las condiciones de ciudadanos

Los sapos que Rajoy tiene que 'tragarse' si quiere gobernar

Algunas de las condiciones que Rivera exige para sentarse a negociar con Rajoy pueden suponer un quebradero de cabeza para los populares

Foto: Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones. (Reuters)
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones. (Reuters)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha puesto sobre la mesa un documento con seis condiciones que Mariano Rajoy deberá aceptar si quiere sentarse a negociar su investidura. La elección de las condiciones no es baladí. Aunque algunas medidas, como la limitación de mandatos y los indultos, sean 'a priori' más sencillas de abordar, Rivera también toca algunas de las fibras más sensibles del PP, como son los aforamientos o el caso Bárcenas. En cualquier caso, algunas de estas medidas implican tocar la Constitución o conseguir amplias mayorías, por lo que el apoyo del PSOE será clave.

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1. Ningún cargo imputado puede ocupar puestos

En primer lugar, Rivera exige que ningún cargo público imputado pueda ocupar puestos en el Gobierno o poseer un escaño en el Congreso de los Diputados o en los parlamentos autonómicos. 

Si los populares aceptan, esto supondría que si Rita Barberá es finalmente imputada por el Tribunal Supremo, debería abandonar su puesto en el Senado. En referencia a este caso, Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, aseguró hace unos días que Barberá "será suspendida de militancia" si es imputada, aunque no le pedirán el escaño.

En este sentido, la normativa interna de ambos partidos difiere. Mientras que Ciudadanos obliga a dimitir a sus cargos cuando son imputados, para el PP la dimisión es necesaria en el momento en que se abre juicio oral.

Cabe recordar que en el reciente caso del ya exdiputado popular Pedro Gómez de la Serna, el partido le mandó al Grupo Mixto del Congreso el pasado mes de enero, después de que su nombre apareciese vinculado a presuntos cobros de comisiones.

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2. Eliminación de los aforamientos

Una de las medidas estrella de Ciudadanos. El partido pide acabar con todos los aforamientos, una situación jurídica recogida en la Constitución y en los estatutos de Autonomía que impide que los políticos -además de miembros de la Casa Real, jueces y fiscales- sean juzgados por tribunales ordinarios y estipula que sus casos pasen automáticamente al Tribunal Supremo o sean juzgados por los TSJ de las comunidades autónomas.

Respecto a su supresión, el PP siempre se ha mostrado en contra. El pasado mes de marzo, el Senado tumbó una propuesta del PSOE para acabar con los aforamientos de diputados, senadores y parlamentarios autónomicos. La propuesta, que contó con el apoyo de toda la Cámara Baja excepto del PP y Foro (117 votos a favor y 144 en contra), no salió adelante.

Los sapos que Rajoy tiene que 'tragarse' si quiere gobernar

"El aforamiento es una garantía de defensa y protección. No es un privilegio porque no es renunciable", señaló por entonces la senadora popular María Rosa Vindel. Aunque la figura del aforamiento se creó para evitar ataques espurios, lo cierto es que se suele interpretar como un 'blindaje' que evita que los políticos sean juzgados por los mismos tribunales por los que pasan los ciudadanos.

Pese a haber votado en contra, lo cierto es que el PP incluía en su último programa electoral el "compromiso de reducir los aforamientos". A nivel europeo, España es el país con mayor número de personas aforadas.

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3. Nueva ley electoral

La tercera condición de Rivera incluye tres puntos: listas desbloqueadas, mejor proporcionalidad de los votos y fin del voto rogado.

El desbloqueo de las listas permite que los votantes puedan modificar el orden de los candidatos. Si además de desbloquearlas también se abren, los electores podrían quitar nombres a su gusto. Actualmente, las elecciones al Senado se celebran mediante listas abiertas y las del Congreso, con listas cerradas y bloqueadas.

En segundo lugar, la mejora de la proporcionalidad de los votos pasaría por una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que rige los procesos electorales en España. Se trata de un sistema de cálculo proporcional en que el valor de los votos varía según la circunscripción en que se emitan. Tradicionalmente, los grandes partidos han sido los beneficiarios de este sistema en detrimento de los más pequeños.

