Guerra sin cuartel en el Gobierno por la amenaza de impago de 1,5M de alquileres

“Está siendo una auténtica guerra sin cuartel”. Con esta frase resume uno de los principales empresarios del sector inmobiliario las tensiones que se están viviendo en el seno del Consejo de Ministros para lanzar un plan de ayuda a los alquileres.

De una parte, Unidas Podemos y su propuesta de condonar el alquiler mientras dure la crisis; de otra, las tres grandes carteras económicas —Economía, Hacienda y Transportes—, que defienden un modelo basado en créditos avalados por el Estado para las familias más vulnerables.

La comisión delegada de asuntos económicos celebrada el pasado jueves escenificó la profunda división que existe en el seno del Gobierno, al mostrarse incapaz de llegar a un punto de acuerdo entre la propuesta de máximos de la formación de Pablo Iglesias, que desde algunos frentes se intentó filtrar como el borrador definitivo, y el plan presentado por Transportes.

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En grandes líneas, el borrador que hizo la Secretaría de Vivienda (dependiente del Ministerio de Transportes) distinguía tres casuísticas: los grandes tenedores, que en su mayoría han lanzado ya planes de ayuda al alquiler por el coronavirus, las administraciones públicas y los propietarios particulares.

Dentro de este último grupo, según las fuentes consultadas, se diferenciaba ente los pequeños propietarios de una o dos viviendas, que representan el 85% del mercado, los que tienen hasta ocho viviendas, que suponen aproximadamente otro 5%, y los considerados grandes propietarios, que son quienes tienen más de ocho viviendas y que suman el 10% restante.

Dentro de este último grupo están los grandes fondos, que son aproximadamente el 4%-5% del mercado. Podemos quiere que estas sociedades asuman quitas del 95% del precio del alquiler de los inquilinos que no puedan pagar su vivienda, mientras que la propuesta de Transportes va inclinada a emplazarles a ofrecer moratorias o soluciones negociadas caso a caso.

En cualquier caso, tanto si su casero es un particular como si es un gran fondo internacional, la idea del ministerio que dirige José Luis Ábalos es que todas aquellas familias con problemas para pagar el alquiler puedan solicitar créditos avalados por el Estado con un plazo de devolución que, según el último borrador, sería de tres a seis años, aunque este periodo se está consensuando con las entidades financieras, que son las que deberán dar los créditos.

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Para Unidas Podemos, la vivienda, en general, es una de sus grandes banderas políticas, así como el ataque mediático a los fondos y la lucha contra los desahucios. Motivos que ayudan a comprender la fuerte batalla que está lidiando. Sin embargo, el cierre de filas que se ha encontrado enfrente responde a dos motivos de fondo, y ninguno es político, sino económico y jurídico.

Actualmente, según los datos que baraja Vivienda, hay 400.000 familias con problemas para pagar el alquiler y, se estima, la crisis del coronavirus podría disparar esta cifra hasta 1,5 millones de hogares. Teniendo en cuenta que el 85% del mercado está en manos de pequeños propietarios, y que en estos casos Podemos proponía que el Estado pagara el 100% del alquiler, estamos hablando de cargar a las cuentas públicas con las rentas de 1,27 millones de hogares, números que tanto Hacienda como Economía han dicho que son inviables.

Vivienda estima que actualmente hay 400.000 hogares con problemas para pagar el alquiler y el coronavirus podría disparar la cifra a 1,5 millones

Además, desde el Ministerio de Justicia también se ha advertido de que es inviable imponer por real decreto a las compañías aceptar el impago de los alquileres, como se haría con los grandes tenedores si se les obligara a tener que aceptar condonaciones de renta mientras dure la crisis del coronavirus, ya que en este caso la propuesta de Podemos solo contempla resarcirles el 5% de la renta.

De hecho, según afirman desde uno de los grandes bufetes de abogados españoles, en el borrador del pasado jueves en el que se hablaba de estas quitas (aunque, formalmente, en el texto se dice carencias y suspensión), “podría haber muchas cuestiones de constitucionalidad”, aspecto que permitiría a estos grandes fondos preparar una batería de recursos desde el mismo día en que, eventualmente, entrara en vigor una norma en este sentido.

Inconsistencia jurídica

La baza que, en este sentido, podrían estar intentando jugar los defensores de obligar a los fondos a condonar los alquileres sería que, para cuando el Tribunal Constitucional se pronunciara, ya habrían logrado el efecto buscado. Pero en su contra juega que, una vez pase la crisis del coronavirus, España seguirá teniendo un déficit de más de un millón de viviendas en alquiler, parque que el Gobierno quiere construir con fórmulas de colaboración público-privada, es decir, con estos mismos fondos.

Conscientes de ello, el pasado viernes, y por boca de la patronal Asipa, que agrupa las grandes patrimonialistas del país, las principales compañías del país ya advirtieron: “Es el ahorro privado el único que puede financiar el millón y medio de viviendas que hacen falta de aquí a los próximos 10 o 15 años, y acudir a la llamada de colaboración de las administraciones públicas para crear el parque social y asequible que se necesita. Y es por ello que debilitarlo con medidas como las citadas afectará a dicha capacidad poniendo en riesgo el acceso a la vivienda de millones de ciudadanos en el medio plazo”.

Las carteras económicas se oponen al plan de Podemos, que carga a las arcas públicas con casi la mitad de las rentas y arroja inseguridad jurídica

Esta triple amenaza de tener que pagar casi la mitad de las rentas del país (se estima que en España hay unos 3 millones de familias viviendo de alquiler), enfrentarse a recursos de inconstitucionalidad y, además, poner en peligro su plan de fomento de la vivienda en alquiler ayuda a comprender, por su parte, el cierre de filas Transportes, Economía y Hacienda, así como su defensa de un modelo basado en la oferta de moratorias y soluciones a la medida, por parte de los grandes propietarios, y la garantía de la concesión de créditos avalados por el Estado para evitar que los pequeños tengan que hacer frente a impagos para los que tampoco tiene pulmón financiero.

La propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha elegido la vía de la moratoria, en vez de la condonación de rentas, para el parque público de vivienda de la Ciudad Condal. En concreto, suspenderá el giro de los recibos de abril, mayo y junio, pero a partir de julio, se pasarán de manera prorrateada durante los siguientes 18 meses

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