Popular urge 1.100 millones antes de fin de año para evitar ayudas

Las revelaciones de los test de estrés sobre la salud de Banco Popular confirman una conclusión que se daba por buena y una pretensión que el corto plazo dirá si es correcta. La aseveración es que la entidad presidida por Ángel Ron necesita más dinero -3.233 millones- del que sus directivos estimaban, lo que obligará al banco a generar recursos de manera extraordinaria. Para ello, tendrá que vender activos y/o abordar una ampliación de capital, cuyo importe dependerá del éxito que coseche a corto plazo el plan del grupo financiero para cubrir el déficit de capital.

Tras conocerse los cálculos de Oliver Wyman, Popular salió al paso para alejar el fantasma de la inyección de capital pública, un estigma que podría suponer al próximo año que el Estado se sentase en el consejo de administración, que limitase la retribución de los directivos y que impusiese un drástico plan de ajuste. Una posibilidad que puede transformarse en realidad si la institución no consigue levantar de aquí al 31 de diciembre capital suficiente para que su déficit sea inferior a los 2.100 millones, es decir, al 2% de sus activos ponderados por riesgo (APR).

Popular confía plenamente en alcanzar el objetivo con la venta de su banco por Internet y de su negocio de tarjetas de crédito, unos activos por los que prevé ingresar unos 2.000 millones. La cifra, sin embargo, suena muy elevada para los potenciales compradores que ya han sondeado la adquisición. De hecho, la actividad del dinero de plástico se valora en entre 400 y 500 millones dependiendo de si se incluyen las de crédito y las de débito.

La desinversión, anunciada en junio, todavía no se ha puesto en marcha. Ahora, Popular tendrá que acelerarla porque en quince días debe asegurar al Banco de España y al Ministerio de Economía  mediante un plan de recapitalización que podrá conseguir al menos 1.100 millones de euros antes de fin de año. Si lo logra, reducirá su desfase a 2.100 millones, menos del 2% de sus APR.

De esa manera eludirá los temidos bonos convertibles (Cocos en el argot financiero) suscritos por el Estado. Ese es el objetivo número uno. “La política de Banco Popular ha sido siempre la de no solicitar ayudas públicas y sí generar los recursos necesarios a través de la retención de beneficios y la aportación de capital de sus accionistas”. Así lo reiteró ayer por la tarde la entidad, en un reconocimiento explícito de que tendrá que recurrir a una ampliación de capital muy elevada.

Mucha dilución

El banco tenía previsto hacer una emisión de acciones nuevas por 700 millones de euros tras la compra de Pastor, Una cifra que ahora se queda escasa y que previsiblemente tendrá que ser de al menos 1.500 millones. O lo que es lo mismo, casi la mitad de lo que vale ahora en bolsa. El problema para los accionistas de Popular es que el precio de venta de los títulos tendrá que incorporar un descuento muy significativo, lo que supondrá una dilución muy importante.

Las últimas operaciones similares realizadas este año en Europa han sido con recortes de entre el 40% y el 66%. Espirito Santo no tuvo más remedio que abaratar un 66% su valor para conseguir 1.000 millones a la desesperada, mientras que Sabadell puso en el mercado 900 millones en febrero que vendió con éxito tras ofrecer una rebaja del 45%. Por su parte, Unicredit solicitó 7.000 millones en enero para recapitalizarse, transacción que le obligó a reducir un 43% el precio de la emisión respecto a la cotización en bolsa. Hace dos años, cuando BBVA amplió sus recursos propios para comprar el turco Garanti colocó sus acciones con un descuento del 26%.

Para que la emisión de Popular sea un éxito o un fracaso, será clave la respuesta de sus accionistas de referencia. El banco tiene en su núcleo duro a Allianz, al empresario portugués Americo Amorío, al banco francés Crédit Mutuel, a la Fundación Pedro Barrié de la Maza (Banco Pastor) y a la Sindicatura de Accionistas. Algunos de ellos, que han realizado pequeñas ventas recientemente, ya han sufrido las diluciones provocadas por las ampliaciones de capital acometidas por la institución por la conversión de bonos convertibles, así como por el pago del dividendo en acciones en lugar de en efectivo.