En román paladino, lo que Ciudadanos busca es instaurar una ley que responda al lema de "un ciudadano, un voto". De esta forma, se acabaría con "la sobrerrepresentación" que a su juicio tienen algunas provincias. Otra de las situaciones que provoca el sistema electoral vigente es que una formación como Pacma, que obtuvo 284.848 votos, no lograse ningún escaño pese a contar casi con los mismos apoyos que el PNV, que tiene cinco diputados.

En las últimas elecciones, el PP propuso una reforma de la Ley Electoral para que gobierne "el partido que recibe más votos". En el caso de que no haya mayorías absolutas, los populares proponen un sistema de doble vuelta y una "prima de gobernabilidad" que se otorgaría si la distancia entre el partido más votado y la segunda fuerza "es considerable".

Respecto al voto rogado, Ciudadanos quiere eliminarlo y sustuirlo por otros "mecanismos más efectivos", según reza su último programa electoral. El PP también es partidario de reformarlo para agilizar los trámites burocráticos.

4. Acabar con los indultos por corrupción

Unos meses después de tomar posesión de su nuevo cargo, Rafael Catalá, ministro de Justicia, anunció en abril de 2015 que quería proponer una reforma para excluir a los corruptos de la ley de indulto vigente. Sin embargo, dicha reforma no se llevó nunca a cabo y la medida de gracia todavía puede aplicarse a los condenados por corrupción.

Dos meses después, el PP rechazó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley del PSOE que precisamente incluía la petición de Catalá. A juicio de los populares, la propuesta fue "oportunista" y carente de "rigor", por lo que votaron en contra.

En 2015, el PP votó en contra de una propuesta para que los condenados por corrupción no pudiesen ser indultados alegando que era "oportunista"

Concretamente, la propuesta abogaba por que la medida de gracia no pueda aplicarse ni total ni parcialmente "cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero".

En aquel debate, el diputado popular Arturo García-Tizón recordó que su partido siempre ha insistido en que es necesaria una reforma "integral" de la norma y acusó al PSOE de hacer un uso "partidista" de la misma. 

Aunque el PP ha negado haber concedido indultos a imputados por corrupción, la hemeroteca revela que en julio de 2012 el Gobierno concedió el indulto parcial al exalcalde de Valle de Abdalajís (Málaga) y a tres concejales -todos ellos del PP- condenados por delitos de prevaricación urbanística. 

Además de este caso, la lista de indultos incluye a un ex alto cargo de Unió condenado por prevaricación y malversación de fondos públicos en 2012; al exsecretario de la subdelegacióin del Gobierno en Cáceres Constancio Alvarado, condenado por estafa y falsificación, y a María Dolores Mateos Sánchez, una funcionaria socialista condenada por malversación de fondos públicos.

En las últimas elecciones, los populares incluyeron en su programa medidas para "impulsar una mayor vinculación del otorgamiento de indultos a la política penal y penitenciaria del Gobierno, acompañándola de una rendición periódica de cuentas en relación a los indultos otorgados".

5. Limitación de mandatos

La quinta condición de Ciudadanos pide establecer un limite de mandatos a ocho años o dos legislaturas. Aunque en España no hay ninguna ley que regule la cantidad de años que una persona puede estar en un cargo, sí es cierto que los antecesores de Rajoy, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, limitaron sus mandatos a dos.

"La limitación de mandatos a ocho años es una norma no escrita que se está respetando", señaló Casado en una entrevista en Onda Cero. A su juicio, en dos legislaturas "da tiempo a hacerlo todo" y no cree necesario perpetuarse en el cargo. En su último programa electoral, no incluyeron ninguna medida concreta, pero sí han señalado en varias ocasiones que es un tema que están dispuestos a abordar.

6. Comisión de investigación del caso Bárcenas

El último condicionante hurga en una de las heridas del PP que todavía siguen abiertas: el caso Bárcenas.

Hace dos años, la Diputación Permanente del Congreso -con mayoría del PP- votó en contra de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta contabilidad B del partido. El por entonces portavoz, Carlos Floriano, justificó su negativa al alegar que la investigación judicial estaba todavía en marcha.

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