La banca y el lobby bursátil remiten una carta a Montoro para que frene la 'Tasa Tobin'

Provocará una salida masiva de inversores extranjeros, impactará negativamente en los fondos de pensiones y de inversión, reducirá los volúmenes de contratación, elevará los costes de financiación de las empresas y se llevará por delante a gran parte del sector bursátil español…

Estas son algunas de las principales conclusiones de las cartas que la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la Asociación de Mercados Financieros (AMF) y la Asociación Española de Banca (AEB) han remitido al Ministerio de Hacienda en su intento desesperado por frenar la introducción del impuesto sobre transacciones financieras más conocido como ‘Tasa Tobin’. Es el denominado impuesto bursátil con el que Cristóbal Montoro quiere recaudar unos 2.000 millones de euros para parchear las cuentas públicas.

La ofensiva a varias bandas del sector financiero trata de reducir a la mínima expresión el parte de daños que supondría la aplicación de esta tasa. Una amenaza latente para los mercados y sus protagonistas a pesar de que el Gobierno ha dado un paso atrás en una iniciativa que parecía imparable hace apenas 15 días, cuando hubo rumores insistentes de que pasaría por el consejo de ministros en la primera quincena de septiembre. Tanto la CECA, como la AMF y la AEB piden que, antes de tomar una decisión, se estudie el impacto de la medida aprovechando el ejemplo de Francia –donde la tasa está vigente desde el 1 de agosto- y se analicen otras alternativas que aporten mayor seguridad al sistema.

 

En un extenso documento, la CECA, dirigida por el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, arremete contra el proyecto de ley que, a imagen y semejanza del que ya está en vigor en Francia, supondría aplicar un impuesto del 0,2%. Con el argumento de que el coste se trasladará a los clientes tanto minoristas como institucionales y de que las comisiones que están cobrando las firmas de bolsa oscilan entre un 0,02% y un 0,05%, la patronal de las cajas prevé “un incremento exponencial de los costes por operar sobre acciones españolas”.

Con esta premisa, la patronal de las cajas pinta un panorama desolador: la actividad en el mercado español se reducirá –“con el consiguiente impacto en la capacidad recaudatoria”-, se producirá una deslocalización de las operaciones fuera de España y la tasa podría suponer la desaparición de las casas de bolsa de mediano y pequeño tamaño.

La CECA pone como ejemplo el caso de Suecia y dice que “perdió gran parte de sus mercados financieros” tras anunciar en 1984 la introducción de una tasa del 0,5%. En una carta remitida el pasado lunes 1 de octubre al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, la Asociación de Mercados Financieros (AMF) se muestra igualmente dura en sus conclusiones.

El ‘lobby’ que agrupa a 55 instituciones financieras –bancos, cajas, firmas de bolsa e instituciones de inversión colectiva- asegura que el impuesto “no sólo no conseguirá el objetivo, sino que alejará significativamente su consecución”. La AMF avisa de la potencial pérdida de competitividad del mercado español y del riesgo de que los inversores extranjeros se desprendan de otros activos financieros no incluidos en el proyecto de ley –que se refiere a las acciones y los CDS- “ante el temor de posible inclusión en caso de ser necesario”.

Las peticiones

Ambas partes instan al Ministerio de Hacienda a buscar alternativas. La CECA pide una revisión profunda y que se retrase la aprobación y tramitación del proyecto hasta que sean analizadas otras posibilidades “basadas en sistemas alternativos que aporten mayor seguridad al sistema”. Y pone como ejemplo el ‘Stamp Duty’ que sea aplica en el Reino Unido.

 

La CECA, que denuncia que el proyecto de ley no respeta los principios de necesidad y proporcionalidad que recoge la Ley de Economía Sostenible, reclama que queden exentas del impuesto operaciones como las de autocartera y las que realizan los planes y fondos de pensiones, entre otras.

El futuro inmediato de la tasa Tobin española es una incógnita. A mediados del mes pasado, Cristóbal Montoro aseguró que “no tenía sentido aplicarla si lo hace un solo país”. Francia lo hizo en agosto al calor del nuevo programa de ajustes de François Hollande, que ha creado varios impuestos para las grandes fortunas. En España, contra la impresión general de que la iniciativa entraba en vía muerta, Hacienda mantiene el proyecto vivo. La batalla entre el Gobierno y los potenciales afectados siguen en todo lo alto.