El PSOE recurre al Constitucional para frenar el rodillo de las reformas de Rajoy

Alfredo Pérez Rubalcaba ha dado orden de ampliar el campo de batalla contra el Gobierno, desplegando su estrategia de oposición  en el Tribunal Constitucional. Los socialistas apuestan por frenar en esta instancia el rodillo de las reformas del PP, con la esperanza de que los magistrados tumben aquellas medidas que la minoría parlamentaria del PSOE no puede detener en el Congreso de los Diputados. La reforma laboral, el recorte en sanidad, la amnistía fiscal y el decreto de RTVE acabarán en el Alto Tribunal, si el Ejecutivo no admite cambios sustanciales durante su tramitación.

La táctica de recurrir al Constitucional y conseguir así la fuerza de la que no se dispone en el Parlamento no es nueva, y ya fue utilizada de forma habitual por Mariano Rajoy en la oposición. El PP no dudó en recurrir el nuevo Estatuto de Cataluña, la reforma del aborto, el matrimonio homosexual, la ley de Igualdad e, incluso, los Presupuestos Generales del Estado de 2011.

El último caso que el PSOE ha anunciado que elevará al Alto Tribunal es el recorte en la sanidad pública, que a juicio de la exministra del ramo Trinidad Jiménez supone un cambio de modelo con repercusiones en el ordenamiento jurídico, así como una invasión de competencias autonómicas. Los socialistas han denunciado también que colectivos como inmigrantes irregulares, jóvenes o mujeres divorciadas que no han cotizado quedan fuera del sistema de atención sanitaria. 

Por otra parte, Ferraz ha confirmado que recurrirá la norma por la que el Gobierno puede elegir al presidente de RTVE por mayoría absoluta, en lugar de por una mayoría de tres quintos en el Congreso. Este cambio, aprobado en el pasado Consejo de Ministros, rompe la negociación con los socialistas, pese a que Rajoy y Rubalcaba se habían dado hasta el 30 de junio para encontrar a un candidato de consenso. La cúpula de Ferraz no tardó en tachar el decreto de “golpe institucional” y anunció que pondría en marcha el estudio de un recurso de inconstitucionalidad.

La vicesecretaria general, Elena Valenciano, reiteró el lunes que el Gobierno pretende convertir a TVE en la “hermana mayor de Telemadrid”, por lo que su partido “hará todo lo que esté en su mano” para impedirlo. Pero las consecuencias de la ruptura del diálogo en torno a la corporación pública van más allá, interfiriendo en la renovación de órganos clave como el propio Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. La pérdida de confianza entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición se ha hecho evidente, sobre todo después de que Rajoy desvelara que había mantenido una reunión privada con Rubalcaba.

La situación de interinidad en el Alto Tribunal, donde permanece una mayoría progresista, supone un arma de doble filo tanto para el PP como para el PSOE, dado que ambos partidos de sentencias con efectos políticos, pero la caducidad de mandatos que padece también está afectando a su funcionamiento, prestigio y plazos de resolución. Así, los magistrados todavía no se han pronunciado sobre el matrimonio homosexual ni sobre la reforma de la ley del aborto. En el primer caso, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que el Gobierno esperará al fallo; pero en el segundo, su departamento ya ha anunciado que modificará la norma.

Judicialización de la política

Mientras, los socialistas preparan también recursos contra dos de las medidas más controvertidas de Rajoy: la reforma laboral y la amnistía fiscal. Sobre los cambios en el mercado de trabajo, el PSOE opina que se vulneran “preceptos constitucionales” al introducir un contrato con periodo de prueba de un año o al dotar a los empresarios de poderes para modificar el salario de sus trabajadores de forma “unilateral”.

Asimismo, Rubalcaba confirmó la pasada semana que su formación peleará en el Alto Tribunal contra el perdón para los defraudadores por ser “injusto” y una “inmoralidad”.  Esta judicialización de la confrontación política contribuye a evidenciar la distancia que separa a socialistas y populares, así como la gran dificultad de que puedan llegar a pactos. Ni siquiera la Ley de Estabilidad, que desarrolla un acuerdo constitucional, o la crisis con Argentina han conseguido acerar a Rajoy y Rubalcaba.