Iberdrola y Endesa pagarían el doble con una 'tasa Robin Hood' en la reforma eléctrica

La reforma eléctrica que prepara el Gobierno se ha convertido en un culebrón cuya digestión se complica día a día. Las dudas del Ministerio de Hacienda sobre la legalidad de un impuesto diferente a las empresas en función de su tecnología han terminado por dejar en punto muerto la propuesta avalada por Industria que el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar hace apenas diez días. Y las eléctricas tiemblan ante la posibilidad de que el departamento de Cristóbal Montoro plantee una solución salomónica y apueste por un gravamen homogéneo para todos, una suerte de tasa Robin Hood que duplicaría la aportación en millones que se contemplaba inicialmente para las Endesa, Iberdrola y Gas Natural.

Los números cantan. La iniciativa auspiciada por José Manuel Soria recogía un impuesto a la generación del 4% para el régimen ordinario (hidráulica, nuclear, carbón, y fuel/gas), en esencia el negocio del que viven las grandes eléctricas. Según los datos que maneja el sector, el rejón suponía un recorte a sus ingresos de 474 millones. Claro que la tasa se disparaba para las principales tecnologías renovables, hasta alcanzar el 11% para la eólica (369 millones); el 19% para la fotovoltaica (559 millones) y el 13% para la termosolar (76 millones adicionales). El conjunto del régimen especial asumía 1.037 millones de los casi 1.600 que lograba ahorrar Industria vía impuestos a la facturación.

Para lograr la misma recaudación con un impuesto fijo para todos, el Ejecutivo debería gravar cada tecnología con un 7,3%. El reparto de la carga varía sustancialmente en ese escenario. Si todas las compañías afrontan esa misma tasa, el régimen ordinario aportaría 867 millones del ahorro de 1.599, casi el doble que en la fotografía prevista por Industria. Por ejemplo, la hidráulica pasaría de 71 millones a 131 y la nuclear, de 115 a 211. El régimen especial vería reducida drásticamente su aportación, que se quedaría en 567 millones (246 millones la eólica, 216 la fotovoltaica y 43 la termosolar). La simulación no contempla las tasas adicionales de 10 y 15 euros el megavatio/hora que Industria contemplaba para la nuclear y la hidráulica, respectivamente. Esa tasa supone cerca de otros 1.000 millones.

La mediación de Rajoy

La incertidumbre provocada por la falta de decisión y transparencia del Ejecutivo se traslada a diario a las reacciones de los operadores. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, apelaba ayer directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el juego de despropósitos en que Montoro y Soria han convertido la reforma. Primero, dejó claro que el borrador filtrado desde Industria “estaba bastante poco elaborado”. Y luego arremetió contra las plantas termosolares, con Acciona, Abengoa y ACS en el punto de mira. “Si lo que quieren es tener paradas centrales que gastan poco para mantener otras que reciben subvenciones de entre 8.000 y 10.000 millones… Espero que se corrija”, zanjó.

En esta línea, no dudó en sugerir que un real decreto de máximos supondrá ajustes de personal en la casa. Y no es la primera amenaza velada que se deja caer desde las grandes eléctricas. Como público El Confidencial, Iberdrola y Endesa también se plantean no solicitar la ampliación de la vida útil de Garoña hasta 2019, como preveía una reciente orden ministerial. Si ese requerimiento no se produce, la instalación dejará de producir electricidad en julio de 2013. La decisión –en la que pocos en el sector creen aunque sólo sea por los costes de desmantelarla- supondría toda una vuelta de tuerca. No en vano Garoña, desahuciada por José Luis Rodríguez Zapatero, afrontaba una segunda vida con el cambio de gobierno.

“Lo cierto es que el Ejecutivo había encontrado una vía para sacar el dinero al sector sin poner en peligro la seguridad jurídica. Pero el temor de los técnicos de Hacienda es que los tribunales puedan tumbar el impuesto al gravar de forma diferente el mismo hecho imponible. Eso es lo que paró el proceso hace dos semanas y lo que avala una tasa única”, explican fuentes del mercado, que desconocen si la reforma se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes. Sin contar con que las tecnologías convencionales podrán repercutir el impuesto a la generación en el pool eléctrico a medio plazo. Una posibilidad que no tienen las energías renovables.

Los obstáculos para sacar adelante la reforma no son exclusivos de España, lo que revela la complejidad del sector, los intereses que se mueven en el mismo y el poder de los lobbies que operan. Y es que Portugal vive una situación similar, al punto que la Comisión Europea alaba en su último informe los ajustes acometidos por el país, pero considera insuficientes sus actuaciones en el ámbito energético. “La reciente reforma del sector eléctrico, aunque da pasos para hacer sostenible el sistema, se queda corta en la eliminación de rentas impropias en determinados segmentos. Se precisa más decisión para llevar a cabo reformas en áreas que tocan sensibilidades políticas e intereses creados”, expone sin paliativos.