El Gobierno planea 'comerse' CatalunyaCaixa y NovaGalicia ante la dificultad de su venta

El Gobierno está considerando seriamente quedarse con CatalunyaCaixa y NovaGalicia en vez de subastarlas, con lo que, si las sumamos a BFA-Bankia, el 20% de la banca española será pública. Esta posibilidad es consecuencia del nuevo Real Decreto de saneamiento, que, al incrementar la necesidad de provisiones tanto de los candidatos como de los vendidos, dificulta enormememente su venta y pone en peligro el éxito de las subastas, como adelantó el lunes El Confidencial.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió ayer que el Gobierno "ha abierto un período de reflexión" y que "todas las opciones están abiertas". Según fuentes conocedoras de la situación, lo que plantea el Ejecutivo no es tanto un pequeño aplazamiento sino quedarse con estas entidades durante años, al igual que con BFA-Bankia, puesto que va a ser muy difícil conseguir ofertas aceptables en un largo período de tiempo. Ahora bien, eso supondría un mayor coste ara el Estado, que tendría que inyectarles más capital para cumplir con los dos Decretos de saneamiento.

De Guindos dijo ayer en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso que tener todas las opciones abiertas, "lo que implica fundamentalmente es analizar las ofertas que se puedan presentar por las entidades" que hay que subastar. "Es un proceso abierto, vamos a ver qué interés existe", ha manifestado De Guindos, quien ha añadido que "en este momento y en estas circunstancias, existe un montón de posibilidades que antes no había". Finalmente, recordó que, con las valoraciones independientes de la banca que se van a acometer de inmediato, "puede tener sentido que consideremos otras alternativas".

Sin embargo, esas alternativas no son muchas. Según algunos expertos consultados, ante esta situación el ejecutivo sólo tiene dos: quedarse con las entidades nacionalizadas y tratar de sanearlas, gestionarlas y reducir su tamaño para tratar de venderlas a medio plazo; o pedir dinero al fondo de rescate europeo para cubrir unos esquemas de protección de activos (EPA) estratosféricos como los que van a solicitar los interesados en la compra de estas dos entidades y del Banco de Valencia, que también se encuentra en proceso de due diligence.

El presidente de una entidad defendía esta misma semana la opción de que se mantengan nacionalizadas mucho tiempo hasta que se encuentre un momento mejor que el actual para su venta, en el que varias entidades pudieran estar en disposición de volver a pujar en igualdad de condiciones. Y añadía que Europa vigila las ayudas a la banca, no la nacionalización de estas entidades. Hay que tener en cuenta la negativa del sector a poner más de 20.000 millones para recapitalizar el Fondo de Garantía de Depósitos, una cantidad a todas luces insuficiente para cubrir los EPA que se van a solicitar.

A juicio de este banquero, "saldrá más barato para el Estado inyectarles directamente el capital necesario para las nuevas provisiones que venderlas a un tercero, hay dinero para mantenerlas nacionalizadas pero no para privatizarlas".  CatalunyaCaixa necesitará 4.076 millones entre los dos Decretos y NovaGalicia, 2.609.

Cambio en las reglas a mitad de partido

"El nuevo decreto cambia radicalmente las reglas de las subastas. Si uno pensaba que iba a tener que cubrir unas provisiones e iba a plantear un EPA para ello, si ahora resulta que tiene que cubrir casi el doble con el nuevo decreto, no puede hacer la misma oferta", explican en una entidad presente en una de las pujas. De ahí que varias de ellas hayan planteado al Banco de España si los EPA -la fórmula que se ha utilizado hasta ahora en todas las subastas desde CCM- pueden cubrir también el crédito 'sano' (que todavía no se moroso) del ladrillo, que, como es sabido, es el que hay que dotar al 30% como media según la segunda reforma financiera del PP.

Y aunque no sea así, los candidatos piensan pedir muchísimo más dinero tanto de EPA como de capital en sus ofertas, e incluso algunos se plantean retirarse (por ejemplo, Popular ha renunciado a presentar oferta no vinculante por Banco de Valencia, con o que ni siquiera va a hacer la due diligence). "En todo caso, se va a encarecer mucho la puja, las ofertas van a ser mucho más conservadoras tanto en términos de EPA como de capital", advierte otra de las fuentes consultadas. Esto es, las ofertas van a pedir unas garantías contra pérdidas mucho mayores e incluso más capital del inicialmente inyectado por el FROB.

Además, está la cuestión de las auditorías al sector que van a hacer Roland Berger y Oliver Wyman, que todo el mundo asume que implicarán nuevas necesidades de provisiones. Hasta que no se conozcan los resultados, va a ser muy difícil que nadie puje seriamente por una entidad, o al menos que no pida unas ayudas elevadísimas por lo que pueda pasar. Pese a todo, el Gobierno mantiene los calendarios para las subastas actualmente en curso -Banco de Valencia y CatalunyaCaixa- y espera recibir ofertas por las dos. Será entonces cuando decida si son asumibles o, en caso contrario, se resignará a quedarse mucho tiempo con estas entidades.