Los alcaldes negocian con Hacienda: no pueden mantener colegios ni ambulatorios

Una de las obsesiones del Ejecutivo es evitar las duplicidades entre las tres administraciones y hacer cuanto antes efectivo el objetivo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asumió en su discurso de investidura: “Una administración, una competencia”. En plena reorganización del mapa municipal, Juan Antonio Zoido se retira de la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para dirigir el PP andaluz tras la salida de Javier Arenas. El alcalde de Sevilla abandona a los ayuntamientos justo en el momento en el que los alcaldes negocian con Hacienda qué "competencias impropias" delegan a otras administraciones. 

Montoro ha enviado a los consistorios un listado con competencias que actualmente financian y que podrían ser devueltas a las autonomías si se modifica el artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local que la FEMP considera que está “vacío de contenido competencial”. Según el texto que Montoro pasó a los ediles, la reforma de esta ley deberá ir acompañada "necesariamente de la correspondiente financiación". Hacienda está dispuesta a exigir a las autonomías que costeen el mantenimiento de los inmuebles educativos (desde colegios infantiles hasta institutos) y sanitarios municipales, al ser de su propiedad. Solo en Valladolid, el consistorio se gasta en mantener a punto los colegios de la ciudad 2,3 millones de euros al año.

Por tradición histórica, los 8.114 consistorios que hay en España ceden terreno de uso público para levantar los centros que se necesiten en la localidad, aunque las propietarias de todas las escuelas infantiles, colegios, institutos y ambulatorios son las autonomías. También por tradición, los consistorios se han encargado de incluir en sus presupuestos una partida que incluye el mantenimiento de todos los centros, a pesar de no ser una competencia municipal. Dentro de esa pestaña se incluye, por ejemplo, el gasto de limpieza de los edificios y la nómina de los conserjes, que también forman parte de la plantilla municipal.

Conforme la crisis fue secando las cuentas de los municipios, cada vez han sido más los ediles que han reclamando que no son ellos, sino las regiones, quienes deberían costear las obras de fontanería, carpintería, albañilería y electricidad (ya sean fugas de agua, persianas, cerraduras, luces, puertas, baños y demás reparaciones) de todos los colegios y centros de salud. La Federación Española de Municipios y Provincias avaló la petición y ahora Hacienda está dispuesto a devolver a los gobiernos autonómicos los costes de los gastos relacionados con el consumo eléctrico y de agua, calefacción, limpieza y cualquier tipo de mantenimiento, de los edificios y colegios dedicados a la enseñanza y a la sanidad.

Cumplir con los objetivos de déficit y endeudamiento

Otra de las novedades que establece el texto de reforma propuesto por el Gobierno es que las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares deberán hacerse cargo de todos aquellos servicios "cuya prestación por parte de municipios de menos de 20.000 habitantes no sea eficiente", bien por la naturaleza del servicio, bien por la población del mismo o por su sostenibilidad financiera. Asimismo, todos los artículos hacen mención a la financiación de las entidades locales, que dejan bien claro que las actividades económicas de las mismas deben cumplir lo dispuesto en la reciente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria para cumplir los objetivos de déficit y endeudamiento.

De momento, las negociaciones entre los municipios y Hacienda van a continuar su curso sin que nadie, por ahora, sustituya a Zoido. Según el artículo 32 de la normativa interna de la FEMP, las vacantes, incluso la del presidente, se cubren por el consejo territorial, y no será hasta la celebración del próximo pleno ordinario cuando se elija al sucesor de Zoido en la presidencia de la Federación. Fuentes internas a la FEMP aseguran que el próximo presidente será un miembro de la actual Junta de Gobierno y del Partido Popular.