Bruselas aprueba la reforma de la estiba pero mantiene la primera multa a España

No ha podido ser. España tendrá que desembolsar casi 24,5 millones de euros en concepto de multa acumulada por incumplir la normativa comunitaria con el régimen de la estiba, como ha podido saber este periódico. Es decir, nuestro país no se salvará del pago de esa primera sanción pese a haber aprobado hoy en el Congreso una reforma que servirá para liberalizar un sector monopolístico y cumplir así con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE). No obstante, Bruselas acaba de validar el texto porque "aparentemente" cumple con los requisitos.

"La Comisión dará los pasos necesarios para informar al tribunal de que esta medida cumple con la sentencia", sostiene el portavoz de Transportes del Ejecutivo comunitario, Enrico Brivio. Ahora la pelota está en el tejado del TJUE.

Los más de 24 millones acumulados provienen de una sanción que ascendía a 27.000 euros diarios por cada día de retraso en la aplicación de la reforma. No obstante, la Comisión Europea tomará medidas para congelar esa cantidad ahora que ha constatado que el texto encaja con el régimen comunitario.

El ministro de Fomento confiaba en que las instituciones europeas elevaran al Tribunal Europeo de Justicia una solicitud de desestimiento del proceso abierto contra España para que nuestro país pudiera librarse no solo de la segunda sentencia condenatoria (que estaba "al caer", en palabras de Íñigo de la Serna), sino también de la primera. Pero no existen precedentes en los que dicho tribunal haya retirado una sanción 'a posteriori'. Sería, por tanto, una decisión insólita.

¿Qué pasará con la segunda multa?

El Gobierno ha pisado el acelerador para evitar una segunda sentencia condenatoria, que implicaría el pago de 134.000 euros adicionales por cada día de retraso en la aplicación de la reforma. Y estaba casi convencido de que la aprobación del real decreto ley hoy en el Congreso servirá para frenarla. En efecto, Bruselas ha tomado nota y tomará las medidas oportunas.

"A primera vista, la aprobación del texto es un paso positivo que nos permitirá reevaluar el caso", confirmaron fuentes comunitarias a El Confidencial este jueves. Pero el optimismo en el Gobierno debe ser moderado, sobre todo teniendo en cuenta que no podremos esquivar una primera multa cuyo pago saldrá de los bolsillos de todos los españoles.

En cualquier caso, la última palabra la tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con potestad para reajustar las cantidadesa pagar por España. Eso sí, los argumentos del Ejecutivo deberán ser muy sólidos para conseguir una rebaja significativa en la cuantía final.