Por qué los grandes patrimonios renuncian a la participar en la amnistía fiscal

Ni las grandes empresas ni los grandes patrimonios se están acogiendo a la amnistía fiscal que el Gobierno decretaba hace unos meses con el foco puesto, precisamente, en estos dos sectores del censo de contribuyentes. Es la paradoja que ilustran los datos que filtraba esta misma semana la Cadena SER, según los cuales sólo se habrían presentado 115 solicitudes de regularización de dinero defraudado a Hacienda durante los primeros 15 días de vigencia del indulto, y ninguna de ellas ante la Dirección General de Grandes Contribuyentes.

Este organismo, al que se adscriben automáticamente las grandes compañías –con una facturación superior a los 100 millones de euros– y los grandes patrimonios –con bases imponibles que superan el millón de euros–, fue creado en 2006 y contaba en 2008 con un censo de 5.163 contribuyentes, el 91% de los cuales (4.729) eran personas jurídicas. No obstante, ninguno de los posibles defraudadores al fisco integrados en este conjunto ha optado, de momento, por el perdón legal que concede el Gobierno a cambio de un tributo de entre el 8% y el 10% de los activos en negro.

"Demasiados temas sin aclarar"

¿Por qué esta falta de clientela para una medida que, en principio, favorece a quien se acoja a ella?  "Desde el punto de vista técnico, ha faltado reflexión en la elaboración de la norma", responde Lourdes Pérez Luque, socia responsable del área de Derecho Fiscal de Salans Madrid.  

Algunos de los términos de la amnistía fiscal –promulgada por el Decreto Ley 12/2012, de 30 marzo– y de las reformas en las precauciones antifraude –en el posterior Anteproyecto de Ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal– han sido criticados por diversos analistas y gabinetes especializados, que hablan de imprecisión y falta de seguridad. "Como profesional, te pone en una situación complicada frente al cliente" a la hora de aconsejarle, explica Pérez Luque. Porque muchos extremos de la regularización no quedan claros siquiera para los expertos. "Si lo que quieren conseguir es que afloren capitales, se han dejado demasiados temas sin aclarar. Los beneficiarios potenciales de la medida necesitan seguridad y garantías". 

Por esa razón, la especialista recomienda cautela a todas aquellas empresas o contribuyentes que estén pensando en acogerse a esta excepcional medida, "además del asesoramiento por parte de un experto, ya que no está exenta de ciertos riesgos fiscales que conviene conocer previamente". Entre otros ejemplos, Pérez Luque cita "sus efectos respecto a los restantes tributos" –como el IVA, el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones–, "la posible tributación de los rendimientos de los citados activos o las consecuencias fiscales de la disolución de trusts o sociedades cuando la titularidad real no coincida con la jurídica". 

Pérez Luque, que declina hacer una valoración política de la norma, se muestra clara respecto a su futuro. "En tanto no se aclaren las cuestiones que estánen suspenso, los profesionales seguiremos aconsejando prudencia a los clientes", sintetiza.  "Si persiste la inseguridad, los potenciales beneficiarios de la medida seguirán siendo recelosos".

Valencia, donde más se defrauda

De los datos de participantes en la amnistía fiscal también llama la atención su heterogeneidad a lo largo del país. La Comunidad Valenciana, con 33 de estos expedientes de regulación, casi dobla en número los presentados en Cataluña (19 solicitudes). Les siguen Madrid, con 15; Galicia, con 11; y Andalucía, con 10. En cinco autonomías –Navarra, País Vasco, La Rioja, Extremadura y Canarias– no se ha presentado aún ningún expediente.

Para Raquel Herrero, especialista del área tributaria de CE Consulting, hay muchos factores que explican esta falta de concurrencia a la amnistía. Por ejemplo: "el contribuyente debe disponer de la documentación que acredita la titularidad de todos los activos ocultos, que están fundamentalmente en el extranjero", ejemplifica. Pese a no pronosticar el fracaso absoluto de la norma, Herrero también se muestra crítica con la elaboración técnica de la amnistía.

"Se aprobó sin ningún tipo de desarrollo, se incluyó el tema del efectivo en una orden ministerial y no hubo un gran esfuerzo por aclarar el tema del blanqueo de capitales, que no es un delito fiscal, sino de otro tipo", enumera. "Desde el punto de vista normativo, se ha hecho muy mal".

Incertidumbre creciente

A las deficiencias del texto de las que hablan muchos expertos y los escasos datos de participación recientemente conocidos hay que sumar dos varapalos recibidos por la amnistía fiscal esta misma semana, que sin duda empañan más esa incertidumbre de la que tanto recelan los defraudadores.

El primero es el recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado lunes por el PSOE, que ha denunciado ante el Tribunal Constitucional que la regularización fiscal es "injusta", "manifiestamente desproporcionada" y "subjetivamente selectiva". Según el texto, elaborado por el exministro de Justicia Francisco Caamaño, la amnistía fiscal viola los artículos 31 y 86 de la Constitución. El primero de ellos recoge los principios de la Carta Magna en materia tributaria –generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad–. El segundo ordena que los decretos ley no afecten a los deberes de los ciudadanos compilados en el artículo primero, uno de los cuales es el de tributar.

El otro golpe viene de Europa y lo da el comisario de Fiscalidad, Algirdas Semeta, que anunciaba el miércoles que la amnistía fiscal "disminuye la eficiencia de la lucha contra el fraude y la evasión", aunque se cuidaba de no citar expresamente a España. Lo hizo durante la presentación de su nuevo paquete de medidas contera el fraude, un esbozo de gran plan de acción contra la evasión fiscal que la Comisión Europea espera presentar antes de finales de año.

Un nuevo clima fiscal internacional

Es el punto en el que incide Luis Miguel Bravo, experto asesor fiscal en Cuatrecasas Gonçalves Pereira, que pone la amnistía fiscal en continuidad con "el panorama de creciente represión del fraude fiscal, en particular a nivel internacional".

Para Bravo, la amnistía fiscal presenta a los defraudadores la oportunidad no sólo de evitar su exposición a la sanción vigente, sino también –y más importante, según este especialista– hacer "cuenta nueva frente al nuevo clima fiscal" que se gesta a nivel internacional. "Se tratará de un entorno mucho más restrictivo, en el que se habrán endurecido las sanciones tributarias y se habrá ampliado el delito fiscal". Según explica, "quien se quede sin regularizar se enfrentará en el futuro a una situación muy complicada, especialmente entre las grandes masas patrimoniales. Cada día hay menos espacios fiscales opacos".

El Ejecutivo comunitario calcula que el fraude y la evasión en la UE representan cada año hasta un billón de euros, mientras que la economía sumergida afecta a la quinta parte del PIB de los Estados miembros y suma una cifra en torno a los dos billones de euros anuales. Sólo en España, la economía sumergida representó el 19,2 % del PIB del país en 2011, una proporción cercana a la media de los Veintisiete. Para combatirlo, Bruselas propone mecanismos como el establecimiento de una sanción común mínima contra el delito fiscal, la creación de un número de identificación fiscal transfronterizo y el reforzamiento de las medidas comunitarias contra los paraísos fiscales.