Rajoy obliga a Rubalcaba a negociar para tener cuota de poder en RTVE

La aplicación de los principios reformistas y de austeridad del Gobierno a las televisiones estatales, la nacional y las autonómicas, va a suponer un cambio radical en su funcionamiento. Cada gobierno autonómico podrá hacer lo que estime conveniente con sus canales (venta, cierre, subcontrata o gestión directa) pero tendrá que aplicar los mismos criterios de estabilidad presupuestaria de toda la Administración: planes para acabar con el déficit. En RTVE el cambio del sistema de elección del presidente y los consejeros obliga a Alfredo Pérez Rubalcaba a ceder el control sobre la corporación y a negociar si quiere mantener alguna cuota de poder. Además, el Gobierno se asegura manos libres para acometer recortes en la televisión nacional.

El Gobierno ha esgrimido los mismos argumentos económicos y presupuestarios para acometer las reformas en RTVE y en las televisiones autonómicas, pero en el caso de la corporación pública ha resultado determinante la exhibición de tendenciosidad contra el Ejecutivo y a favor del PSOE que han hecho los servicios informativos, según fuentes del PP.

Las televisiones públicas, todas al servicio del partido en el poder de turno según denuncian siempre los partidos en la oposición, son un sumidero de dinero público y un ejemplo de despilfarro en distintos grados. Las cadenas autonómicas acumulan una deuda de 1.600 millones de euros y se llevaron en subvenciones de los distintos gobiernos regionales en el último ejercicio un total de 808 millones de euros. RTVE recibió del Estado el pasado año 2011 535 millones de euros. Nada más llegar al poder, el Gobierno del PP redujo en 204 millones la subvención a la corporación. El Consejo de Administración sostiene que es un recorte inaplicable.

El Ejecutivo se ha cargado de razones económicas y presupuestarias para forzar a Rubalcaba a negociar. El secretario general del PSOE no tuvo ningún interés en pactar con el Gobierno antes de la huelga general y de las elecciones autonómicas andaluzas los cambios de responsables en RTVE. Y después tampoco. La respuesta legal aprobada en el Consejo de Ministros es retorcida. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, esgrime una disposición transitoria de la ley correspondiente, de 2006, para avalar un decreto ley que introduce la elección por una mayoría absoluta de los consejeros y el presidente de RTVE cuando en las Cámaras no se alcance la de dos tercios. Segunda votación a las 24 horas de la primera.

Por esa mayoría tan cualificada, y hasta Zapatero reservada para los órganos constitucionales, fue elegido primero Luis Fernández para dirigir RTVE y después Alberto Oliart. No fue necesario recurrir la primera vez a la disposición transitoria porque hubo pacto entre el PSOE y el PP, negociado precisamente por Rubalcaba. El cambio por decreto ley fuerza ahora al secretario general del PSOE a sentarse a negociar. El consejo de la corporación pasará de tener sus actuales 12 miembros a 9, incluido el presidente. Si el dirigente del PSOE quiere participar en la propuesta a las Cámaras podría incluir hasta tres nombres, siempre y cuando se respete el criterio de proporcionalidad al peso de los socialistas en Las Cortes.

Los plazos dejan todavía margen para la negociación. El decreto ley tiene que ser convalidado por el Congreso y después se abre el plazo para elaborar la propuesta que tendría que votarse en ambas Cámaras, no antes de finales de mayo, según calculan en fuentes parlamentarias.

Sáenz de Santamaría ni citó el actual control de Rubalcaba sobre RTVE a la hora de explicar la reforma. Los consejeros propuestos en su día por el PSOE, junto con los representantes de IU, ERC y UGT tienen ahora mayoría en la corporación. La vicepresidenta insistió en el dato de que RTVE está sin presidente por la dimisión de Oliart (desde julio pasado), acumula dos bajas en el consejo, y están tan paralizado para tomar decisiones que no puede ni elaborar los presupuestos de la corporación para este año. Y son las cuentas en que tiene que encajar la reducción de los citados 204 millones de euros.