Aguirre Newman y Richard Ellis crean un lobby inmobiliario para acceder a la Administración

Las grandes consultoras de real estate han decidido dar un paso adelante. Bajo el impulso de Aguirre Newman y Richard Ellis, dos de las firmas más importantes de servicios inmobiliarios, sus respectivos presidentes, Santiago Aguirre y Eduardo Fernández Cuesta, han movilizado a los principales operadores (Jones Lang LaSalle, Knight Frank, Savills, Cushman & Wakefield, Catella…) para constituir una asociación que defienda los intereses del sector, según fuentes oficiales del futuro lobby, con el que aspiran a canalizar sus demandas y opiniones sobre el funcionamiento del mercado en España.

Los futuros socios pretenden dar forma a la asociación en su reunión de este mes de septiembre, avanzando en los acuerdos alcanzados en los dos encuentros previos celebrados antes del verano, en los que se definieron de manera informal las líneas maestras del futuro lobby. En la cita de este mes, las firmas comprometidas con el proyecto procederán a la contratación de un head hunter para que seleccione a una terna de candidatos, de la que deberá salir su primer presidente, una vez que han descartado que representantes de las propias firmas ocupen este cargo de manera rotatoria.

Según las fuentes consultadas, el nuevo lobby busca un modelo equivalente al de otros países, como Francia, y a un candidato de un perfil similar al de Manuel Pimentel, por ejemplo, que desde finales de 2011 ocupa la presidencia de la Asociación Española de Consultoría (AEC). En definitiva, una persona con capacidad de interlocución al más alto nivel dentro de la Administración, pues aunque la actividad de servicios inmobiliarios no depende directamente de una concesión administrativa, la legislación (sectorial, autonómica, local…) termina afectando a asuntos relacionados con el negocio del real estate.

Aunque la invitación a formar parte del lobby está abierta a todo el sector, participar en este selecto club tiene un precio. A pesar de que todavía no está constituido jurídicamente, para ser socio habrá que rascarse el bolsillo a razón de 50.000 euros al año. Esa ha sido al menos la cantidad inicial barajada, pues todo dependerá de si la aportación inicial es suficiente para pagar los servicios del candidato que elijan, del que esperan una dedicación profesional para el ejercicio de la presidencia, muy al estilo de otras patronales, como pueden ser la de la construcción (Seopan) o la de las inmobiliarias (G-14).

Como todo lobby, las firmas de servicios inmobiliarios, generalmente asociadas exclusivamente a su labor de intermediación en la compraventa de activos, pretenden defender sus intereses y su actividad de negocio, muy mermada también durante los últimos años con la crisis económica. En su caso particular, la caída de volumen en las transacciones, las consultoras han acusado también la competencia desleal de auditoras y bancos de negocios, que han creado divisiones de real estate para competir en mercado servicios de consultoría a pesar de los posibles conflictos de interés que tienen.

“La amenaza de las big four (KPMG, Deloitte, PWC y Ernst & Young) es evidente”, subrayan desde una de las grandes consultoras. “Algunas auditoras están llevándose mandatos sin concurso de entidades financieras para las que ya trabajan prestando otros servicios”. Esta competencia de terceros y la potencial reactivación del negocio de intermediación con las desinversiones masivas del sector financiero han precipitado el nacimiento de este lobby, una idea que había estado durante años dando vueltas sin que llegar a concretarse. “Es un deseo de muchos años y ahora, por fin, queremos hacernos valer”.

Aun así, algunos cuestionan el éxito a corto plazo de la iniciativa. Sobre todo cuando la reciente creación del banco malo y, por consiguiente, la generación de negocio, directa o indirectamente, por parte de la Administración, está ya en marcha. A pesar de todo, los impulsores consideran necesario que se establezcan unos protocolos de actuación en el sector y que se institucionalice su interlocución con el poder. Por eso, a partir de ahora actuarán en nombre de un colectivo, de manera que exista una voz autorizada para representar los intereses del colectivo. Otros, como los agentes de la propiedad (API), ya trabajan con ese modelo.