El PSOE se enfrenta al Gobierno en los tribunales para tumbar la amnistía fiscal

El PSOE ha retomado su ofensiva contra la amnistía fiscal del Gobierno y mañana lunes presentará sendos recursos, ante el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, para tumbar esta medida. El partido de Alfredo Pérez Rubalcaba pretende seguir dando la batalla en esta materia y, ante la imposibilidad de conseguirlo en el Parlamento, propinar al PP una derrota en los tribunales. Los socialistas esperan, además, contar con el apoyo de la mayoría de la sociedad, dado el agravio que puede suponer la regulación en plena crisis económica.

El Ejecutivo aprobó el 30 de marzo este “gravamen especial” del 10% para regularizar las rentas no declaradas y obtener así 2.500 millones de euros. El 12 de abril, la mayoría absoluta del PP permitió convalidar el decreto ley, aunque volvió a ser modificado en el BOE del 26 de mayo, a través de  una disposición final tercera  incluida en un texto de medidas de liberalización del comercio. El PSOE tachó de “vergonzante” esta medida, y mañana pedirá a los magistrados que declaren su inconstitucional y su consecuente nulidad.

El recurso ante el Tribunal Constitucional, al que ha tenido acceso El Confidencial, se refieren primero a los problemas formales de la norma, ya que sostiene que “el decreto ley no puede establecer, crear o implantar un nuevo  tributo ni determinar los elementos esenciales del mismo”, por lo que el Gobierno habría vulnerado, a su entender, el artículo 86 de la Constitución. Este punto limita el uso de los decretos ley a materias que no afecten a “al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos”.  

Así, el recurso plantea que la amnistía fiscal “vulnera doblemente la Constitución”, ya que “conculca” el articulo 86.1 y, por tanto, la función del Parlamento como “fundamento del constitucionalismo democrático”. En este sentido, reitera que la norma constituye un nuevo impuesto, alternativo al IRPF, al de Sociedades y al de la Renta de no Residentes, por lo que no pude ser establecida por decreto. Por otra parte, el PSOE se basa en la doctrina del Tribunal Constitucional, que en diversas sentencias concluye que el sostenimiento de los gastos públicos forma parte del terreno vedado a los decretos ley.

Contra los principios de justicia tributaria

En el plano de la justicia social, los socialistas recuerdan que el Alto Tribunal ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones que, a diferencia de otras constituciones, la española subraya “el principio de justicia en materia contributiva”, incluyendo los de igualdad y progresividad. “La fórmula de regularización fiscal prevista en los preceptos que ahora se recurren es subjetivamente selectiva y manifiestamente desproporcionada, hasta el punto de contravenir abiertamente los más elementales principios de un sistema tributario justo”, señala el texto.

Para ello, aportan un ejemplo al Alto Tribunal: si una persona física hubiera  ocultado en 2008 un millón de euros en una cuenta suiza, le bastaría con ingresar 100.000 euros para regularizar su situación y, además, no se le exigirán sanciones, intereses ni recargos. En cambio, un ciudadano cumplidor, habría tenido que pagar entre 430.000 y 480.000 euros. “En los momentos actuales”, se indica en el recurso, “resulta difícil concebir la existencia de privilegios de esa naturaleza”. “Se trata de un agravio comparativo totalmente inadmisible en términos jurídicos”.

Asimismo, el recurso apunta que resulta inconstitucional el “introducir una fórmula extraordinaria de regularización fiscal contraria a los principios y estándares mínimos que, con arreglo a la Constitución, deben presidir nuestro sistema tributario”. Es decir, la amnistía vulneraría los principios de justicia tributaria, recogidos en el artículo 31.1 de la Carta Magna, al permitir el pago del 10% del importe de las rentas declaradas, en sustitución a todas las obligaciones tributarias exigibles.

Suspensión cautelar de la amnistía al dinero en metálico

El decreto, dicen, “exime del pago del impuesto sobre la renta a un amplio colectivo de contribuyentes cuya nota caracterizadora as la de haber defraudado a la Hacienda Pública, y no haber sido descubiertos por la Administración Tributaria”. Por ello, se considera “radicalmente falso” que la norma pretenda favorecer la puesta al día de las obligaciones tributarias.

Al margen del recurso ante el Constitucional, el PSOE se dirigirá a la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con el objetivo de que se suspenda cautelarmente el apartado que extiende la amnistía al dinero en metálico no declarado. Esta medida fue aprobada posteriormente, y no apareció en el BOE hasta el 4 de junio. Los socialistas exigen también que se anuncie en el BOE la interposición de este recurso, ya que afecta a “una pluralidad de interesados”.  Estas acciones del PSOE para enfrentarse en los tribunales a la mayoría absoluta parlamentaria del PP acompañan a otros recursos, como los anunciados contra el decreto de RTVE, la reforma laboral o los recortes en sanidad.