 2013 para eliminar todas estas entidades “sin excepciones” para que sus competencias pasen a ser desempeñadas por las Diputaciones. “Espero que solo se aplique a las que sean deficitarias”, coinciden distintas Federaciones de Municipios de distintas regiones, incluidas la mayoría del PP.