Nueva guerra Guindos-Montoro: los dos quieren vender los pisos del 'banco malo'

La guerra entre los ministros técnicos (encabezados por Luis de Guindos) y los 'políticos' (liderados por Cristóbal Montoro) vive un nuevo capítulo tras la trifulca del 'tasazo' eléctrico. Esta vez el motivo es quién debe vender los activos del 'banco malo', ya que Hacienda es partidaria de crear un nuevo cuerpo de funcionarios encargados de vender los activos mientras que Economía cree que sería mucho más funcional subcontratar esa tarea a profesionales del sector o incluso a las propias entidades financieras, según fuentes conocedoras de la situación.

Este nuevo enfrentamiento se escenificó en una reunión celebrada la semana pasada entre los dos ministerios, las firmas contratadas para diseñar la sociedad de gestión de activos (Álvarez & Marsal, PwC, Cuatrecasas y Nomura) y representantes del sector financiero. Y supone un nuevo contratiempo para el desarrollo de este vehículo, que ya acumula un importante retraso sobre los planes originales: han pasado más de dos meses desde que se firmó el Memorándum de Entendimiento (MoU) y 17 días desde el Real Decreto que lo crea, y siguen sin estar definidos sus principales detalles.

La idea de Hacienda es tener un mayor control público sobre la gestión de una base de activos tan amplia como la que va a entrar en el 'banco malo' -se habla de unos 130.000 millones brutos-, y evitar el caos que se puede organizar si se concede el mandato de venta a un número muy elevado de firmas. Desde Economía, en cambio, se considera que no se puede burocratizar esta sociedad con un nuevo cuerpo de funcionarios que ralentice y burocratice las tareas de venta. La idea de De Guindos es tratar de vender los activos lo más rápidamente posible, aunque sea a costa de sufrir pequeñas pérdidas iniciales que se recuperarán a lo largo de la vida del vehículo, como ha ocurrido en Irlanda.

Por ello, es partidario de subcontratar a profesionales la venta de los inmuebles de los bancos. De hecho, ya se han postulado los promotores inmobiliarios y los grandes brokers internacionales para ocuparse de esta tarea. Dentro de esta filosofía, el ministro cree que deben entrar también las propias entidades, pero no sólo para vender 'sus' inmuebles traspasados al 'banco malo', sino los de todas las entidades rescatadas. La idea es que son ellas las que mejor conocen estos activos y el mercado potencial para los mismos, y que son quienes cuentan con el cliente potencial comprador de los mismos, sobre todo de la vivienda terminada, una vez que se le apliquen los fuertes descuentos que pretende imponer esta sociedad.

El diseño sigue en el aire

Precisamente, estos fuertes descuentos son una de las pocas cosas que empiezan a estar claras respecto al diseño del 'banco malo'. Como adelantó El Confidencial, la necesidad de atraer inversores privados para que éstos superen el 50% del capital -y que de esta forma su deuda no compute como deuda pública- ha obligado a Economía a rendirse la evidencia de que tendrá que adquirir los inmuebles por debajo de su valor en libros menos provisiones para hacer más probable la obtención de plusvalías con su posterior venta. No obstante, todavía no se ha definido exactamente el descuento. En todo caso, estos precios obligarán a los bancos 'sanos' a rebajar los de sus propios activos, lo que les costará provisiones adicionales por hasta 14.000 millones, según Morgan Stanley.

Respecto a los activos que se van a incluir, sólo está claro que los bancos que reciban ayudas -los únicos que estarán obligados a participar en esta sociedad- tendrán que traspasar los inmuebles adjudicados. Todo el mundo da por hecho que también se incluirán los créditos a promotores morosos y subestándar (los otros activos calificados como "tóxicos"), pero desde Economía se da a entender incluso que podrían quedarse fuera. Otras fuentes aseguran que el planteamiento final puede ser mucho más ambicioso e incluir también crédito promotor teóricamente 'sano' (normalmente refinanciado, pero que será moroso en el futuro) e incluso otros créditos a pymes o hipotecarios en situación de mora o subestándar, y hasta la inclusión de las participaciones en el capital de empresas inmobiliarias.